- Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.
El Campus de la Justicia, el "reto más ambicioso" de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sus propias palabras, está bajo el foco de los tribunales por posibles irregularidades en su gestión. Quince años después de lanzar este macroproyecto urbanístico dirigido a centralizar las sedes judiciales de la región en un mismo espacio, la Audiencia Nacional ha investigado la gestión de la empresa pública creada a tal efecto y ya ha propuesto juzgar al exvicepresidente Alfredo Prada y ahora dirige sus indagaciones sobre la actuación de Francisco Granados, que tomó las riendas del plan cuando fue nombrado consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el año 2008.
Así lo explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, en un auto del pasado 11 de noviembre, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que forma pieza separada de la fase correspondiente a la gestión de Prada para dictar la transformación de la causa en procedimiento abreviado, mientras que continuará investigando en la pieza principal la parte correspondiente a la gestión de la empresa pública denominada Campus de la Justicia S.A. (CJM) por parte de Granados que debía poner en marcha el complejo urbanístico.
Según explica el magistrado en su auto, la sociedad se constituyó en 2005 con el objetivo de construir en el barrio residencial de Valdebebas, en el norte de Madrid, "un complejo de edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid" y que estaría compuesto por "14 edificaciones interconectadas por una red de túneles". La historia es de sobra conocida: el proyecto resultó fallido y de ese ambicioso plan sólo queda un edificio, el conocido como dónut por su forma circular que ni siquiera está terminado y que hasta ahora se erigía en mitad de la nada. Son los mismos terrenos sobre los que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, levanta su propio proyecto estrella, el hospital de pandemias. Además, ha anunciado que el edificio el fallido Campus de la Justicia se acabará de construir para instalar allí el Instituto Anatómico Forense de la Comunidad.
La historia del Campus de la Justicia comenzó en 2005 con las promesas de Aguirre del macroproyecto urbanístico y terminan en 2014, cuando se inició la fase de liquidación de la sociedad pública cuya gestión investiga el juez De la Mata desde hace más de dos años. Fue precisamente otro Gobierno del PP en Madrid, el presidido por Cristina Cifuentes, el que trasladó a la Fiscalía las conclusiones de la Cámara de Cuentas de la región, en las que se hablaba de incumplimientos sistemáticos de las "normas esenciales" de contratación y contabilidad de la administración de CJM. La Comunidad de Madrid, además, es parte acusadora en este procedimiento.
El magistrado de la Audiencia Nacional diferencia en su auto dos etapas para dividir y hacer más eficaz su investigación: la de Prada al frente del Campus de la Justicia y la de Granados. De la primera, De la Mata considera que existen indicios para enviar a juicio al exvicepresidente y otros cinco exdirectivos de la empresa pública por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación por las irregularidades detectadas en los contratos para la construcción del complejo. Estas adjudicaciones, dice el auto, abarcaron todo tipo de ámbitos, desde la propia redacción del proyecto y la construcción de la urbanización y edificios hasta servicios de vigilancia, consultoría, cobertura fotográfica, comunicación y publicidad, entre otros.
No hubo control en la contratación
De lo instruido en estos más de dos años de investigación, el juez –que no continuará al frente de esta investigación, ya que acaba de ser nombrado representante de España en Eurojust– concluye que la empresa CJM "no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente el de los principios que deben presidir la contratación del sector público".
La pieza separada correspondiente a la "CJM FASE 1", tal y como la denomina el juez en su auto, tiene por objeto los hechos acontecidos durante la presidencia de Prada en la sociedad pública, mientras que la segunda, que se seguirá instruyendo en la Audiencia Nacional, corresponde a los hechos ocurridos a partir de mediados de 2008, cuando Prada fue sustituido por Granados al frente de la Consejería de Justicia e Interior y, por lo tanto, al frente de la dirección de la sociedad del Campus de la Justicia. El también ex secretario general del PP de Madrid ostentó este cargo hasta 2011, cuando fue destituido por Aguirre, pero la investigación del juez se extiende hasta 2014, fecha de liquidación de la entidad pública.
Destaca De la Mata el organigrama de la empresa de la que Granados era el presidente. Entre agosto de 2008 y julio de 2010 el consejero delegado y director general fue Miguel Giménez de Córdoba, quien había sido previamente director general de Modernización de las Infraestructuras de Justicia de la Comunidad de Madrid y quien años después fue nombrado presidente de la entidad pública estatal Tragsa. Le sustituyó en el puesto Gonzalo Quiroga, quien había ejercido director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad. En el auto también se menciona al exresponsable del Departamento Financiero de CJM Sergio Adán, a la exdirectora del Departamento Jurídico Carmen Morenés y al exdirector de Comunicación Pablo Martínez.
Francisco Granados no es un desconocido en la Audiencia Nacional. Desde 2014, es el principal investigado en el caso Púnicacaso Púnica, una de las macrocausas de corrupción que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 6. Estuvo en prisión preventiva más de dos años y medio por sus actividades presuntamente irregulares durante su mandato como alcalde de Valdemoro y después en la Comunidad de Madrid. Fruto de la investigación de esta causa ha sido la apertura de una pieza separada sobre una posible financiación ilegal del PP regional en la que están imputadas las expresidentas Aguirre y Cifuentes.
Plan criminal para adjudicar a dedo
Justicia propone que sea el fiscal y no el juez el que se encargue de las investigaciones
En la pieza "CJM FASE 1", el juez De la Mata concluye que todos los contratos investigados fueron "actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios que ampararon una situación en la que se prescindió del procedimiento establecido en la ley para facilitar la obtención de los objetivos de los actores". Contratos a empresas amigas o ampliaciones irregulares para contentar a ciertas compañías a pesar de no ser los más ventajosos son algunos de los indicios que el instructor expone y por los que ha propuesto juzgar a Prada y otros cinco imputados.
Un ejemplo son los contratos de publicidad y comunicación investigados, por valor de más de cinco millones de euros, los cuales, dice el juez, "se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM", pues no se decidían en la empresa, "donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban" desde la Vicepresidencia que dirigía Prada. "En estos contratos, todas las decisiones sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria eran adoptadas por Prada personalmente, siendo él mismo, en los más de los casos, quien también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos", explica.
Según el instructor, los investigados en este procedimiento, liderados por el exconsejero, que era quien "tomaba todas las decisiones", se pusieron de acuerdo "con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlo a cabo”. Corrompieron, al fin y al cabo, el procedimiento de adjudicación de contratos de la empresa pública, lo que dejó afectada "sustancialmente" su operativa y los resultados económicos, "menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”. El perjuicio al erario público podría ascender a cientos de millones de euros.
- Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.