Ayuso interviene Telemadrid tras descalificar a su dirección, que responde con datos: audiencias al alza y solvencia económica

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dio la estocada definitiva a la radiotelevisión pública. La proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular para hacer caer a la actual dirección del ente público, con el que ha mantenido un enfrentamiento permanente durante los dos últimos años, recibió este jueves el visto bueno de la Asamblea de Madrid. La reforma salió adelante con los votos a favor de los 65 diputados conservadores y la abstención de Vox, que decidió facilitar su aprobación poniéndose de perfil a pesar de afear al PP que busque la “intervención política” de la cadena. Su aprobación se produjo después de un intenso debate en el que los conservadores llegaron a acusar a los actuales “órganos de dirección” de abusar de la ley. En cuanto la reforma entre en vigor en las próximas horas, el mandato del actual director, José Pablo López, estará automáticamente concluido y será un administrador provisional nombrado a dedo por el Gobierno el que tome el relevo con funciones plenas.

El Pleno de este miércoles, el primero ordinario tras los comicios del pasado 4M, estaba marcado a fuego en el calendario del Ejecutivo regional. Al fin y al cabo, era el día elegido para abordar la proposición de Ley registrada por los conservadores para tomar el control de la dirección de la radiotelevisión pública. El equipo de Isabel Díaz Ayuso nunca ha escondido su intención de hacer caer a López. De hecho, pocas semanas después de conocerse la aplastante victoria del PP no tenían ningún inconveniente en reconocer desde Sol que estaban trabajando en una modificación de la norma que rige el funcionamiento del ente público. Lo que no se sabía entonces es que sería una prioridad política y que estaría listo para antes del verano. De ahí, la decisión del PP de tramitar la reforma por el procedimiento de lectura única, que impide al resto de grupos introducir enmiendas al texto. En solo una sesión, la reforma se ha convertido en una realidad.

La aprobación se produjo después de un debate intenso. La encargada de defender la propuesta de los conservadores fue la diputada Almudena Negro. La misma que hace poco más de un año acusaba al director de Telemadrid de ser desleal “con el Gobierno para el que trabaja”. Durante algo menos de quince minutos, la parlamentaria trató de justificar la reforma. Lo hizo cargando con dureza contra el actual equipo. “Se han producido abusos de la propia ley por parte de los órganos directivos de la empresa”, llegó a decir durante su intervención, en la que también acusó al equipo de “dejación de funciones” e “irresponsabilidad” por no haber presentado a tiempo el Contrato-Programa, el que fija la financiación del ente. Durante el debate, Ayuso no estaba presente en el hemiciclo. Sin embargo, la presidenta sí que se refirió a la reforma durante la sesión de control. “Un servicio público sin público no es un servicio sino un negocio de cuatro”, dijo.

Negro buscó colocar el mensaje de que el objetivo de la norma no es controlar la dirección, sino garantizar una gestión “eficiente, eficaz, austera y transparente”. Un discurso que desde la oposición rechazaron con firmeza. “Quieren que Telemadrid vuelva a ser la televisión oscura de la época de Esperanza Aguirre. Esta ley representa la nostalgia de los reaccionarios”, dijo desde la tribuna de oradores la diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo. Los tres grupos de la oposición coincidieron en que la reforma, que tildaron de “cacicada”, supone un “golpe muy duro” que afectará a la “credibilidad” de la cadena. “Lo que buscan es controlar la información para evitar que se cuenten cosas”, afirmó la diputada socialista Isabel Aymerich. Una “toma al abordaje” que, recordó el parlamentario de Más Madrid, se hace con la colaboración de Vox, la “única extrema derecha pagafantas de Europa”.

Los ultras decidieron ponerse de perfil con este tema. Ni votaron a favor de la reforma ni tampoco en contra. Prefirieron abstenerse. Una posición con la que, no obstante, facilitaron que saliese adelante la modificación normativa de los conservadores. Lo hicieron a pesar de cargar en el debate contra la iniciativa de los conservadores, a los que acusaron de buscar una “intervención política” de la radiotelevisión pública. Y les lanzaron un aviso: “Ahora deben decidir con quién quieren ir de la mano en Telemadrid”. Lo hicieron siendo plenamente conscientes de que sus votos, probablemente, serán necesarios para cuando el Gobierno quiera ratificar en la Cámara regional el nombramiento de su administrador provisional, ese cargo de nueva creación que será nombrado a dedo por el Ejecutivo madrileño para llevar las riendas del ente público hasta que exista el consenso político necesario para nombrar a un nuevo director tras la caída de López.

