Ayuso insiste en la política de apoyo a las clases altas que el PP practica en Madrid desde la 'era Aguirre'

Madrid, 30 de junio de 2020. Para ser martes, la agenda de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es ligera. A media mañana, tiene previsto participar en el acto de clausura de una de las promociones de ingreso a la Policía Nacional. Pero antes, enciende el ordenador para intervenir en un encuentro digital organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. Durante una hora, la líder del Ejecutivo autonómico habla de la situación de la pandemia, de los rebrotes, de la relajación social. Y, por supuesto, de impuestos. "Si no queremos ver cómo el capital se va tenemos que ser atractivos. Y atractivos no es maltratando. Y, desde luego, efectivamente, dando un trato desigual a muchas personas que probablemente tengan un mayor poder adquisitivo, pero porque también están generando más puestos de trabajo".

Aquellas palabras provocaron un enorme revuelo en la oposición. Tanto, que desde la Puerta del Sol se vieron obligados a matizarlas asegurando que la presidenta no defendía "un trato fiscal desigual". "En todo caso sería para los que crean puestos de trabajo, no para los más ricos", dijeron a Nius. Y ahí quedó el asunto, con la duda abierta sobre si lo que dijo era lo que realmente pensaba o solo fruto de una mala explicación. Sea como fuera, de lo que no hay duda alguna es de que en los dos años que lleva al frente del Ejecutivo regional Ayuso ha continuado profundizando en aquellas políticas que premian a las clases altas en Madrid y que se han convertido en el sello de identidad del PP en su principal laboratorio de ideas neoliberal.

Este jueves, el Gobierno madrileño sacó adelante con el respaldo de la ultraderecha en la Asamblea autonómica una de sus principales promesas electorales en materia impositiva: la rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a pesar de que el gravamen ya era el más bajo de todo el país. Una bajada que tendrá un coste para las arcas públicas de más de 300 millones de euros y de la que, según se encargó de señalar el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, "se beneficiarán todos los madrileños". Una "cortina de humo" –a ojos de la oposición– de las "gigantescas rebajas fiscales" a los contribuyentes más ricos.

En términos relativos, es cierto que el ahorro se concentra en las rentas más bajas. Así, según los cálculos que maneja Hacienda, en el tramo con base liquidable de hasta 12.450 euros el ahorro será, de media, del 5,6% sobre la cuota inicial, mientras que en el tramo con base liquidable superior a 53.407,21 euros será del 2,8%. Pero la cosa cambia, sin embargo, en términos absolutos. En el primero de los casos, los contribuyentes se ahorrarán de media 4,42 euros –36 céntimos al mes–, mientras que en el segundo el beneficio será de 507 euros, cien veces más. En el tramo intermedio, el que va de los 17.707,21 hasta los 33.007,20, el ahorro ascendería a unos 86 euros, siete euros mensuales.

Ni Patrimonio ni Sucesiones ni Donaciones

La senda impositiva seguida por Ayuso choca de frente con las recetas que en plena crisis sanitaria y económica han puesto sobre la mesa algunos de los principales organismos internacionales. Es el caso, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su informe de monitorización fiscal del pasado mes de abril proponía aplicar a empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuyese a reducir la erosión fiscal y la desigualdad en plena pandemia. “Los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza”, decía el organismo.

Pero el actual Ejecutivo regional tiene bien claro el rumbo a seguir. Ese que se encargó de marcar hace algo más tres lustros Esperanza Aguirre y que se ha traducido en más de seis decenas de reducciones fiscales desde 2003, cuatro de ellas sobre el IRPF. Actualmente, en la Comunidad de Madrid apenas queda rastro de aquellos tributos que más preocupan a las clases altas. El de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99%. Es decir, que por una herencia de 800.000 euros –vivienda incluida– se tendrán que pagar menos de 2.000 euros, frente a los 81.000 de Castilla y León. Y el de Patrimonio, directamente, al 100%. Es decir, que uno de 1.000 euros pagará lo mismo que uno de 80 millones: cero euros.

Ley para defender la autonomía financiera

La OCDE puso el pasado mes de mayo el foco de forma directa sobre la política impositiva madrileña. "Paraíso fiscal interno", llegó a decir en un informe en el que sostenía que un impuesto de sucesiones, sobre todo si está dirigido a rentas altas, "puede ser una herramienta importante para mejorar la igualdad de oportunidades y reducir la concentración de riqueza". Justo antes de la pandemia, la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en Madrid era la más elevada de toda España. La comunidad acumulaba entonces dos tercios de los patrimonios superiores a 30 millones de euros. Más del doble que ocho años antes.

