Florentino Pérez (Dragados-ACS) y Esther Koplowitz (FCC) deberían estar preocupados por la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional en relación con el sobrecoste de 251,9 millones de euros en la ampliación del Puerto de El Musel (Gijón).
El magistrado Javier Gómez Bermúdez ha imputado al anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach y el exsecretario José Luis Díaz Rato por las irregularidades en la adjudicación a la UTE Dique Torres por 579, 2 millones de euros y la ampliación de los mencionados 251,9 millones, lo que representa el 43% del valor del contrato inicial.
La Unión Europea reclama la devolución de 198 millones de euros de la ayudas concedidas al puerto gijonés para su ampliación. Según un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea, el sobrecoste no estaría justificado, ya que el mismo tendría que haber corrido a cargo de la empresa concesionaria.
Dique Torres
Este sobrecoste se debe al incremento del precio de las piedras (189,5 millones) que se utilizaron para ampliar los diques del puerto asturiano. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres está formada por las constructoras Dragados-Drace, FCC, SATO y Alvargonzález Contratas.
Bermúdez ha citado a declarar en la Audiencia Nacional, en calidad de testigos, a los responsables de la UTE: Ana Isabel Dizy, Manuel Amaro Martínez Díaz, Guillermo Castañedo Elizalde, Isidro Alonso Sierra, Miguel Eguiegaray García, Antonio Manuel Alvargonzález García, Juan Miguel Pérez Rodríguez, David López Navarrete y Manuel García Beiro.
Según la Intervención General del Estado (IGAE), la Autoridad Portuaria acordó aumentar el presupuesto de la obra pese a tener conocimiento de que la empresa concesionaria, Dique Torres podía extraer las piedras de las canteras del concejo de Carreño, Peña María y La Hoya-Perecil, "sin contraprestación económica".
Tanto la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea como la propia Intervención General del Estado consideran "incomprensible" que la Autoridad Portuaria de Gijón aceptara un aumento de 251 millones invocando o basado principalmente en el aumento del precio de los materiales: "Mientras que la empresa adjudicataria había firmado un contrato para extraer, sin ninguna contraprestación directa, unos 24 millones de toneladas de piedra, representando alrededor del 75% de la totalidad de las piedras utilizadas".
"Algún concierto"
Ante estas dudas, la IGAE considera oportuno aclarar, tal y como consta en un informe remitido al fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, al que ha tenido acceso infoLibre, si existió "algún concierto" entre la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres.
El departamento adscrito a la Fiscalía Anticorrupción también reclama al juez que trate de averiguar la causa por la que la empresa Tudela Veguín, cuyos propietarios son los empresarios Masaveu, habría permitido la extracción de 24 millones de toneladas "sin contraprestación económica".
La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia en diciembre de 2014 ante la Audiencia Nacional para que fueran investigadas las actuaciones de representantes y administradores de la UTE Dique Torres y de representantes y miembros de la Autoridad Portuaria de Gijón.
Puerto de El Musel
El origen de esta actuación está en una denuncia formulada por la OLAF, que remitió el 26 de marzo de 2014 un informe en el que se alertaba de graves irregularidades, incluso fraude, en el proyecto de ampliación del Puerto de El Musel, así como deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón.
El Fondo de Cohesión otorgó una ayuda de 247,5 millones para dicho proyecto de ampliación, en cuya ejecución la OLAF detectó numerosas irregularidades que puso en conocimiento de la Fiscalía española.
Tras analizar el caso, el Ministerio Público considera que podrían haberse cometido los delitos de fraude y exacciones ilegales, si los funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón se hubieran concertado con particulares de la empresa adjudicataria para la entrega indebida de fondos públicos a lo largo del procedimiento de contratación.
Malversación de caudales públicos
El segundo de los delitos que podría haberse cometido es el de malversación de caudales públicos, en caso de acreditarse que funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón en connivencia con representantes de la empresa adjudicataria hubieran defraudado fondos públicos.
Si se acreditara que el adjudicatario hubiera engañado deliberadamente a la Administración en el precio de los materiales utilizados en las obras los responsables de la obra podrían haber cometido el delito de estafa agravada por el alto importe de la misma.
Otros delitos serían: falsedad en documento oficial y mercantil si se confirmara la existencia de facturas inveraces; el delito de fraude a la Hacienda Pública si se hubiera simulado gastos o se hubiera elaborado documentos para la entrega de fondos públicos a particulares.
Finalmente, Anticorrupción apunta a la posibilidad de que la Autoridad Porturaria hubiera cometido el delito de prevaricación en el caso de que se pudiera demostrar arbitrariedad en las resoluciones adoptadas por el puerto a la hora de adjudicar el contrato y en su modificación posterior.
Modificación esencial
Para la OLAF de la Unión Europea, la Autoridad Portuaria de Gijón debería haber convocado de nuevo el concurso: "Dicha modificación habrá de seguir entendiéndose como esencial aún teniendo en cuenta las diferentes partes de la modificación de precio: por ejemplo, un incremento del 24% (suministro de materiales procedentes de diferentes canteras) más un 9% en concepto de revisión de los precios del suministro de material procedente de la cantera de Aboño, o el 7,05% (nuevas mejoras técnicas) no pueden considerarse como algo mínimo".
Fomento rompe el monopolio de los estibadores de los puertos
Para este departamento de la UE, la modificación solo podría haber sido aceptada con una nueva convocatoria de licitación. Además, una de las empresas de la UTE, en concreto SATO, era copropietaria de una de las canteras utilizadas en la obra, y cuyos materiares encarecieron casi 200 millones las obras de ampliación de El Musel.
Tras la adjudicación del contrato, Hidroeléctrica del Cantábrico (HC), dueña de la cantera de Aboño, incrementó el precio por metro cúbico de piedra como referencia al precio que la autoridad contratante había utilizado como precio de referencia en el proyecto inicial (pasando en consecuencia de 7,3 a 18,22 euros por metro cúbico), lo que supuso un incremento de 46 millones de euros.
El sobrecoste de la utilización del material de otras canteras diferentes a la de Aboño, esta última de Hidroeléctrica del Cantábrico, fue de 120,34 millones.
Florentino Pérez (Dragados-ACS) y Esther Koplowitz (FCC) deberían estar preocupados por la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional en relación con el sobrecoste de 251,9 millones de euros en la ampliación del Puerto de El Musel (Gijón).