Las cifras sobre la mesa

Desde Telemadrid, cuyo Consejo de Administración envió la pasada semana una carta a los grupos políticos pidiendo que se paralice la reforma para que puedan estudiar todos juntos cualquier cambio normativo que se considere necesario, prefieren mantenerse por el momento en un segundo plano. Eso sí, se defendieron de las acusaciones llegadas desde la derecha con los datos sobre la mesa. Así, recordaron que la audiencia de los dos canales de Radio Televisión Madrid (RTVM) –Telemadrid y LaOtra– ha crecido de forma sostenida y constante en los últimos cuatro años. Cuando llegó López a la empresa, estaba en el 4,9%, frente al 6,3% de media conjunta en 2020. También negaron que sea un negocio de “cuatro”, como dijo Ayuso. En 2016, solo dos productoras aglutinaban el 75% del presupuesto ejecutado de producción de contenidos, mientras que tras la llegada del nuevo director las dos más potentes pasaron a representar el 35%. Además, sobre la sostenibilidad, RTVM cerró los últimos ejercicios en equilibrio.

El enfrentamiento político sobre el futuro de la radiotelevisión pública estuvo presente en la Cámara de Vallecas antes incluso de que comenzase la sesión plenaria. “La señora Ayuso se quiere cargar Telemadrid porque informa y una televisión que informa como ayer de los errores parece que al PP no le gusta”, apuntó a su llegada a la Asamblea la líder de la oposición, Mónica García. Se refería con sus palabras a la información sobre la brecha de ciberseguridad detectada en los servidores de la sanidad madrileña que dejaba al descubierto los datos privados del rey, presidente del Gobierno, cargos públicos y, en definitiva, miles de ciudadanos. Un problema, del que informó la cadena pública, que fue calificado de bulo por el Ejecutivo madrileño a pesar de que la Consejería de Sanidad reconoció el error. Este mismo jueves, casi al tiempo en el que se debatía la reforma, el ente público decidió llevar sus hallazgos ante la Fiscalía. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha iniciado una investigación al respecto.

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Un derribo tras dos años de tensiones

Desde la llegada de Ayuso a la Puerta del Sol, la ofensiva del PP contra el actual director de RTVM ha sido continua. “Si fuera leal con el Gobierno para el que trabaja, la izquierda no estaría aquí haciéndole la pelota, que es exactamente lo que le hace", apuntó en febrero de 2020 Almudena Negro, portavoz conservadora en la comisión de control a Radio Televisión Madrid. "Yo no trabajo para el Gobierno, trabajo para la Administración Pública”, respondió el director general en el órgano parlamentario. Luego llegó la pandemia, aquella entrevista en la cadena en la que Ayuso indicaba a la presentadora qué preguntas no se hacen a una presidenta y el rechazo –luego corregido– de la líder regional de participar en el debate de Telemadrid de cara a la cita con las urnas del próximo 4M. Esas elecciones que pusieron a los conservadores al borde de la mayoría absoluta con más escaños que las tres fuerzas progresistas juntas, una aritmética parlamentaria que le ha permitido sacar adelante la reforma solo con el voto a favor de su grupo y la abstención de la extrema derecha.

La modificación normativa aprobada en el Pleno de la Asamblea afecta a tres artículos del texto actual. Por un lado, expulsa a los colectivos de profesionales de la elección de los miembros del Consejo de Administración. Por otro, reduce de seis a cuatro años el mandato del director general, un cambio que, gracias a una disposición transitoria incluida en la iniciativa, provoca que el mandato de López esté inmediatamente caducado en cuanto entre en vigor la reforma. Se espera que la modificación legal sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en las próximas horas. Y que en los próximos días el Ejecutivo regional desvele a su elegido para asumir el cargo de administrador provisional, que será el encargado de llevar las riendas de RTVM hasta que se elija un nuevo director general –siempre y cuando dos tercios de la Cámara logren ponerse de acuerdo– y que deberá ser ratificado en la Asamblea con el respaldo de la mayoría absoluta de los diputados. Ahí, los conservadores sí que necesitarán los votos a favor de otro grupo político.