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La Audiencia de Madrid suspende el juicio previsto en mayo contra Cifuentes por el 'caso máster'

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acusada de falsedad documental en el 'caso Máster'.

infoLibre

La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el juicio previsto para mayo en el que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se iba a sentar en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al denominado 'caso Máster' de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), han informado fuentes jurídicas de las que se ha hecho eco Europa Press. Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM), una exposición que sigue defendiendo que hizo.

El juicio estaba previsto para los días 11, 12, 13 y 14 de mayo en la Sección 15. De momento, no está señalada nueva fecha, según han indicado las mismas fuentes. Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. El exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados y que dirigía el polémico máster, falleció en abril de 2019 en medio del proceso judicial.

A Rosado se le pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel. Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

Para la Fiscalía "jamás se produjo" la defensa del TFM

El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

La juez de Instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel cerró la investigación de este caso en noviembre de 2018 y abrió el procedimiento abreviado, el paso previo al juicio que se celebrará en mayo por falsedad documental respecto al Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta. La instructora consideró que los hechos relativos son susceptibles de tipificarse como falsedad documental y recuerda que las dos docentes que figuran en el polémico acta del TFM (Alicia López de los Mozos y Clara Souto), aseguraron que no estamparon su firma en dicho documento. También recalcó que López de los Mozos no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes.

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Por otro lado, determinó que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración en sede judicial "no resultaron creíbles" sobre si efectivamente hizo este trabajo, condición necesaria para obtener la titulación. "Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor AC (Álvarez Conde) o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo", expuso.

En esta línea, a la juez no le pareció verosímil que en 2012 se "obviaran" esas fórmulas de comunicación "tan ágil, sencilla, rápida y accesible" y "fuera todo manual". "No resultan convincentes las alegaciones" de Cifuentes, apostillaba la magistrada. "En conclusión, hay indicios de que Cristina Cifuentes no defendió el trabajo de fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue recibida", apostilla Rodríguez Medel.

La expresidenta regional dimitió en abril de 2018 tras estallar un mes antes la polémica de la falsificación de su acta del TFM de su máster en la URJC cursado en 2012 y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.

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