Lo que hace meses era un enfrentamiento soterrado, ahora es una guerra abierta sin cuartel. Todos los puentes que pudieran existir entre Génova y la Puerta del Sol saltaron este miércoles por los aires después de conocerse las maniobras de la dirección nacional del PP para obtener toda la información posible sobre un contrato adjudicado en plena pandemia por el Ejecutivo regional a una empresa vinculada a un amigo de la infancia de la presidenta.
Una vez más, la sombra sobre el manejo de dinero público en suelo madrileño se cierne sobre Isabel Díaz Ayuso y su familia. Un nubarrón cada vez más grande que la líder del Ejecutivo regional tiene sobre su cabeza prácticamente desde que llegó a la Puerta del Sol y que en tres años no ha sido capaz de quitarse de encima.
Avalmadrid y el interés de Ayuso
La dirigente conservadora ni siquiera fue capaz de entrar con buen pie en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Era junio de 2019. Y en pleno tira y afloja para conseguir los apoyos necesarios para la investidura, infoLibre desveló que la entonces candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid había adquirido un piso en la capital en unas circunstancias muy especiales: fue una donación de sus padres, que empezaban a acumular deudas importantes, de forma que el objetivo de la operación era evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores. Su hermano Tomas, ahora en el centro del escándalo, recibió por el mismo método una vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada, el municipio abulense donde los Ayuso coincidían con el empresario que recibió el contrato sanitario.
La adquisición del piso en el centro de Madrid se produjo en octubre de 2011. Un par de meses antes de que MC Infortécnica SL, el grupo participado al 25% por los padres de la dirigente autonómica, no devolviese a Avalmadrid 100.000 euros de principal y 3.000 de intereses vinculados al crédito de 400.000 euros que la entidad semipública había concedido a la firma de la presidenta.
Una operación por la que se interesó la propia Ayuso cuando entonces era diputada rasa en la Asamblea de Madrid. Por mucho que la dirigente regional asegurase cuando se destapó el escándalo que ella no había "mediado" o "presionado", los correos publicados por este diario demostraron todo lo contrario. Durante meses, la dirigente conservadora estuvo en contacto con un directivo de Avalmadrid y le pidió datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sobre sus hijos.
Los aviones y Óscar Leyva
Medio año después, estalló la pandemia. Y, con ella, la contratación masiva. En plena primera ola, las administraciones se vieron obligadas a encontrar cuanto antes material sanitario. El 22 de marzo de 2020, Ayuso anunciaba a bombo y platillo que estaban a punto de llegar a la Comunidad de Madrid los dos primeros aviones cargados de equipos de protección oficial. Sin embargo, el aterrizaje no se produjo hasta el 2 de abril. Desde entonces, y hasta comienzos de julio, llegaron a la región 23 aeronaves.
Más de la mitad de los fletes le fueron adjudicados a una desconocida empresa de Zaragoza, Sport Logistics Solutions SL, constituida en abril de 2018 y que cobró por su trabajo el doble que las empresas que organizaron los otros ocho viajes, tal y como destapó este diario. En la logística de la operación participó Óscar Leyva, personaje ligado desde hace décadas al PP que en los últimos años se ha dedicado a la búsqueda y comercialización de patrocinios, sobre todo en el ámbito del deporte. "Era la persona asignada por la Comunidad de Madrid para coordinar la operativa desde la llegada a Barajas”, declaró entonces el administrador único de Sport Logistics a infoLibre.
La empresa sostiene que la diferencia en el precio se debe al tipo de aviones contratados: "Los aviones contratados por Sport Logistics Solutions SL eran aviones de cara con una capacidad de hasta 680 m3 por vuelo, mientras que las otras empresas fueron aviones de pasajeros con capacidad de 210 m3 por vuelo, lo cual justifica la diferencia de precio".
Por otra parte, Sport Logistics Solutions se desvincula por completo de cualquier actuación irregular y destaca que es una empresa "con un bien ganado prestigio, que no tiene nada que ver con el cobro de comisiones ilegales y que fue contratada en el fletamiento de estos aviones, como especialista en este tipo de operaciones".
Una adjudicación a un socio
Poco a poco, entre los contratos comenzaron a aparecer algunos nombres vinculados a la presidenta regional. En noviembre de 2020, elDiario.es destapaba que el Ejecutivo de Ayuso había adjudicado contratos por 70.500 euros sin concurso ni publicidad a Artesolar Iluminación SL, una firma para la que el hermano de la presidenta reconocía que trabajaba en su perfil de la red social Linkedin. Entonces, Tomás Díaz Ayuso aseveró que no ocupaba ningún cargo de dirección en la empresa y que solo colaboraba con ella "como freelance".
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No fue el único personaje vinculado a la líder del Ejecutivo regional que saltó a la palestra. Este diario desveló, en abril de 2021, que el Gobierno madrileño había adjudicado casi medio centenar de licitaciones por más de 129.000 euros de forma directa a Proyectos Hospitalarios Internacional SA desde que figurase como administrador único de la firma Juan Carlos Herrero Casasola, uno de los fundadores de Sismédica SL, la empresa que pertenece al 50% a la presidenta regional. Cuatro de esas adjudicaciones se realizaron en plena pandemia por el procedimiento de emergencia.
El abuso de la vía de urgencia
Durante toda la crisis sanitaria, ha sido habitual en la contratación el uso de la vía de urgencia, una fórmula que permite adjudicar un contrato de forma directa, sin concurrencia. Entre enero de 2020 y octubre de 2021, la administración regional suscribió por este procedimiento 5.210 contratos, por 1.109 millones de euros. Del importe total, 4.526 corresponden al ejercicio de 2020, por valor de 965,9 millones de euros; mientras que 684 son del año siguiente, por 143,8 millones de euros.
Es cierto que a medida que la pandemia ha avanzado, el uso de la emergencia se ha ido reduciendo progresivamente. Si en los cinco primeros meses de la crisis sanitaria ocho de cada diez contratos se hacían por este procedimiento, en los cinco últimos esa proporción se ha situado en poco más de uno de cada diez. Una disminución de la que se mantiene inmune, no obstante, la joya de la corona de la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso. Desde el principio, el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal ha funcionado a golpe de emergencia. Y, un año después de su puesta en marcha, lo sigue haciendo.
Lo que hace meses era un enfrentamiento soterrado, ahora es una guerra abierta sin cuartel. Todos los puentes que pudieran existir entre Génova y la Puerta del Sol saltaron este miércoles por los aires después de conocerse las maniobras de la dirección nacional del PP para obtener toda la información posible sobre un contrato adjudicado en plena pandemia por el Ejecutivo regional a una empresa vinculada a un amigo de la infancia de la presidenta.