¿Puede impartirse formación en "memoria democrática" –como exige Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática– con un programa que no menciona la Segunda República, la guerra, la represión, la resistencia, el franquismo ni la dictadura? Sí, se puede. Es más, se hace. Lo hace la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP), en guerra contra las políticas de memoria, que considera –como el resto de su partido y Vox– una estrategia revisionista para reabrir heridas y enfrentar a los españoles.
Al menos dos "actividades formativas" para profesores y catedráticos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la Comunidad de Madrid, rotuladas como formación en "memoria democrática" y cuyas fichas han sido consultadas por infoLibre, están centradas en realidad en el constitucionalismo español, especialmente el texto de 1978, y el terrorismo, especialmente el de ETA. Dos especialistas en formación sobre memoria consultados para este artículo afirman que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprovecha de los márgenes que deja la Lomloe, a su juicio insuficientemente concreta en este campo.
Este periódico trasladó a la Consejería de Educación de Madrid dos preguntas: 1) ¿Por qué se ha elegido este modo de formar en "memoria democrática", desligada de la República, el golpe de Estado, la represión y el franquismo? 2) ¿Considera la Consejería que con estas actividades se da cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática y a la Lomloe? No hubo respuesta. Tampoco hubo respuesta a la pregunta de si ha habido o están previstas otras actividades formativas del profesorado sobre "memoria democrática" en la Comunidad de Madrid, en la ESO o en Bachillerato. La consejería se remite por escrito a lo detallado en las fichas de las actividades, que no dan respuesta a estas preguntas.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, inscribe los dos cursos es una "tradición en el PP". "No me sorprende. Es un clásico", añade Silva, para quien las leyes estatales deberían ser "más claras". A su juicio, existe en España una "doble vara de medir" a las víctimas, en las que las del franquismo y sus herederos reciben un trato peor que las del terrorismo. "Hay dos velocidades", afirma.
El Ministerio de Educación, consultado por infoLibre, conviene en que se trata de dos cursos cuyas fichas no presentan la menor relación con la "memoria democrática", más allá del título. Un portavoz del departamento recalca que los cursos "pueden gustar más o menos", pero se trata "de actividades formativas, no de un currículo". En los currículos, añade, los contenidos de la Comunidad de Madrid están "ajustados a derecho".
"Monarquía y democracia"
Las dos actividades, con plazos de inscripción abiertos en 2023, están programadas por la Consejería de Educación y Universidades, dirigida por el vicepresidente Enrique Ossorio (PP). La primera, actualmente en desarrollo, se llama Valores cívicos y éticos en el aula: memoria democrática, Constitución y Derechos fundamentales y se presenta así: "Este curso [...] facilitará a los docentes herramientas para trabajar en el aula los valores cívicos y éticos de la Constitución española y profundizar en su estructura de derechos y obligaciones fundamentales. También se trabajarán aspectos sobre la división de poderes y la estructura del estado español".
Las ponencias llevan los siguientes títulos: 1) Memoria democrática en España: las constituciones históricas y la génesis de la Constitución de 1978. 2) ¿Qué es una Constitución? Formas de Estado y de Gobierno. 3) Valores y principios democráticos en los textos internacionales y en la Constitución. La Constitución, un catálogo abierto de derechos. 4) Las generaciones de derechos y su evolución. Ciudadanía. 5) Libertades públicas. 6) Derechos fundamentales. Igualdad y educación. 7) Monarquía y democracia. División de poderes en España.
Entre los contenidos recogidos en la ficha de la actividad están las "constituciones históricas" o la "génesis de la Constitución de 1978". Ni una palabra, al menos no explícita, en relación al franquismo, sus antecedentes e implicaciones. La consejería se marca como objetivos "concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la relevancia de la transición política en España, en general, y el proceso constituyente en particular", "profundizar en los aspectos más relevantes de la Constitución española de 1978" y "analizar la trascendencia de la Constitución como marco de convivencia [...]".
La "lacra del terrorismo"
El título de la segunda actividad, cuyo plazo de inscripción está todavía abierto, es Pedagogía del terrorismo y memoria democrática. El sintagma "memoria democrática" no vuelve a aparecer en toda la ficha de la actividad, que se presenta así: "El terrorismo y la violencia son una de las mayores lacras para la convivencia y la democracia en las sociedades mundiales del siglo XXI. Promover los derechos humanos y las libertades públicas frente al radicalismo y el terror, adquiere hoy en día, más transcendencia que nunca en los docentes [...]. Este curso formará [...] a los docentes en la prevención y actuación frente al terrorismo y su intransigencia".
De nuevo no hay una sola alusión a la Segunda República, el golpe de Estado, la guerra, la represión, la resistencia, el franquismo ni la dictadura. El terrorismo, no la "memoria democrática", es el auténtico leit motiv. La organización del curso corre de hecho a cargo del Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas del Terrorismo. Entre sus ponentes hay especialistas en terrorismo, sobre todo de ETA, y una familiar de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Entre los objetivos está "profundizar en el conocimiento del fenómeno terrorista" y "dar a conocer las consecuencias de los atentados, el impacto que puede tener en los adolescentes, en las familias y en la sociedad en general". Todo el contenido está centrado en el terrorismo.
