Era miércoles 14 de agosto. Sesenta y ocho síes, los que sumaban los votos del Partido Popular Partido Popular–el suyo–, Ciudadanos y Vox, convertían a Isabel Díaz Ayuso en presidenta de la Comunidad de Madrid. Sólo sacó cuatro escaños de ventaja a los 64 que resultan unir los diputados del Partido Socialista, la formación más votada en las elecciones, Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie. Con su apuesta personal para la Comunidad de Madrid y quien ya ocupaba el cargo de alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Pablo Casado respiraba algo más tranquilo puertas adentro del PP. Haber perdido el Gobierno regional habría alzado las voces descontentas con su forma de llevar las riendas del partido.
"Sólo ha pasado un año, 365 días. Pero la sensación que tenemos es que ha pasado más tiempo", dice una de las diputadas que integra el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Es cierto que la pandemia ha puesto en tensión las costuras del Gobierno regional, una coalición PP-Cs. Pero también es cierto que antes de estallar la crisis del covid-19, Isabel Díaz Ayuso ya había acumulado algunos escándalos y polémicas en su mochila de presidenta autonómica. Porque antes de que la pandemia golpeara con más virulencia a la región, sobre todo a los mayores, los madrileños ya conocían el caso Avalmadrid, destapado por infoLibre. También se intuían las diferencias con Ciudadanos, que en los últimos meses no se han disimulado y la presidenta se ubicaba a sí misma como el "contrapeso" a un Gobierno PSOE-Unidas Podemos muy fiel al estilo de una de sus predecesoras, Esperanza Aguirre. La lideresa hizo de la oposición al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero una de sus señas de identidad.
Coincidiendo con el aniversario de su investidura, infoLibre repasa los puntos negros del año I de Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid. Un año en el que los rumores de convocatoria de elecciones anticipadas, por parte de la presidenta, y los de moción de censura, por parte del PSOE, han agitado todavía más un curso político atípico.
avalmadrid
El escándalo ya había estallado cuando Ayuso se presentó en la Asamblea de Madrid para inaugurar el debate de investidura. De hecho, lo había finalizado denunciando, al borde de las lágrimas, una campaña de "desprestigio" en su contra por las informaciones que relacionaban a su familia con un trato a favor por parte de esta entidad semipública constituida para apoyar a pymes y autónomos. Se había "traspasado una línea", se quejó. La de "meter por medio a la familia". No obstante, todas las preguntas que este diario había intentado responder y que la presidenta no había aclarado –ni ha aclarado– tenían que ver con su papel en el caso. Fue investida sin haber aclarado si cuando aceptó la donación del piso de sus padres sabía que podía incurrir en un delito de alzamiento de bienes para que Avalmadrid, con un 30% de capital público, no recuperase los 400.000 euros del préstamo que les había concedido a ellos y a sus otros seis socios. Tampoco, si recurrió a sus contactos en el PP de Madrid y en el Gobierno madrileño para conocer datos extra del crédito concedido.
En diciembre de 2019 arrancaba en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre el caso Avalmadrid. Sobre la mesa está el "presunto trato de favor y las irregularidades" cometidas por la sociedad semipública Avalmadrid en la concesión de garantías a empresas y su posterior recuperación cuando no eran devueltas. Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número deavales se otorgaron apersonas vinculadas con el PP o con consejerosde la propia Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.
La empresa de la que eran accionistas los padres de Isabel Díaz Ayuso, MC Infortécnica SL, dedicada a la distribución de suministros médicos, obtuvo un aval por importe de 400.000 eurosen marzo de 2011, del que no se devolvió ni un euro. Es más, como desveló este periódico, durante años Avalmadrid no hizo nada por cobrar esa deuda. Ello permitió a los padres de Díaz Ayuso y a otros cuatro avalistas desprenderse del patrimonio que habían presentado para obtener la garantía. Una operación que podría llegar a ser constitutiva de un delito de alzamiento de bienes. Lo comete quien enajena u oculta patrimonio para evitar que un acreedor cobre su deuda. Y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión de bienes.
