La Audiencia Nacional desató este jueves, 24 de mayo de 2018, un terremoto de consecuencias todavía imprevisibles con la sentencia de la pieza troncal del caso Gürtel. La resolución certifica la existencia de la caja B del PP, sostiene que el partido y la trama de Francisco Correa crearon un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" y pone en duda la palabra del presidente del Gobierno, quien durante el juicio negó como testigo la contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos en negro. Su testimonio no es "suficientemente verosímil", dice el fallo judicial. La sentencia declara al PP beneficiario económico de la trama.
La resolución no solo considera "plenamente acreditada" la contabilidad opaca de la que hasta 2008 dejó constancia Luis Bárcenas en hojas manuscritas sino que define la caja B como una "bolsa" propiedad del partido y que se nutría de donaciones hechas no "de modo altruista por algunos empresarios" sino "para pagar favores". O lo que es lo mismo, como "contrapartida por adjudicaciones irregulares de contratos". Y por tanto –agrega el texto– las donaciones "no se pueden desvincular de esas adjudicaciones irregulares". La sentencia prefigura así de manera objetiva el futuro de la denominada pieza de los papeles de Bárcenas, donde se investiga y debe juzgarse precisamente todo lo relacionado con la caja B.
El extesorero del PP, al que en una afirmación que tumba la línea de defensa del PP define el tribunal como "mero custodio" y en ningún caso propietario de esa caja B, recibe una condena de 33 años y 4 meses de cárcel y más de 44 millones de euros de multa. Bárcenas confiaba en una condena limitada al delito fiscal. Pero el tribunal le declara culpable de una amplia panoplia que también incluye figuras que van del cohecho a la apropiación indebida pasando por el blanqueo de capitales. Su mujer, Rosalía Iglesias, ha sido sentenciada a 15 años también por varios delitos.
Al jefe de la trama, Francisco Correa, ya preso por el primer juicio de la serie Gürtel –los contratos valencianos de Fitur–, la sala le impone 51 años y 11 meses. Para su lugarteniente, Pablo Crespo, fija una pena de 37 años y seis meses. De los 37 acusados, solo ocho han sido absueltos. Uno de ellos es Álvaro Pérez, El Bigotes, que también cumple ya condena por el caso Fitur.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado que se celebre la llamada vistilla de medidas cautelares. Eso no necesariamente significa que vaya a pedir la prisión incondicional, aunque las fuentes jurídicas consultadas entienden que, en principio y dada la longitud de las penas, hacerlo sería razonable. Para Bárcenas, que pasó de ofrecer detalles de la caja B a guardar un silencio hermético, la máxima prioridad ha sido y es la libertad de su esposa. Si el tribunal ordena su encarcelamiento sin esperar a que el Supremo se pronuncie sobre los recursos, nadie sabe cómo reaccionará su marido. Ni si decidirá desvelar nuevos y más comprometidos datos sobre donaciones y/o sobresueldos opacos en un intento por evitar in extremis que Rosalía Iglesias pase a vivir entre rejas.
Son esos sobresueldos los que llevan al tribunal a asegurar que "pone en cuestión" la "credibilidad" del testimonio prestado por Rajoy y otros cargos del PP. Admitir los sobresueldos, dice la sentencia, "supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien (...) no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social". Implicaría también "admitir la existencia de una caja B".
Bárcenas, proclama el tribunal en su sentencia, se apropió de parte de los fondos de esa caja B. Y esa apropiación acaba operando en los razonamientos de la resolución como una especie de prueba de cargo que avala la existencia de la caja B. "El acto de apoderamiento se ha producido [300.000 euros entre 2004 y 2005, dictamina la sala], y ha recaído sobre una cosa ajena, ya que, por más que este partido haya renunciado, incluso, aunque diga que no le consta ningún perjuicio".
Obtención "ilegal de fondos" para el beneficiario económico
Suscrita por dos de los tres magistrados de la Sala –Julio de Diego y José Ricardo de Prada– y rebatida con un voto particular por el tercero –Ángel Hurtado, presidente y ponente original– en lo que concierne al papel del PP y respecto a la condena impuesta a varios acusados, la sentencia declara a la formación conservadora partícipe a título lucrativo. Igual que a la exministra Ana Mato. Es decir, ambos figuran ahora de manera oficial como beneficiarios económicos de los delitos perpetrados. El PP, que ya ha anunciado un recurso ante el Supremo, deberá devolver 245.000 euros. Mato, 28.000.
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Pero aunque el PP se apresuró a remarcar que el tribunal solo ha condenado al partido "a efectos de obligación civil", la sentencia va mucho más allá. Lo que sus autores vienen a exponer es que la sentencia no dirime la "posible responsabilidad penal del PP como persona jurídica" porque "los hechos son anteriores a la reforma del Código Penal" que en 2010 introdujo esa opción.
Y eso es así, razona el tribunal, "con independencia de la apariencia de los mismos como constitutivos de allegamiento [obtención] ilegal de fondos provenientes de delitos de prevaricación, cohecho y otros", así como de la "intervención que hubieran podido tener personas relevantes de dicho partido político, que se aprovecharon para su realización de sus cargos públicos obtenidos como miembros de dicho partido, tanto de su estructura central, como las territoriales". Los delitos, insiste el tribunal, "produjeronbeneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos".
Las negritas son originales de la sentencia. Como lo son también las que logran que en las 1.586 páginas de la resolución destaque el párrafo donde el tribunal concluye que las donaciones a la caja B resultan inseparables de las "adjudicaciones irregulares" que movieron a ciertos empresarios a entregar dinero al PP. Las cantidades ocultas en esa caja B tenían "procedencia ilícita".
La Audiencia Nacional desató este jueves, 24 de mayo de 2018, un terremoto de consecuencias todavía imprevisibles con la sentencia de la pieza troncal del caso Gürtel. La resolución certifica la existencia de la caja B del PP, sostiene que el partido y la trama de Francisco Correa crearon un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" y pone en duda la palabra del presidente del Gobierno, quien durante el juicio negó como testigo la contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos en negro. Su testimonio no es "suficientemente verosímil", dice el fallo judicial. La sentencia declara al PP beneficiario económico de la trama.