A punto de cumplirse un año de que un juez aceptase la querella de la asociación de médicos AFEM por la privatización de hospitales madrileños iniciada en 2003, la Audiencia provincial ha desplegado una maniobra insólita para no verse obligada a resolver sobre el recurso que contra la admisión de esa misma querella plantearon los imputados, entre los que figuran los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como las empresas Capio –ahora rebautizada IDC Salud- y Ribera Salud.
En una providencia fechada el pasado día 12, la Sección Segunda de la Audiencia madrileña pide “a las partes” que “manifiesten si continúan manteniendo el recurso de apelación interpuesto en las presentes actuaciones o [si], por el contrario, desisten del mismo”.
Pero en la causa solo queda un recurso pendiente: el planteado justamente por aquellos a quienes el titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, citó a declarar como imputados al mismo tiempo que aceptaba la querella. Si los querellados –cuatro personas físicas, más las empresas Capio, Ribera Salud, Asisa y Unilabs- desisten del recurso, Sexmero tendrá vía libre para reemprender las investigaciones. Y, por supuesto, para tomarles declaración como imputados.
La Audiencia, que en febrero tumbó el primer recurso del caso –que impugnaba la simple apertura de diligencias-, justifica el contenido de su resolución con un argumento que ninguno de los juristas consultados alcanza a comprender: que el Gobierno de Madrid ha renunciado a desarrollar la segunda fase de la privatización sanitaria –que pretendía externalizar otros seis hospitales- y, en consecuencia, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha dado por concluido el contencioso impulsado también por AFEM.
Privatizaciones aún no ejecutadas
Algunas fuentes deslizaron con cautela una hipótesis: que la Audiencia Provincial busca evitar un pronunciamiento sobre la admisión de la querella porque si finalmente tiene que resolver, será para desestimar el recurso de los querellados. De ser cierta esa teoría, la Audiencia estaría ofreciendo a los querellados la opción de declarar voluntariamente ante Sexmero antes que verse forzados a ello por mandato judicial.
La providencia no hace ninguna mención a que ese contencioso que dio por acabado el TSJM –proceso similar a una demanda civil pero en el que se impugnan decisiones de una administración pública- se refería a privatizaciones todavía no ejecutadas. En cambio, la querella –penal, es decir, con hipotéticos delitos en liza- alude a los hospitales públicos que ya funcionan bajo gestión privada. Ese es el caso de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles, ambos gestionados por Capio; y del de Torrejón de Ardoz, inicialmente adjudicado a Ribera Salud pero ahora bajo la batuta de Sanitas.
La querella se dirige contra cuatro antiguos altos cargos de la sanidad pública madrileña y contra las cuatro empresas que resultaron beneficiarias de la primera oleada privatizadora: Capio Sanidad –la nueva IDC Salud-, Ribera Salud, Asisa y Unilabs. Según AFEM, lo sucedido con ese proceso privatizador muestra indicios de ocho delitos: realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho , fraude y malversación de caudales públicos.
Entrega al juzgado
El mismo día en que el juez Sexmero aceptó la querella, no solo citó como imputados a los querellados sino que ordenó enviar una comisión rogatoria a Luxemburgo para recabar información sobre el fondo opaco que controla la antigua Capio y actual IDC. Sexmero recabó luego la información publicada sobre ese punto por infoLibre, que, tres meses antes de que Afem presentara su querella, había desvelado cómo los verdaderos propietarios de Capio se ocultan tras cinco sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Este diario entregó al juzgado toda la información mercantil internacional que, en julio de 2013, obraba en su poder.
La querella abordaba también cómo dos exconsejeros madrileños de Sanidad que jugaron un papel clave en el proceso privatizador se habían incorporado, tras su cese como cargos públicos, a empresas beneficiarias de la “externalización”.
El primero de ellos es Manuel Lamela, que ganó fama como político por su persecución del equipo de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés –el caso del doctor Montes-, al que acusó en falso de matar a enfermos terminales con sedaciones irregulares.
Tras el fiasco del Severo Ochoa, Lamela cesó como consejero de Sanidad y, entre junio de 2007 y el mismo mes de 2008, asumió la cartera madrileña de Transportes. Artífice del proceso privatizador iniciado en 2003, Lamela terminó por dejar la política institucional. Y se incorporó a Assignia Infraestructuras. Esa compañía participaba, al menos en junio de 2013, en la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona servicios del hospital del Tajo, “licitados y adjudicados durante la etapa en la que este era consejero de Sanidad”, dice la querella de AFEM “El propio Lamela –agrega la denuncia- inauguró el hospital que ahora gestiona la sociedad en la que trabaja”.
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Querella también contra Güemes
Ese hospital, en régimen de gestión mixto –los servicios médicos se gestionan desde el sector público– era uno de los seis que el Gobierno madrileño pretendía privatizar. Es, por tanto, uno de los afectados por el contencioso que el TSJM dio por liquidado una vez que el actual presidente de Madrid, Ignacio González, renunció a sus planes privatizadores.
El segundo exconsejero contra el que se dirige la querella de los médicos es Juan José Güemes. Consejero de Sanidad entre junio de 2007 y marzo de 2010, Güemes saltó de nuevo a la palestra a comienzos de 2013. Fue entonces cuando se supo que la empresa de la que entonces era consejero, Unilabs, había resultado beneficiada con la gestión de los análisis clínicos de la sanidad pública madrileña. Y había sido Güemes quien, como consejero, privatizó justamente ese servicio. La revelación periodística terminó con su dimisión como miembro del órgano de administración de Unilabs.
A punto de cumplirse un año de que un juez aceptase la querella de la asociación de médicos AFEM por la privatización de hospitales madrileños iniciada en 2003, la Audiencia provincial ha desplegado una maniobra insólita para no verse obligada a resolver sobre el recurso que contra la admisión de esa misma querella plantearon los imputados, entre los que figuran los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como las empresas Capio –ahora rebautizada IDC Salud- y Ribera Salud.