La Audiencia investigó la Hacienda catalana pero un error impidió al juez Sunyer ver sus informes

La Audiencia Nacional investigó durante más de un año y medio la creación de una Hacienda catalana dentro de las "estructuras de Estado" que quería poner en marcha la Generalitat de Cataluña para culminar el proceso de independencia de España. Sin embargo, un error burocrático impidió al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, recientemente fallecido, que investigaba la organización del referéndum del 1 de octubre conocer todos los informes que la Guardia Civil había elaborado sobre este asunto.

En concreto, las pesquisas en la Audiencia Nacional comenzaron en marzo de 2016, un año antes de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se hiciese cargo de la investigación de la organización del referéndum y todo lo relacionado con la construcción de una hipotética república catalana.

La investigación estuvo encabezada por el entonces fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien puso al frente de las pesquisas a Daniel Campos, con el respaldo de la entonces fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. La instrucción empezó así con tres fiscales, pero a medida que pasaron los meses fue cambiando de manos: Madrigal fue sustituida por José Manuel Maza, Zaragoza por Jesús Alonso y Campos por Miguel Ángel Carballo. Los tres continuaron firmando los escritos que hacían avanzar la investigación.

Se da la circunstancia de que Zaragoza y Madrigal son dos de los cuatro fiscales que acusarán de rebelión, malversación y desobediencia en el juicio del 'procés' que se celebrará el año que viene el Supremo, así que cuando empiece la vista oral los dos ya habrán cumplido más de tres años investigando el proceso independentista.

Sin embargo, el Juzgado de Barcelona no ha tenido hasta ahora acceso a los resultados de más de 19 meses de investigación de estos fiscales ni a los informes de la Guardia Civil sobre las estructuras de Estado que habían recabado debido a un error: cuando la documentación llegó a Barcelona en septiembre de 2017, nadie se percató de que procedían de la Audiencia Nacional y pensando que eran papeles duplicados no se tuvieron en cuenta.

Un año de ventaja

El 17 de marzo de 2016, mucho antes incluso de que se pusiera fecha a la consulta independentista, Zaragoza incoó diligencias de investigación en la Audiencia Nacional tras el examen de un atestado policial levantado por presuntos delitos de sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y/o desobediencia en Cataluña, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Dicho atestado del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la VII Zona de la Guardia Civil analizaba la creación de la "nueva Administración Tributaria Catalana como una de las estructuras de Estado que darán soporte al proceso unilateral de independencia que han puesto en marcha las instituciones autonómicas y locales de Cataluña, al margen de la legalidad constitucional, eludiendo abiertamente el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional".

En una exposición de motivos que recuerda mucho al escrito de acusación del Ministerio Público de cara al juicio del 'procés', Zaragoza justificaba la apertura de diligencias porque ya desde 2012 CiU y ERC habían pactado "impulsar y materializar la creación de las estructuras necesarias para garantizar la efectividad del proceso de construcción de Cataluña como un Estado nuevo".

El entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional hacía después un relato de los pasos que había ido dando la Generalitat, de la que Carles Puigdemont acababa de tomar los mandos, de cara a la creación de la Hacienda catalana y la aprobación de planes para la preparación de las estructuras de Estado así como el inicio del proceso de independencia aprobado el 9 de noviembre de 2015. También recordaba las sentencias del Tribunal Constitucional suspendiendo estos planteamientos.

El fiscal concluía que tanto el Govern como el Parlament habían incumplido todas las resoluciones del tribunal de garantías y que habían diseñado y puesto en marcha "un catálogo de estructuras de Estado no amparadas por el ordenamiento jurídico" mediante la "contratación de las obras y servicios necesarios con diversas empresas y destinando recursos económicos públicos".

La audiencia era competente

Javier Zaragoza justificaba la competencia de la Audiencia Nacional para investigar porque la conducta de la Generalitat respondía a delitos contra la forma de Gobierno, que incluye "los actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

Según el escrito de 2016, hacer caso omiso de decisiones del Tribunal Constitucional y llevar a cabo "actos de ejecución y/o desarrollo" de un mandato ilegal como el que hizo la Generalitat podrían constituir "no sólo delito de sedición", sino también de "prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o malversación de fondos públicos".

"Es evidente que la puesta en marcha de estructuras de Estado como viene sucediendo en Cataluña desde hace años son conductas que encajan en los tipos penales antes mencionados", añadía Zaragoza, que tras justificar así la intervención de la Audiencia Nacional encargó al fiscal Daniel Campos la instrucción de las actuaciones.

La Agencia Tributaria catalana en el punto de mira

En los 19 meses que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigó lo que ahora se conoce como el 'procés', se centró en la creación de la Hacienda catalana porque por ahí comenzaron los investigadores de la Guardia Civil. El juzgado número 13 llegaría más tarde a este punto de la investigación, ya que sus pesquisas comenzaron por la presunta sustracción de datos personales a los ciudadanos de Cataluña para elaborar su censo de votación el 1-O.

Al no recibir la documentación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguió la instrucción por su cuenta y acabaron duplicándose las diligencias: tanto en el sumario de actuaciones del juzgado de Barcelona como en las pesquisas dirigidas desde Madrid constan informes encargados a la Guardia Civil sobre la hacienda catalana, con requerimientos de documentación a las mismas empresas afectadas y tomas de declaración a algunos de sus representantes.

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En concreto, figura un extenso análisis de la Policía Judicial sobre la Agencia Tributaria Catalana que toma como punto de partida el anuncio del expresidente de la Generalitat Artur Mas en 2015 de modificar su funcionamiento y repasa tanto su organización y gestión interna como la evolución del marco regulador, así como el pormenor de todos los contratos suscritos con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) catalán y media docena de empresas informáticas y consultoras desde el año 2012 que hubieran podido servir al plan de reemplazar a la AEAT.

Además, el fiscal instructor de la Audiencia Nacional indagó sobre las declaraciones del que fuese senador Santiago Vidal y de hecho, en las diligencias de Fiscalía consta un informe de la Guardia Civil contrastando sus afirmaciones sobre la creación de una agencia tributaria catalana independiente con la documentación disponible hasta concluir que había veracidad en sus palabras y que por tanto, las investigaciones iban bien encaminadas, cosa que el instructor del 13 todavía no sabía.