A Ayuso sus padres le donaron una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí (Madrid) y a su hermano, una vivienda unifamiliar de 212 metros en Sotillo de la Adrada (Ávila). Unos meses más tarde, también les donaron el 100% de las participaciones de Sismédica SL, otra de sus empresas, propietaria a su vez de un local por el que ninguno de los hermanos ha pagado el IBI durante cinco años. Entre otros, ésos eran los bienes que Avalmadrid debería haber embargado para recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió.
Con la vuelta a la normalidad, la comisión de investigación debería seguir con sus trabajos.
PP-CIUDADANOS: La coalición más polémica
Con las elecciones gallegas y vascas como telón de fondo, PP y Ciudadanos, con la mediación de sus respectivas direcciones nacionales, sellaron una especie de tregua que trajo algo de paz al enfrentamiento casi diario que Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado o sus equipos habían protagonizado en los peores días de la pandemia. La tensión fue tal que por momentos llegó a encajar la tesis de una ruptura con dos posibles desenlaces: la convocatoria de elecciones anticipadas o la posibilidad de que Cs se acercase al PSOE para lograr la investidura de un candidato alternativo a Ayuso. El PP cogobierna con el partido naranja en el Ayuntamiento de Madrid, en la Región de Murcia, en Castilla y León y en Andalucía y en ninguna de ellas la relación con su socio es tan tensa como en Madrid.
Es cierto que nada ha tensionado tanto la convivencia entre Aguado y Ayuso como la crisis del covid-19, donde los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero (PP) y Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), han chocado con el drama de las residencias como telón de fondo. Pero antes de que estallara la pandemia PP y Cs ya habían tenido sus más y sus menos. A Aguado no le gustó mucho que la presidenta fichara a Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete. Sucedió el 21 de enero. Ese día comparecieron ante la prensa Ayuso y Aguado tras el Consejo de Gobierno. El líder regional de Cs no ocultó que el nombramiento no es de su agrado. Es más, aseguró que desde el partido naranja habían mostrado su "disconformidad" con el mismo.
El vicepresidente madrileño no concretó las razones de su rechazo al nombramiento de Rodríguez. Pero en las redes sociales, el que fuera secretario de Estado de Comunicación del expresidente José María Aznar había volcado tiempo antes algunos ejemplos de por dónde podía venir el malestar. En el mes de septiembre, después de que Cs apoyase la creación de la Comisión de Investigación del escándalo de Avalmadrid, pidió desde su perfil de Twitter [@marodriguezb] que se investigase el contrato "por la cara" (102.000 euros, precisó) que el padre de Aguado había recibido de la Asamblea de Madrid. "Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿no?".
Se refería a una adjudicación de 106.000 euros que recibió la empresa del padre de Aguado en 2011 para la renovación tecnológica de la infraestructura de comunicaciones. En Ciudadanos ven "la mano de Miguel Ángel Rodríguez" en muchas de las decisiones más polémicas de la presidenta.
De cara al nuevo curso político, sectores del PP de Madrid esperan una remodelación del Ejecutivo autonómico que sirva de impulso a un equipo "muy desgastado", sobre todo en las consejerías que han gestionado la crisis del covid-19 más de cerca. "La única manera de que Ciudadanos entregue la cabeza de Reyero, sería que Ayuso entregase la de Ruiz Escudero", considera un dirigente de los conservadores madrileños. Tampoco se descarta una reducción de consejerías. Esto permitiría a la presidenta hacer una concesión a Vox y allanar el camino a los presupuestos.
Choque con el Gobierno central
El PP madrileño ha aprovechado el escaparate que les da llevar las riendas de la Comunidad para confrontar con Pedro Sánchez como si se tratase de dos instituciones en igualdad de condiciones. Nada más llegar a la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, Ayuso avisaba de que, de llegarse a conformar un Gobierno central entre PSOE y Unidas Podemos, ella les haría frente. Con bajadas de impuestos y defendiendo la unidad de España.
Después, en pleno estado de alarma, la presidenta regional y sus fieles se esforzaron en dibujar a un Gobierno central que no hacía sus deberes a la hora de lograr material de protección para las comunidades autónomas y que, además, ponía trabas a que lo hiciesen las autonomías.