A pesar de todo ello, Ayuso tiene claro que ese es el camino a seguir. Y que defenderá sus políticas a capa y espada, por más que desde diferentes autonomías y desde el Ejecutivo central se juegue con la idea de una armonización fiscal. De ahí que haya puesto sobre la mesa la denominada Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, un texto que pretenden utilizar como dique de contención frente al establecimiento de unos determinados mínimos impositivos que se pretendan marcar desde Moncloa. Por el momento, el Gobierno madrileño está estudiando las alegaciones recibidas en el trámite de consulta pública para dar luz verde definitiva al texto a la vuelta del parón navideño.

Gratuidad de la educación para hogares con 140.000 euros anuales

La ultraderecha nunca puso limitaciones al Ejecutivo regional a la hora de bajar impuestos. Es más, presionó siempre que pudo para que se hiciera cuanto antes. De hecho, el acuerdo presupuestario suscrito por PP y Vox no recoge absolutamente nada en materia impositiva. Sí que lo hace, sin embargo, en cuestiones educativas. Así, ambos partidos han pactado incrementar los cheques/bonos educativos y el número de beneficiarios en todas las etapas no obligatorias –infantil de cero a tres años, Bachillerato y FP–. La idea, con aumentos anuales del 33% en la primera y el 25% en las otras dos, es avanzar hacia la gratuidad de todas estas enseñanzas.

El acuerdo para incrementar la partida presupuestaria vino acompañado de una ampliación de las rentas que pueden optar a este respaldo de la administración. Frente a los 25.000 euros per cápita en una unidad familiar fijado como límite de renta en la última convocatoria, ahora esa barrera se ha puesto en la media del PIB per cápita en la región: 35.000 euros por cada miembro, según explicaron desde Hacienda. Es decir, que en el caso de una pareja con dos hijos podrán solicitar la ayuda tanto los hogares en los que entren 20.000 euros al año como aquellos en los que entren 140.000 anuales.

Desde Podemos llevan días denunciando que este punto oculta realmente un desvío de 62,5 millones de euros –que es lo que costará la medida este curso– hacia los centros privados y concertados a través de estos cheques. Una medida que ven con buenos ojos en los primeros pero que no termina de convencer a parte de los segundos. "Menos es nada, pero lo que nosotros queremos en realidad es que Díaz Ayuso cumpla con su promesa electoral de ampliar los conciertos educativos", decía hace unos días en declaraciones a La Razón el secretario regional de Escuelas Católicas, José Antonio Poveda.

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Como en materia impositiva, también en lo relativo a la educación concertada la presidenta regional ha seguido al milímetro la línea marcada por sus antecesores. En sus primeras cuentas públicas, el Gobierno de Ayuso ha previsto 1.164,6 millones de euros para los conciertos educativos –111,6 millones más, una subida del 10,6%, respecto a 2019–, frente a los menos de 900 millones que se dedicaban en la región allá por 2009. Y tampoco ha descuidado la privada. Desde que llegó a la Puerta del Sol, el Ejecutivo madrileño ha dado luz verde a la puesta en marcha de cuatro universidades de este tipo.

Incluso en la construcción de enormes infraestructuras ha recurrido a las fórmulas de la era Aguirre. La nueva Ciudad de la Justicia, ese proyecto a imagen y semejanza de aquel otro de nombre similar que ha terminado con la imputación de uno de los vicepresidentes del Ejecutivo regional, se levantará bajo un modelo de concesión, sello de identidad de los siete hospitales semiprivatizados de Aguirre. Es decir, la empresa –o empresas– que se hagan con el contrato asumirán la construcción, funcionamiento y mantenimiento y cobrarán un canon anual de la Comunidad de Madrid durante casi cuatro décadas, una especie de tasa que comenzará en los 50 millones de euros.

Se prevé que la gestora de la Ciudad de la Justicia pueda sacar un beneficio de 230 millones de euros. No es el único proyecto que se pretende impulsar bajo esta fórmula. También se ha planteado para la ampliación del Hospital Niño Jesús. En ese caso, se propuso que una firma asumiese la obra a cambio de construir en paralelo un aparcamiento subterráneo en el centro que poder explotar durante las cuatro próximas décadas.