Los cursos de la Comunidad de Madrid que vinculan la "memoria democrática" con el "terrorismo" pero no con la dictadura son incluso anteriores a la aprobación de la ley memorialista.
1812 sí, 1936 no
Isabel Alonso, coordinadora de la Comisión Pedagógica de la Associació Catalana de Persones Ex-press Polítiques del Franquisme, denuncia que con estos dos cursos la Comunidad de Madrid elude deliberadamente la "memoria democrática entendida como la entienden los gobiernos y países que se la han tomado en serio, es decir, como el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".
"La memoria sólo está en los títulos. Llevar el arco cronológico hasta la Constitución de Cádiz [de 1812] o hablar de terrorismo no tiene relación con esta idea de memoria democrática, que se queda fuera de los cursos", señala Alonso, que recalca cómo ni siquiera hay en la ficha de la segunda actividad ninguna alusión al "terrorismo de Estado, el franquista el particular, ni al de ultraderecha durante la Transición", lo que a su juicio denota la mirada parcial sobre el fenómeno.
Alonso trabaja actualmente en un artículo –que será publicado por el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de la Fundación 1º de Mayo, de Comisiones Obreras– en el que recoge estos dos cursos de la Comunidad de Madrid como ejemplos de elusión de la "memoria democrática" en la formación del profesorado. No es el único obstáculo al que se enfrenta la "memoria democrática" para su penetración en las aulas. El trabajo de Alonso también apunta al rechazo político de las comunidades gobernadas por el PP y al sesgo ideológico de los colegios y las editoriales de la Iglesia.
Margen legal
La investigadora cree que el Gobierno de Ayuso se beneficia del margen legal que la normativa deja a las comunidades. Por una parte, Alonso destaca avances tanto en la Ley de Memoria Democrática como en Lomloe. Por otro, cree que estos avances han dejado, no obstante, "márgenes" para un "bloqueo o tergiversación".
La ley memorialista recoge en un su artículo 44 que el sistema educativo "incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura". Esta obligación va acompañada de otra que se refiere a la formación del profesorado. Esta deberá incluir "formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".
El movimiento por la memoria denuncia (dos leyes después) que las víctimas del franquismo siguen sin justicia
Alonso cree que la premisa establecida en la Ley de Memoria no está suficientemente concretada en la Lomloe. La ley educativa recoge en su preámbulo que "el estudio y análisis de nuestra memoria democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico". Este planteamiento está desarrollado en una disposición adicional en la que de forma genérica se establece la inclusión en los currículos del aprendizaje de "los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos" y "el conocimiento de la historia de la democracia en España desde sus orígenes a la actualidad". Esta misma disposición adicional recoge expresamente el conocimiento de la cultura del "pueblo gitano, el "Holocausto judío" y la "lucha por los derechos de las mujeres". Alonso celebra estas inclusiones, pero lamenta que no esté la de la "represión", el "franquismo" y la "lucha antifranquista".
A juicio de Alonso, no debería haber "ningún margen" para rebajar o sortear "de manera malintencionada" la historia de la "durísima represión de la disidencia política, de los que lucharon por el restablecimiento de una democracia que había sido masacrada a través de un golpe de Estado y de una guerra en la que los sublevados contaron con el apoyo del nazismo alemán y el fascismo italiano". Coincide Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y autor de un ensayo sobre los mecanismos de exclusión de la memoria histórica de las aulas. "Ayuso hace sus ayusadas porque puede", afirma Díez, para quien tanto la ley educativa como los currículos deberían concretar la formación "no sólo sobre el Holocausto judío, que me parece perfecto, sino también sobre el Holocausto español, como lo llama Paul Preston".
Díez, impulsor de un manifiesto para evitar el bloqueo de la Ley de Memoria en las aulas, considera un error haber sustituido el concepto "memoria histórica" por el de "memoria democrática", que a su juicio facilita el desdibujamiento del franquismo a favor de la transición y de la Constitución. "Si un solo alumno acaba la educación obligatoria sin conocer la historia de la represión y la lucha antifranquista, estamos provocando un desastre. No podemos seguir así. Tenemos que dejar de ser una anomalía europea y preguntarnos qué hemos estado haciendo en la escuela durante la democracia", concluye Díez, para quien el silencio y la equidistancia sobre los hechos del siglo XX español han contribuido a que siga vivo el llamado "franquismo sociológico".
¿Puede impartirse formación en "memoria democrática" –como exige Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática– con un programa que no menciona la Segunda República, la guerra, la represión, la resistencia, el franquismo ni la dictadura? Sí, se puede. Es más, se hace. Lo hace la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP), en guerra contra las políticas de memoria, que considera –como el resto de su partido y Vox– una estrategia revisionista para reabrir heridas y enfrentar a los españoles.