En ocasiones, Ayuso llegaba tarde o se retiraba antes de tiempo de las reuniones telemáticas de la conferencia de presidentes que convocaba los domingos Pedro Sánchez, lo que no sólo escocía en el Ejecutivo, sino también en el resto de presidentes autonómicos, algunos de su propio partido.
A medida que fueron mejorando los datos de contagios y se estabilizaron los ingresos hospitalarios y redujeron las muertes, la Comunidad de Madrid demandó al Gobierno central que les permitiese pasar de la fase 0 a la fase 1, con menos restricciones para el movimiento de los ciudadanos. Y las críticas que en su día se vertieron contra Sánchez por no gestionar bien el "mando único", se convirtieron en críticas por lo que en el PP consideraba motivaciones políticas para no permitir a la región el salto de fase. Logrado ya el salto de fase, se volvió a la casilla de salida, culpando a Sánchez de querer convertir el aeropuerto de Barajas en otro 8M demandando "medidas efectivas de prevención y contención que contribuyan a evitar la importación de casos de covid-19 por pasajeros de vuelos internacionales".
Para Ayuso y su equipo, el Ejecutivo regional se ha adelantado siempre al central. Y ponen dos ejemplos: el hospital de Ifema. Y el bautizado como "hospital de pandemias" que se está construyendo cerca de Ifema y que estará en activo, según los planes de la Comunidad en octubre o noviembre. Contará con 1.000 camas y costará, en principio, unos 50 millones de euros.
La crisis del covid-19: del drama de las residencias a los rastreadores
Uno de los requisitos que la Comunidad de Madrid tuvo que acreditar para los saltos de fase es que tenía a punto el personal para el rastreo de casos covid-19. Es decir, la plantilla necesaria para hacer el seguimiento a los contactos de los contagiados y evitar así una mayor propagación del virus. A tenor de lo ocurrido en la última semana, la Consejería de Sanidad ha llegado tarde. La Comunidad de Madrid había mantenido oculta la cifra de rastreadores hasta que el 23 de julio el vicepresidente Aguado admitió que eran 182. Los epidemiólogos coinciden en que para una población como la de Madrid harían falta entre 800 y 1.200 rastreadores.
Ahora, esta semana, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid aseguran que ya hay trabajando más de 400 rastreadores. En ellos se incluirían los 22 contratados a través de Quirón Prevención. La semana pasada, en plena polémica por el incremento de contagios en la región, la Consejería de Sanidad adjudicaba un contrato a esta empresa privada por el que veinte auxiliares de enfermería y dos médicos se sumaban a las tareas de rastreo de casos covid-19. El Ejecutivo autonómico justificó el procedimiento de urgencia y el recurso a la privada apuntando a la situación sanitaria. Pero epidemiólogos y sindicatos han desmontado estos argumentos. Madrid, coinciden, sabían que tenía que actuar hace meses. Y no lo hizo hasta que los contagios se dispararon.
La idea de la Comunidad de Madrid es que esos más de 400 rastreadores crezcan en número. Y no o
A este episodio se suma otro muy grave, el de la situación en la que han estado los mayores alojados en residencias durante la pandemia. Según informó este diario, el Gobierno de Ayuso aprobó el 18 de marzo un protocolo que en la práctica impedía trasladar a los hospitales a buena parte de las personas que vivían en residencias, al establecer como criterios de exclusión padecer un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En los dos peores meses de la pandemia, marzo y abril, la aplicación de ese protocolo se tradujo en que 7.291 personas fallecieron en los geriátricos sin ser trasladados a un hospital. Una cifra que equivale al 77% de todos los residentes fallecidos (9.470), por covid-19 o por cualquier otra causa.
Esta población tampoco pisó el hospital "milagro" de Ifema, calificativo al que recurrió la propia Ayuso. De los 472 geriátricos que estaban operativos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en 470 no se realizó ni un solo traslado a Ifema. Los otros dos centros enviaron en total 23 personas: 12 la residencia Monteverde, de Villaviciosa de Odón, y 11 la Sol Salud, de Collado Villalba. El hospital de campaña estuvo operativo seis semanas, entre el 21 de marzo y el 30 de abril.
