El auto del Supremo que salva a Casado sepulta la investigación sobre el “sistema de prebendas” de la Rey Juan Carlos para alumnos VIP

Setenta y dos horas, con un fin de semana por medio, han bastado para que la negativa del Tribunal Supremo a abrir causa contra Pablo Casado sepulte por efecto dominó la investigación del llamado caso máster salvo en lo relativo a la presunta falsificación que involucra a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y otros cuatro imputados.  La jueza que desde abril investigaba lo que en sus propias resoluciones había definido como un "sistema de prebendas" instaurado por el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para "regalar" posgrados a alumnos VIP dio carpetazo a las diligencias este lunes por la mañana. La Fiscalía no ha decidido aún de manera oficial si recurrirá el sobreseimiento.

La magistrada aduce lo siguiente para explicar el porqué de su decisión: que si, aun aceptando que el líder del PP pudo obtener su máster gracias a que recibió "trato de favor", el Supremo no ve "indicios consistentes" de que eso obedeciera a la existencia de un acuerdo previo con los profesores (prevaricación) ni de que el "regalo" le fuese otorgado por su condición de cargo público (cohecho impropio), no debe ella misma apartarse de su "Superior criterio" en lo que a los no aforados compete.

Las pesquisas efectuadas hasta ahora, entre las que se incluyen las declaraciones de aquellos alumnos que admitieron haber logrado el máster en Derecho Autonómico y Local sin ir a clase, ni someterse a exámenes ni presentar trabajos, llevaron a la juez a concluir que la URJC regalaba ese máster a determinados estudiantes "por razón de su condición social (cargo público o relevancia) o por razón de amistad con el director del Instituto de Derecho Público, don Enrique Álvarez Conde".

Resulta "obvio", conviene la magistrada rozando el sarcasmo, que en la causa no hay ninguna "grabación" ni "documento firmado de propia mano" que acrediten que Álvarez Conde y su equipo se conchababan –se concertaban, en la terminología legal– con determinados alumnos para que sin hacer otra cosa que pagar la matrícula –"sin mérito académico" alguno– tuvieran garantizado el título de antemano.

Pero –agrega el auto– "no puede desconocerse que, de las propias manifestaciones de los alumnos que a diferencia de lo ocurrido con el aforado sí fueron citados y declararon todos ellos como investigados (...) se desprende información ciertamente relevante y que por esta instructora se había considerado significativa indiciariamente del concierto. Esta conclusión, sin embargo, debe rectificarse a la luz de la resolución del Alto Tribunal". Las negritas pertenecen al texto original.

Cuando Casado obtuvo el máster en el curso 2008-2009, el hoy líder del PP ocupaba un escaño en la Asamblea de Madrid. En seis años, periodo al que pertenece el curso 2008-2009, la Comunidad de Madrid otorgó al IDP casi medio millón de euros en contratos y convenios a medida. 

Cuajado de durísimos y casi indisimulados reproches al alto tribunal  y a la Fiscalía, el auto de la jueza Carmen Rodríguez-Medel levanta ahora de un plumazo, y con la resolución del Supremo como único factor explicativo del viraje, la imputación a los demás alumnos y profesores investigados por los mismos hechos que Casado. En total, 19. Y lo hace cuando –lo relata el auto– estaba a punto de dictar el denominado auto de pase a procedimiento abreviado, con el que siempre se inicia la recta final hacia el juicio. 

El ministerio público, al que hace una semana la jueza ya preguntó qué hacer tras conocer el informe del teniente fiscal del Supremo –número 2 de la institución tras la fiscal general– era contrario a la imputación de Casado, no ha adoptado todavía una decisión. Al menos, así lo aseguran las fuentes oficiales consultadas por infoLibre.

En su auto, la jueza sostiene que con su informe ante el Supremo la Fiscalía elevó "notablemente el estándar de indicios" para abrir la investigación al aforado Pablo Casado. Y a renglón seguido lanza uno de los ataques más afilados de su resolución: "Aplicar este nuevo parámetro conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga de trabajo ordinaria que pesa sobre los Juzgados de Instrucción". Traducido: la jueza sugiere que la posición de la Fiscalía sobre Casado y el posterior dictamen del Tribunal Supremo pueden tener un efecto disuasorio sobre los jueces que se planteen abrir diligencias basándose en indicios de delito que, en ese momento preliminar y por definición, no han podido adquirir todavía la categoría de "indicios incontestables". Eso, que los indicios fueran "incontestables", es lo que exigía el fiscal para abrir causa contra Casado.

Para la Fiscalía, el auto de Rodríguez-Medel plantea un dilema diabólico. Si tras lo sucedido en el Supremo opta por no impugnar el archivo, cobrará protagonismo lo que la jueza desliza en las 16 páginas del texto, que en estos cinco meses de diligencias el ministerio público avaló sus tesis por cuanto "no recurrió las decisiones adoptadas" y ahora, en cambio, efectúa un giro copernicano a medida; y si recurre el archivo, las defensas invocarán sin duda el argumento sobre el que distintos juristas ya alertaban el viernes: que se está produciendo una "diferencia de trato" entre el dispensado al líder del PP y el que se reserva a los demás implicados.

"La jurisprudencia del Supremo –rememora una fuente habituada a intervenir en casos judiciales que afectan a políticos– señala en efecto que para abrir causa a un aforado se precisan "indicios cualificados" y lo que ha hecho ahora el Supremo resulta más que discutible, pero no implica automáticamente que haya que sobreseer las restantes imputaciones". "De hecho –razona la fuente– en Gürtel siguió adelante y está en espera de juicio la pieza de los contratos del Ayuntamiento de Jerez pese a que el Supremo exoneró a la alcaldesa de esa ciudad; y en Murcia el juzgado de Lorca prosiguió la investigación sobre el auditorio de Puerto Lumbreras pese a que en un primer momento el TSJ rechazó imputar al exalcalde del municipio y entonces presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez".