"Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crean ciudadanos de primera y de segunda. De segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos". Las palabras con que Isabel Díaz Ayuso habló así el sábado a quienes se alinean cabizbajos en espera de comida amenazan con convertirse en una cita para la posteridad [Ver vídeo, a partir del minuto 1.15]. El lunes quiso matizar lo dicho. Lo hizo así: "Nadie quiere estar subvencionado" pues todos los ciudadanos desean trabajar por sí mismos porque "tienen dignidad".
Pero la definición de "mantenidos subvencionados" ya se ha anclado. Y pone sobre la mesa que quienes la brutal crisis del covid apartó de una patada en algún momento del último año constituyen en sí mismos el reverso de un espejo que refleja otras caras: las de mantenidos que, como la presidenta de Madrid y candidata del PP a la reelección, emprendieron su carrera también en una cola de avance lento pero abrigados por sueldos públicos como personal elegido a dedo. Y para la jefa del Ejecutivo regional, el verdadero currículum –cuyo significado literal es el de carrera– que la mantuvo y catapultó a la cúspide institucional madrileña comenzó en febrero de 2006. Tenía 27 años.
Exactamente fue el 14 de febrero de 2006 cuando Ayuso se incorporó como "personal eventual" a la estructura institucional de la Comunidad. Primero, empezó en la Consejería de Justicia. Y después pasó al gabinete técnico de Presidencia con Esperanza Aguirre. La biografía sintetizada de Díaz Ayuso que este lunes seguía ofreciendo la web de PP madrileño incluye un tercer cargo de esa naturaleza. Pero difuso: "asesora de madrid.org", la web del Ejecutivo autonómico, ahora reemplazada por el dominio comunidad.madrid. Según la información del Portal de Transparencia difundida por la web losgenoveses.net, el sueldo de Ayuso ascendió en 2006 a 22.441 euros. Al año siguiente, todo mejoró. La cola empezaba a avanzar más rápida. Y sus ingresos anuales pagados por la Comunidad de Madrid se elevaron a 38.805,55 euros.
"Los comunistas no quieren que me paseen. No quieren libertad. ¡Guau!": Pecas se adelantó al lema del PP
Vinculada desde marzo de 2005 y según su perfil en Linkedin al departamento de Comunicación del PP de Madrid, todavía quedaba lejos la época en que Ayuso manejó en las redes sociales la presencia de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. Trasunto de la entonces poderosa líder de la derecha madrileña, Pecas difundía chistes, bromas y mensajes que penduleaban entre la adhesión inquebrantable a su dueña y el mazazo a sus oponentes. Seis días antes de las elecciones municipales a las que concurrió Aguirre y con modos de personaje profético, el perro publicó el 18 de mayo de 2015 un tuit que anticipaba el que ahora ya se ha consagrado como lema electoral. El texto de la cuenta de aquel can imaginario pero basado en hechos reales y que gestionaba Díaz Ayuso jugaba con el humor. Pero apuntaba justo en la misma dirección que el ya célebre "comunismo o libertad" de este 2021: "Los comunistas no quieren que me paseen. No quieren libertad. ¡Guau!".
El tuit profético del perro Pecas de Esperanza Aguirre, la cuenta que gestionaba Isabel Díaz Ayuso
Así que sin intervalos ni parones, la cosa pública ha mantenido a la hoy presidenta desde aquel 14 de febrero de 2006. Ocurrió incluso cuando en 2009 se incorporó a Madrid Network, una asociación privada que nunca ha presentado cuentas en el registro público y que desde su inicio se nutrió y engordó gracias a la financiación del Gobierno de Madrid. El Ejecutivo movía los hilos del andamiaje directivo de la rimbombante Madrid Network –la presidía el consejero de Hacienda– pero driblaba a la oposición en la Asamblea regional con el argumento de que no se trataba de un organismo público. En Madrid Network, Díaz Ayuso trabajó en el departamento de Comunicación, y así lo confirmó su equipo a infoLibre en 2019.
De la opaca Madrid Network a diputada en la Asamblea regional
Como la cola en que se encontraba aquella joven con hambre política seguía hacia adelante, el sueldo que la mantenía subió otra vez. Bastante gracias a Madrid Network y así lo publicó el diario El País. Ahora, se colocó en 4.219 euros netos mensuales. La cuantía resulta irrelevante si se tiene en cuenta que tras un convenio firmado sin que nadie más pudiese optar a su firma, la Comunidad de Madrid entregó a Madrid Network 80 millones de euros para créditos extremadamente blandos y de los que se beneficiaron, como mínimo, dos antiguos altos cargos autonómicos: el primero, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, impulsor de la cacería que desarboló el hospital Severo Ochoa de Leganés con falsas acusaciones de que el equipo de urgencias había cometido "400 homicidios" mediante sedación ilegal; el segundo fue Ildefonso de Miguel, exgerente de la empresa de aguas Canal de Isabel II y durante años mano derecha de Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre y hoy principal imputado por corrupción en el caso Lezo. A tenor de las informaciones conocidas y salvo que se haya producido un viraje drástico desde el verano de 2019, al menos Lamela nunca devolvió el préstamo.