El papel de la oposición: presiones al PSOE para una moción en la que Aguado es clave
Cada vez con más frecuencia, porque a Ayuso se le amontonan las polémicas, desde sectores de la izquierda y la ciudadanía se dirige la mirada al líder de la oposición, Ángel Gabilondo, para que dé un golpe sobre la mesa y plantee una moción de censura a Ayuso.
Ni el Partido Socialista de Madrid ni el propio Gabilondo niegan este escenario. Pero insisten en la necesidad de que este tipo de pasos se den con todas las garantías. Ayuso ha demostrado, dicen, ser incapaz de gestionar la institución que lidera. Pero han de ser cautelosos con los pasos que dan porque puede conseguirse el efecto contrario. Es decir, fortalecerla. Es lo mismo que se comenta desde que el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal va a conseguir con la moción de censura anunciada para septiembre contra el presidente Sánchez. De confirmarse su presentanción el principal ganador de esos Plenos sería el jefe del Ejecutivo porque Vox no tiene en sus manos reunir la mayoría absoluta necesaria.
En el PSOE apuestan por ir marcando el paso a Ayuso, hacer que se retrate de su gestión. Tal y como adelantó infoLibre, los socialistas van a solicitar un pleno extraordinario para que la presidenta rinda cuentas. La estrategia también pasa por "poner a Ciudadanos ante el espejo", cuentan las fuentes consultadas. Y eso paso, añaden, por ubicarles como corresponsables de esa gestión. "Porque lo son. Porque forman parte del Gobierno y a veces parece que se les olvida", comenta un diputado del grupo con mayor representación en la Asamblea. Sin contar con el apoyo del partido naranja, cualquier intento de los socialistas de expulsar a Ayuso de la Puerta del Sol sería en vano.
La negociación de los presupuestos va a servir para medir el clima y la solidez de la coalición, así como la fuerza de Vox para influir en Ayuso y Aguado. Otra cuestión que puede tensionar la vuelta al curso político de los representantes de los madrileños es la comisión de investigación sobre las residencias de mayores.
En el plano interno, el pasado 2 de julio, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, propuso a José Cepeda como portavoz adjunto en la Asamblea regional. En sectores socialistas, el nombramiento fue interpretado como una vía para endurecer la oposición a Ayuso frente a la posición "más tibia" de Gabilondo.
El PSOE no descarta una moción de censura contra Ayuso aunque "no está decidida ni mucho menos"
Tanto Más Madrid como el grupo de Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie respaldarían una iniciativa de los socialistas para cambiar el rumbo político de la Comunidad.
En Más Madrid también hubo movimientos el pasado mes, cuando la militancia respaldó la candidatura encabezada por la diputada autonómica Mónica García para configurar el nuevo órgano de dirección autonómico. Se completa así un proceso pendiente desde que Errejón volvió a dar el salto a la política nacional a finales de 2019 tras cinco meses como diputado autonómico. Mónica García, médica de formación, ha sido una de las voces más críticas con la gestión de Ayuso en la crisis del covid-19.
Isa Serra, por su parte, sigue siendo la líder del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, un cargo al que recientemente ha sumado el de portavoz nacional del partido morado. A principios de junio, en una entrevista concedida a eldiario declaraba que "echar a Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid es un imperativo moral".
Era miércoles 14 de agosto. Sesenta y ocho síes, los que sumaban los votos del Partido Popular Partido Popular–el suyo–, Ciudadanos y Vox, convertían a Isabel Díaz Ayuso en presidenta de la Comunidad de Madrid. Sólo sacó cuatro escaños de ventaja a los 64 que resultan unir los diputados del Partido Socialista, la formación más votada en las elecciones, Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie. Con su apuesta personal para la Comunidad de Madrid y quien ya ocupaba el cargo de alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Pablo Casado respiraba algo más tranquilo puertas adentro del PP. Haber perdido el Gobierno regional habría alzado las voces descontentas con su forma de llevar las riendas del partido.