Ayuso rechaza la petición del Defensor del Pueblo de realojar a desahuciados por la venta a un fondo buitre
La carta del Defensor del Pueblo a una de las inquilinas desahuciadas por el fondo buitre al que la Comunidad de Madrid vendió 2.935 viviendas sociales en 2013 ha destapado la olla. El Tribunal Supremo anuló en diciembre de 2019 aquella operación, articulada por la antigua Ivima (ahora Agencia de Vivienda Social, AVS) y que benefició a Encasa Cibeles, una sociedad participada por Goldman Sachs y Azora. Pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se niega a realojar de forma automática a quienes acabaron expulsados porque la empresa disparó al menos una parte de los alquileres.
La Consejería madrileña de Vivienda confirmó el viernes a infoLibre que el realojo automático ni se plantea como opción: hacerlo -señalan sus portavoces- perjudicaría a otros ciudadanos "en situación vulnerable". Nadie -agregan- ha presentado queja ni les ha comunicado que se viera obligado a marcharse del piso donde residía, con o sin orden judicial, "porque no podía afrontar la carga económica" de los nuevos alquileres. Dada la situación, y así consta en la misiva a la antigua inquilina del Ivima que encabeza este texto, el Defensor ha iniciado "una nueva actuación de oficio".
Los afectados que aspiren a vivir de nuevo en un piso de titularidad pública como el que habitaban hasta que pasó a manos privadas tendrán que empezar de cero. Como explica en su misiva, el Defensor, Ángel Gabilondo, eso significa “solicitar nuevamente la adjudicación de una vivienda por el procedimiento establecido en los correspondientes reglamentos de adjudicación de viviendas públicas protegidas”.
No se sabe cuántos fueron desahuciados: la Comunidad dice carecer de datos. Otros se marcharon sin someterse a ningún pleito. Simplemente, sus bajos ingresos les imposibilitaban asumir subidas brutales en el precio de alquiler, las que aplicó Encasa pese a que el Gobierno regional había anunciado a los arrendatarios que las condiciones del alquiler permanecerían inalteradas.
Ya en 2016, la asociación de afectados trazó en su web un relato dramático de lo sucedido tras la venta al fondo buitre: “De tener la seguridad de una vivienda digna en la que construir su proyecto vital, [muchas de las familias afectadas] han pasado a la incertidumbre de si podrán o no seguir en ella por mucho tiempo, ya que, pasados los dos primeros años desde la venta, todas aquellas familias que disfrutaban de una ayuda al alquiler la perdieron. Eso ha supuesto, para muchas de ellas, no poder afrontar el pago mensual del arrendamiento, al verse incrementado entre el 100% y el 500%. En otros casos, las familias no han podido ejercer su opción de compra, al no conseguir la concesión de una hipoteca. El resultado ha sido siempre el mismo, el abandono de la vivienda, ya fuera por voluntad propia, para no tener que pasar por el durísimo proceso de una denuncia por impago, o mediante una orden de desahucio".
Seis años después, la Comunidad de Madrid niega conocer cuántos inquilinos se quedaron sin techo. Lo ignora, señalan las fuentes oficiales consultadas, "porque las relaciones contractuales eran entre particulares, arrendador y arrendatario". "Desde que hemos asumido las viviendas -agrega la Consejería- tampoco nos constan reclamaciones dirigidas a la AVS en ese sentido ni nadie se ha dirigido a la Agencia. Nadie nos ha comunicado que se fue porque no podía afrontar la carga económica" una vez que el nuevo dueño era Encasa Cibeles.
Una de las familias desahuciadas a cuya documentación ha accedido infoLibre obtuvo una vivienda pública del Ivima en agosto de 2011. El alquiler mensual: 323 euros. Pero sus condiciones vitales -cuatro miembros e ingresos anuales de 6.390 euros- les llevaron a solicitar una reducción. Primero se le rebajó el 85%. Y en 2013, el 90%. El alquiler se quedó en 44,74 euros mensuales, el mínimo legalmente aceptado en aplicación de la normativa. Esa última bajada lleva fecha del 17 de septiembre de 2013. Un mes más tarde, el fondo buitre se convirtió en el nuevo dueño. Y como se lee en la sentencia que ya en 2018 ordenó el desahucio de aquellos inquilinos, con Encasa Cibeles el precio se disparó hasta los 400 euros. O sea, se multiplicó casi por 10.
"La Recomendación fue rechazada"
Fechado el pasado 29 de julio, el escrito que firma el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recuerda que tras una actuación de oficio iniciada en 2017 la institución hizo la siguiente recomendación a la Comunidad de Madrid: "Que se regulara un procedimiento destinado a asignar viviendas a los adjudicatarios que se hubieran visto afectados por la venta de viviendas públicas protegidas a empresas privadas con el fin de atender sus necesidades habitacionales de manera ágil y eficaz". "La Recomendación fue rechazada", añade la carta. La memoria anual del Defensor sobre 2019 aborda de forma expresa el episodio negro de aquella venta masiva. La de 2021, también. Pero lo que reflejan ambos informes no es nuevo. Soledad Becerril, exministra, antigua alcaldesa de Sevilla por el PP y luego Defensora del Pueblo, ya hizo una advertencia en 2014 a la Comunidad de Madrid. Con la venta al fondo buitre -escribió Becerril- "se ha producido así una privatización total de la situación jurídica de los arrendatarios, que les perjudica, pues antes estaban más protegidos que ahora". Su aviso no tuvo ningún efecto.
Fuentes de la Consejería de Vivienda confirmaron el viernes a infoLibre que el antiguo Ivima y ahora denominada Agencia de Vivienda Social (AVS) no se ha planteado adjudicar automáticamente el alquiler de una vivienda a quienes acabaron haciendo las maletas tras pasar a Encasa la propiedad de 32 promociones públicas por 200 millones de euros. ¿Por qué se descarta? "Porque sería adjudicar de forma excepcional a un grupo de población en perjuicio de otros en situación vulnerable. Sería no cumplir con el procedimiento reglado de la Agencia de la Vivienda Social. Además requeriría cambio de normativa de adjudicaciones sobre un criterio posiblemente discriminatorio".
En su misiva a la desahuciada, Gabilondo anuncia que ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura que informe "sobre cómo y en qué plazo, siquiera estimado, se va a ejecutar materialmente la resolución judicial relativa a la venta de las viviendas afectadas". Es decir, la que dictó el Supremo en diciembre de 2019. El alto tribunal rechazó entonces los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y el fondo buitre contra una sentencia previa que ya anulaba la venta: la dictada en mayo de aquel año por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La justicia anuló la operación porque el Ivima -Instituto de la Vivienda de Madrid- no explicó las razones de la venta. En contra de lo que preceptúa la ley, tampoco acreditó que los pisos hubieran dejado de ser necesarios para cumplir un fin social.
El Defensor ha pedido información sobre la que probablemente es una de las cifras con mayor relevancia: "Número de adjudicaciones que han tenido que abandonar las viviendas por no poder hacer frente a las nuevas condiciones de sus contratos". Pero, como aparece en un párrafo anterior, la Comunidad ya ha respondido a infoLibre que no posee tales datos