En 2011 se convirtió en director de Madrid Network Aurelio García de Sola, "pariente de Esperanza Aguirre""pariente de Esperanza Aguirre" como se encargó de señalar en una de sus declaraciones judiciales el antiguo número 2 del PP madrileño, Francisco Granados. Al igual que Granados, García de Sola figura entre los imputados del caso Púnica. También Esperanza Aguirre. Granados encabeza la marcha de los 200 investigados en la causa y aparece en varias piezas de esas mastodónticas diligencias penales. Aguirre y García de Sola solo constan en la relativa a la financiación del PP. El "pariente" de aquella líder cuyo nombre vuelve hoy al primer plano tras desvelar eldiario.es que su marido simuló una donación para defraudar impuestos y apropiarse de un Goya inédito, ya había dirigido el Imade. ¿Y qué era el Imade? Pues otro opaco y gigantesco organismo público que Aguirre liquidó de un plumazo en diciembre de 2010 y que la Fiscalía Anticorrupción observa como un panzer en la política de (supuesta) financiación ilegal del PP.
Aquel año fue el del salto de pértiga de Isabel Díaz Ayuso: se convirtió en diputada autonómica y portavoz adjunta del grupo parlamentario. Su papel en las campañas de mejora o lavado de imagen de Esperanza Aguirre en internet –"reputación online"–, uno de los asuntos investigados en el caso Púnica, la identificaron en el PP madrileño como una figura de peso en cuanto a comunicación.
En septiembre de 2017, su nombramiento como viceconsejera de Presidencia y Justicia de Madrid implicó un nuevo ascenso. En 2018 consignó en su declaración de IRPF 83.927 euros. Al año siguiente, investida presidenta de la Comunidad en agosto, anotó 98.746 euros.
Para entonces ya había dejado muy atrás su cargo de viceconsejera del departamento con mayor empuje político. Y precisamente fue la declaración de bienes presentada cuando ocupaba aquel cargo la primera en que no reveló el nombre de la empresa que desde abril de 2012 le pertenecía al 50% por donación, Sismédica. Luego, cuando ya en agosto de 2019 se convirtió en presidenta de Madrid, tampoco dio pistas. La semana pasada, y una vez que infoLibre preguntó a su equipo por qué había ocultado el nombre de esa mercantil pese a que la Asamblea de Madrid obliga a los diputados a especificar con qué sociedad poseen vínculos, Ayuso se vio obligada a rectificar su declaración. Según el equipo de Ayuso, las declaraciones de los altos cargos de la Comunidad no fuerzan legalmente a sus autores a descubrir la identidad de ninguna sociedad privada.
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A partir de la rectificación –"subsanación" fue el término empleado por sus portavoces–, Ayuso se negó a explicar por qué Sismédica no ha sido aún disuelta si sus últimas cuentas fueron las del año 2013 y si, tal como ella misma sostiene, está "muerta". Todo aquello era fruto de un "bulo de Podemos". También esas, como las de los "mantenidos subvencionados", fueron sus palabras literales. Y a partir de ahí se explayó en un breve y contundente discurso donde aseguró lo siguiente: "Están hablando de una empresa que no es una empresa, que es una sociedad limitada".
Sismédica, en efecto, es una SL, lo cual no la libra de ser una empresa. Poseía una oficina de 180 metros cuadrados en la capital y cerca de la M30 que terminó perdiendo en 2017 por una deuda. Hasta 2012 había pertenecido a los activos patrimoniales de Leonardo Díaz, padre de la hoy presidenta. La donación de la compañía a sus dos hijos ahuyentó cualquier riesgo de que le fuese embargada tras el impago de un préstamo de 400.000 euros otorgado por Avalmadrid a una tercera empresa. En esa firma, MC Infortécnica, el padre de Díaz Ayuso aparecía asociado con el empresario Juan Carlos Herrero, que a su vez había sido uno de los fundadores de Sismédica: es decir, la compañía cuya titularidad se reparten al 50% la presidenta de Madrid y su hermano. Como desveló infoLibre este lunes, una de las mercantiles que siguen perteneciendo a Herrero ha recibido contratos del Gobierno de Ayuso por casi 130.000 euros.