El Consejo de Gobierno de Madrid aprobó el pasado 5 de abril una subvención de dos millones de euros a distribuir en tres ejercicios para una asociación constituida por cinco ejecutivos a título personal menos de un mes y medio antes, el 24 de febrero: la Asociación Patio Campus, que el Ejecutivo regional definió por esas fechas como “el mayor campus de emprendimiento e innovación de España e Hispanoamérica especializado en movilidad, moda, turismo y hostelería”.
La ayuda fue aprobada en virtud de un convenio que, según un certificado ajeno a los cauces oficiales y expedido para infoLibre por la asociación, fue suscrito con gran celeridad ese mismo 5 de abril. Su contenido resulta de momento un misterio: portavoces de la Consejería de Economía rechazaron proporcionar una copia y comunicaron que se conocerá cuando el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) lo publique en alrededor de tres semanas.
Los cofundadores de Patio Campus tienen vínculos profesionales con algunas de las siete empresas que, siempre según la versión de la nueva entidad, se sumaron como "socios principales" una semana antes de que el Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso aprobase conceder dos millones para Patio Campus.
Según la asociación, cada una de esas siete compañías se ha comprometido a aportar 200.000 euros a la entidad aunque el anticipo será de 50.000. infoLibre solicitó a sus portavoces acceso a los documentos oficiales que así lo acrediten. Tras una semana de espera de documentos oficiales, Patio Campus rehusó hacerlo: por "protección de datos". Solo facilitó el acta de constitución, donde solo aparecen los cinco ejecutivos cofundadores y los estatutos. Desde las filas del Gobierno de Madrid, fuentes de la Consejería de Economía adujeron que difundir esos papeles corresponde a la asociación. Y ello pese a que la administración madrileña pertenece como "socio patrocinador".
La lista de empresas participantes como "socios principales" la forman L'Oreal, BMW, Inditex, Pascual, Iberia, Mahou y el gigante inmobiliario Merlin Properties, la mayor socimi (sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria) del país. El domicilio social se localiza justamente en un edificio de Merlin Properties en el llamado distrito financiero: Azca, junto a la Castellana, y así lo reflejan tanto los estatutos de la asociación como el certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones.
La sede estará al completo en obras hasta otoño, como atestiguan los carteles de su fachada. La asociación se limitó a señalar que el inmueble se está construyendo. Y anunció que Merlin Properties le cobrará un alquiler cuya cuantía está por determinar. La asociación dispondrá en principio de 120 áreas de trabajo –los llamados desks– en el coworking de Merlin. Según informaciones obtenidas por este periódico, el precio aproximado del alquiler de cada desk en esa zona oscila entre 500 y 600 euros al mes aunque no se conocen las cifras que deberá abonar Patio Campus.
Expertos consultados por este diario aseguran que, si bien llama la atención que el domicilio social de una recién creada entidad sin ánimo de lucro no sea de momento el real, la jurisprudencia permite que transcurran varios meses entre su aparición en textos oficiales y su apertura como sede de la asociación. Otra fórmula factible habría sido la de modificar el domicilio social cuando el edificio ya estuviera listo para su uso.
A la pregunta de si con anterioridad se han otorgado ayudas de tal magnitud como la de dos millones otorgada a Patio Campus, las fuentes consultadas en el Gobierno de Madrid se remitieron a las que, para 2021 y 2022, se concedieron por un total de 2,85 millones y 3,028 y mediante convenio a los dos principales sindicatos del país, UGT y CCOO, dentro del plan de riesgos laborales de la Comunidad. Un portavoz de la federación madrileña de CCOO, que cuenta con 144.348 afiliados según sus datos, aseguró que la negociación sobre el convenio duró un año: de septiembre de 2020 al mismo mes de 2021.
Un procedimiento rápido y articulado en "diversas reuniones"
Respecto a qué fecha y con qué documentos y argumentación solicitó la asociación a la Comunidad de Madrid la ayuda de dos millones aprobada el 5 de abril, la respuesta del Ejecutivo fue la siguiente: “Ha sido el resultado de diversas reuniones que se han mantenido entre ambas partes, como ocurre cuando una empresa o entidad presenta un proyecto. En este caso, el objetivo es poner en marcha un campus de emprendimiento referente en Europa e Hispanoamérica”.
Este periódico preguntó también a la Consejería qué motivo ha llevado a la Comunidad de Madrid a promocionar una asociación creada hace dos meses por cinco personas físicas y que promete favorecer las startups mientras las universidades Complutense, Autónoma, Carlos III y Rey Juan Carlos disponen de programas y centros de emprendimiento. “Se trata –contestaron sus portavoces– de una colaboración público-privada para poner en marcha un proyecto único en España que se complementa con otras actuaciones de la Comunidad de Madrid”.
