La Audiencia Nacional investiga una posible financiación ilegal de Alvise
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar una denuncia contra el eurodiputado Luis Pérez, Alvise, por un posible delito de financiación ilegal de partidos por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral, según informa EFE.
El magistrado admite que el líder de Se Acabó la Fiesta está aforado ante el Tribunal Supremo por ser europarlamentario, pero también aclara en su auto que la admisión a trámite de una denuncia no constituye un acto de "imputación formal", y le ofrece al mismo tiempo declarar de forma voluntaria el próximo 20 de noviembre.
Recuerda en este sentido que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "la atribución del estatuto de 'imputado' no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa tan sólo para 'inculpar' o 'procesar', pero no para imputar".
El magistrado permite también a Alvise aportar documentos y diligencias de investigación y personarse en la causa, que se investigará como una pieza separada del procedimiento abierto sobre una presunta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest.
El fundador de este supuesto chiringuito financiero, el empresario Álvaro Romillo —investigado por esa presunta estafa—, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación. El juez le cita también como imputado el 20 de noviembre en esta pieza separada.
Aparte de la investigación sobre si hubo o no financiación ilegal, el juez también apunta a que se podría considerar a Alvise como cooperador necesario o cómplice de la supuesta estafa de Madeira Invest, "dada la implicación que en la denuncia" se le atribuye "en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevaba a cabo a través del entramado financiero generado en torno" a la plataforma.
"Inicial verosimilitud" de la denuncia
El juez Calama destaca en su auto que la denuncia del empresario Romillo venía acompañada de unos documentos que la "dotan de inicial verosimilitud", y afirma que "concurren los requisitos necesarios" para investigarla.
La denuncia, a la que hace referencia el auto, relata los distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez con la intención de que el empresario obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado "podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal". Tras varios contactos, según la denuncia, el 27 de mayo Romillo comunicó a Alvise que podía recoger en efectivo 100.000 euros, a lo que este último respondió: "100 %. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío".
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Cuando Romillo recibió la confirmación de un empleado de que dicha cantidad había sido entregada, de acuerdo con el relato de la denuncia, escribió al eurodiputado para volvérselo a confirmar, y este respondió que "todo ok" y que "100.000 gracias".
Este empresario acudió en un primer momento a la Fiscalía General del Estado para denunciar estos hechos y aportó un informe pericial para acreditar que los mensajes intercambiados entre ambos no habían sido manipulados. La Fiscalía del Tribunal Supremo la envió después a la de la Audiencia Nacional al constatar que el juez Calama investiga varias denuncias contra Romillo, y que incluyen los hechos que se atribuyen a Alvise Pérez.
El juez explica que la admisión a trámite de la denuncia supone "la apertura de una vía para la investigación judicial de unos hechos" que un denunciante ha puesto en conocimiento del juzgado y de los que "no se puede excluir su carácter delictivo". "Naturalmente, lo anterior no impide la posibilidad de una verdadera imputación judicial tras la comprobación provisional de la realidad de los hechos", concluye.
