La Audiencia permite seguir la investigación de Begoña Gómez pero dejando fuera el rescate de Air Europa

Begoña Gómez interviene en un acto en el Ateneo de Madrid, a 10 de marzo de 2023.

La Audiencia Provincial de Madrid permite al magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº41 de la capital, continuar con la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Los tres magistrados de la Sección nº23 –María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés– han rechazado decretar el archivo de la causa, tal y como exigía la defensa de Gómez, que ejerce el abogado Antonio Camacho. Ahora bien, han fijado ciertos límites alrededor de las pesquisas. Así, han vuelto a ordenar a Peinado, como ya hicieron la pasada primavera, dejar fuera del procedimiento todo lo que tiene que ver con el rescate de Air Europa.

El órgano ha vuelto a reunirse de nuevo en la mañana de este martes para estudiar los recursos que tanto la Fiscalía como la defensa de Gómez habían interpuesto contra el auto con el que Peinado intentó el pasado mes de julio delimitar el alcance de la causa: "[El objeto] son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo desde que su esposo es el presidente". Ambos recursos debían haber sido resueltos la pasada semana, pero la deliberación se aplazó después de que los magistrados se diesen cuenta de que el juzgado de Peinado no les había hecho llegar el escrito de Gómez pese a que habían pedido "testimonio íntegro" de toda la causa.

Ahora, tras analizar toda la documentación, la Audiencia de Madrid ha decidido estimar en parte ambos recursos. Los magistrados ponen coto a las pesquisas en lo relativo al rescate de Air Europa, que según el Tribunal de Cuentas cumplió con la normativa. La Sección nº23 vuelve a dejar claro que los hechos relativos a Globalia, propietaria de la aerolínea, deben quedar fuera de la investigación "en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada": "Llevan razón los recurrentes cuando consideran que el bloque quedó fuera de nuestra anterior validación del inicio de la investigación".

Pese a la restricción que marcó la Audiencia de Madrid la pasada primavera, Peinado se negó a soltar ese frente en la instrucción. Así, el pasado mes de junio pidió a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) los "expedientes completos" y toda la información de la que dispusiera en relación con el rescate. Y una vez que recibió la documentación, encargó un análisis de la misma a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ahora, tras el nuevo pronunciamiento de sus superiores, al magistrado no le queda más remedio que desistir de una línea de investigación en la que la participación de Gómez, según estableció la Audiencia de Madrid, no era más que una "simple conjetura".

El pronunciamiento, sin embargo, no pone fin a la causa contra la mujer del presidente del Gobierno. Los magistrados dan vía libre a Peinado para que, teniendo en cuenta los límites establecidos, continúe con la investigación. Es más, le otorgan cierta carta blanca. Así, los magistrados apuntan que la "instrucción" es "un procedimiento vivo" que no puede "quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos". "El objeto del proceso penal no es inmutable, fijo y predeterminado desde el inicio mismo de la instrucción. Todo lo contrario, es un objeto vivo, moldeable y de decantación sucesiva", sostiene la Audiencia de Madrid en su resolución.

La defensa de Gómez lleva meses sosteniendo que la mujer del presidente está siendo víctima de una "investigación prospectiva". "No es del todo inusual que muchos procedimientos comiencen como una auténtica fishing expedition contra el investigado", señalaba en su recurso ante órgano provincial. Algo que, sin embargo, ha rechazado la Audiencia de Madrid. En su auto, los magistrados señalan que "prospectiva" es aquella investigación que se inicia de forma "indeterminada" y "sospechas fundadas", pero no aquella que partiendo de una conducta "racionalmente sospechosa" inicia una "amplia indagación" que permita "conocer con detalles todas aquellas circunstancias".

Cañonazo contra el principal argumento de la defensa

Una vez establecido el objeto de la investigación "en el modo flexible, cambiante y aproximado que puede verificarse al inicio de la instrucción", los magistrados entran a analizar si el mismo ha quedado vacío. Esa era, de hecho, la principal línea de defensa de los investigados, que alegaban que el único bloque de la querella inicial que había avalado investigar la pasada primavera la Audiencia de Madrid –el de los contratos adjudicados a Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés– se había venido abajo después de que la Fiscalía Europea asumiera la investigación de aquellas adjudicaciones de Red.es financiadas con fondos comunitarios.

Los magistrados de la Sección nº23, sin embargo, rechazan que la avocación de dichos expedientes haya "dejado sin contenido" la investigación. En su resolución, sostienen que más allá de esas adjudicaciones concretas existen otras "que pueden y deben ser objeto de investigación". En este sentido, pone sobre la mesa noventa y nueve contratos públicos, por un total de 24,92 millones de euros, que habrían sido adjudicados a las empresas de Barrabés por todo tipo de administraciones –desde el Ayuntamiento de Madrid hasta el Ejecutivo de Cantabria–. "De un importe global próximo a 25 millones de euros, algo más del 91% corresponde a Innova Next", continúan los magistrados.

En dichas adjudicaciones, prosigue la Audiencia de Madrid, se aprecian "datos objetivos" en los que se constata "la intervención personal de la denunciada en apoyo" de las empresas de Barrabés y que "justifican la investigación". Sin embargo, lo cierto es que esa "intervención" tan solo ha aparecido por el momento vinculada a dos expedientes. En concreto, las cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente del Gobierno en favor de las sociedades del empresario se habrían aportado, precisamente, a los dos expedientes de contratación cuya investigación asumió la Fiscalía Europea. En definitiva, a las adjudicaciones que ya no están bajo la lupa de Peinado.

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