En el documento de constitución, la Comunidad de Madrid no figura como partícipe. De la rapidez del procedimiento habla un primer dato: la asociación quedó oficialmente inscrita en el Registro de Asociaciones de Madrid apenas una semana más tarde de su constitución, el 1 de marzo. Según el Gobierno regional, la Comunidad solicitó incorporarse a la asociación días después, el 7 de marzo, y dos jornadas más tarde aprobó su entrada la junta directiva de la entidad.
En conversación telefónica, el presidente de la asociación, Javier López Zafra, vinculado a L'Oréal, se pronunció en estos términos: "Se constituyó por un grupo de personas físicas que son los socios ‘promotores’ que gestaron la idea y acudieron ante el notario a constituir Patio (personas en su mayoría vinculadas a las corporaciones que luego se han sumado a Patio). Una vez constituida la asociación se debe inscribir en el registro de asociaciones y ello requiere un tiempo. Una vez inscrita la asociación, ya tiene personalidad jurídica y pudimos iniciar la incorporación de los socios principales (las 7 corporaciones), que fueron entrando una a una tras cumplir todas las formalidades exigidas en sus respectivos protocolos internos La Comunidad de Madrid se adhirió como socio patrocinador una vez comprobado que accedían los socios principales". A partir de ahí, agregó, comienza la negociación de Patio con el propietario del futuro edificio. O sea, con el también socio principal Merlin Properties.
Merlin Properties y cómo justificar la huida de grandes fortunas
Merlin Properties está capitaneada por Ismael Clemente, cuya intervención resultó crucial para que en 2013 el fondo buitre Blackstone adquiriese 5.315 inmuebles (1.800 pisos más garajes y trasteros) al Ayuntamiento de Madrid en una operación de que llevó al Tribunal de Cuentas a imponer por responsabilidad contable una sanción de 25,7 millones a la entonces alcaldesa, Ana Botella, y otros cargos de su equipo. El tribunal calificó aquella venta de ilegal por el bajo precio abonado –128,5 millones– y señalaba que Blackstone había dispuesto de información “privilegiada” . A los seis meses, la condena fue revocada mediante una resolución aprobada con el voto de dos consejeros del Tribunal de Cuentas elegidos a propuesta del PP: uno de ellas, Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia bajo el mandato de José María Aznar.
En 2018, Blackstone compró al Santander, al BBVA y a Merlin Properties el 50,01% del capital social de Testa Residencial, primera compañía de pisos en alquiler del país con unas 10.700 viviendas, por importe 947,68 millones de euros.
El pasado 30 marzo, Ismael Clemente hizo unas declaraciones susceptibles de interpretarse como una defensa tanto de Ferrovial en su plan de fuga a Países Bajos como de quien en el futuro opte también por seguir el mismo camino. Ese día, Clemente sostuvo que "son tres millones de tíos los que sostienen el sistema y esto quien no lo sepa es porque no se ha mirado la tarifa de IRPF". El empresario dijo esperar que alguien se plantee en alguna ocasión no sólo “pillar los votos”, sino "sujetar" a esos tres millones que “realmente pagan todo el sistema”.
Fue durante su intervención en el foro Wake Up Spain cuando proclamó que esos pocos contribuyentes con rentas altas y que en su opinión sostienen el sistema están siendo "arrinconados". Y aquí llegó el remate de su rotundo ataque a la política fiscal del Gobierno: "La forma de defenderse que tienen es salir de naja". O sea, huir lo antes posible.
Ese mismo día, Isabel Díaz Ayuso había presentado públicamente Patio Campus, cuyo potencial creador ensalzó y de la que destacó que contará con un servicio regional gratuito de asesoramiento a empresas. “En Madrid –dijo la presidenta– no queremos ciudadanos ni empresas ni proyectos maniatados a la Administración ni que sean rehenes de burocracia interminable ni que seamos los políticos quienes decidimos por dónde ha de caminar la empresa ni invitar con el dinero del contribuyente a pagar nuestros anuncios”.
El Consejo de Gobierno de Madrid aprobó el pasado 5 de abril una subvención de dos millones de euros a distribuir en tres ejercicios para una asociación constituida por cinco ejecutivos a título personal menos de un mes y medio antes, el 24 de febrero: la Asociación Patio Campus, que el Ejecutivo regional definió por esas fechas como “el mayor campus de emprendimiento e innovación de España e Hispanoamérica especializado en movilidad, moda, turismo y hostelería”.