El banco de ADN: un nuevo paso de la Generalitat que los colectivos memorialistas miran con cautela

Que no desaparezcan los testimonios genéticos de los familiares. Ese era el principal objetivo de Roger Heredia y Joan Malagarriga, sobrinos de desaparecidos durante el franquismo, cuando en el año 2011 pusieron en marcha El ADN de la memoria: Banco de ADN de la UB de víctimas de la Guerra Civil española, una iniciativa de carácter privado realizada en colaboración con la Universitat de Barcelona. El proyecto destacaba por su novedad. Aunque en países como Argentina, Guatemala o Bosnia son vistas con normalidad este tipo de instituciones, que buscan almacenar los datos genéticos para después cruzarlos con los extraidos de los restos de las víctimas, en España no son comunes.

El proyecto de Heredia y Malagarriga volvió a saltar a la palestra el pasado mes de abril, cuando el Ayuntamiento de La Garriga (Barcelona), "en una clara defensa de la memoria histórica", en palabras de su alcaldesa, se encargó de pagar a cinco familias del municipio los 150 euros que costaba cada una de las extracciones realizadas por parte del banco de ADN de la universidad catalana, convirtiéndose así en el primer consistorio de la comunidad autónoma que llevaba a cabo una iniciativa de este tipo. Algo que elogió la responsable del almacén genético, Carme Barrot: "No todas las familias lo pueden costear", señaló en declaraciones a los medios.

Con estas dos experiencias en mente, la Generalitat de Cataluña anunció el pasado lunes que sus departamentos de Exteriors, Justícia y Salut han impulsado un programa de identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista basado en la elaboración de una base de datos genéticos de todos aquellos familiares de víctimas inscritas en el censo de desaparecidos en Cataluña, que aglutina unos 4.700 nombres, con el objetivo de poder cotejar después el ADN de cada uno de los restos que se encuentren durante una exhumación con el aportado por los familiares, pudiendo facilitar de esta manera las identificaciones. El conseller de Exteriors, Raül Romeva, calificó la iniciativa de "deber democrático".

Según explicó la Generalitat, el proceso se distribuye en tres vías. En primer lugar se extraerán las muestras, de forma totalmente gratuita y con la colaboración del sistema público de salud. El Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya se encargará, por su parte, de analizar los restos hallados en fosas comunes y obtener el material genético de ellos. Finalmente, la Direcció General de Relacions institucionals será la responsable del almacenaje de las muestras de los familiares y el posterior cruce de datos, además del asesoramiento a las familias en el caso de que se produzcan coincidencias. "Un paso modesto" e "ineludible" de activar, en palabras de Romeva, todavía sin presupuesto específico.

Una reivindicación que se remonta a 2002

"Es una reivindicación que tenemos dentro de nuestra agenda de peticiones al Gobierno de la Generalitat desde el año 2002", señala en conversación telefónica con infoLibre Manuel Perona, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña, que también recuerda que la creación de un banco de ADN fue planteado en La Moncloa cuando el Ejecutivo socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero estaba en plena elaboración de la Ley de Memoria Histórica. "Es una satisfacción que en Cataluña se lleve a cabo", valora.

El presidente de la asociación memorialista explica que ellos mismos pusieron en marcha hace ahora catorce años "una línea de investigación sobre identificación genética de ADN desde la Universidad Autónoma de Barcelona" que estuvo funcionando hasta que la ausencia de ayudas por parte del Estado para la memoria histórica con la llegada del Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo que se paralizase. Por eso, se alegra de que en Cataluña sea el propio Gobierno autonómico el que haya asumido "la responsabilidad y la tutela de la institución". 

Carente de sentido si no hay exhumaciones

Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, considera que la elaboración de una base de datos genéticos es una "iniciativa interesante" a la hora de conservar las muestras genéticas de gente que ya se está muriendo: "Si no se hiciese, dentro de diez años va a ser mucho más difícil de comprobar", apostilla en conversación con este diario. Peinado, sin embargo, asegura que les parece injusto, de la misma manera que ocurre con las leyes autonómicas, que no se trate de un proyecto a nivel estatal. "No hay que dar lugar a una división de derechos entre las víctimas de un lugar o de otro", afirma el presidente.

También celebra el anuncio el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva: "Todo lo que sea avanzar y buscar a los desaparecidos es positivo. Ojalá lo hagan otras comunidades autónomas". Aunque añade que tener un banco de ADN puede ser "anunciar humo" si la iniciativa no se acompaña con un programa de exhumaciones. "Lo que lo hace realmente operativo es la exhumación de restos. Si esto no se hace, lo único que tenemos serán muestras genéticas almacenadas", apunta Silva. "Ese es el quid de la cuestión. Tiene que ir acompañado de una campaña de exhumaciones de fosas", sentencia Perona.

En concreto, en Cataluña hay unas 370 fosas registradas. De todas ellas, la Generalitat se ha encargado de la exhumación de cuatro: una en Prats de Lluçanès en el año 2004 con siete personas; otra en Gurb en junio de 2008 con trece individuos; la tercera en Serra de Riés en marzo de 2014 que albergaba tres cuerpos; y la última en Torelló en julio del año pasado. "El problema de las fosas en Cataluña es que, aunque hay bastantes localizadas, no existen muchos datos sobre las personas que hay dentro. No se llevaban los informes y registros de todas estas víctimas ya que procedían de batallas o de bombardeos", explica a este diario el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña.

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Años de trabajo en País Vasco

Pero Cataluña no es la única comunidad que tiene en mente impulsar una iniciativa de estas características. La Junta de Andalucía, por ejemplo, anunció a comienzos de julio la creación, en colaboración con la Universidad de Granada, de un banco de ADN en el marco de las acciones que se emprenderán para la recuperación de la memoria democrática en la comunidad autónoma. "Andalucía es referente en las políticas de memoria democrática, y sabemos que nos miran desde otras comunidades por el trabajo que estamos llevando a cabo", señaló en este contexto la consejera de Cultura andaluza, Rosa Aguilar.

Pero Emilio Silva quita la razón al Ejecutivo catalán y andaluz. "El Gobierno vasco se ha responsabilizado desde hace más de diez años de la búsqueda de las víctimas del franquismo. Cuando aparece una fosa se exhuma y se hacen pruebas de ADN con cargo al erario público", afirma el presidente de la ARMH, que añade que lo hacen de forma "automática" y sin presumir de ello.  "Ha grabado testimonios de supervivientes, ha digitalizado centenares de documentos... En definitiva, una política que ha continuado independientemente del cambio de Gobierno", sentencia Silva.