El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, José de la Mata, acordó este jueves la entrada y registro de la UDEF en la antigua sede principal del Banco Pastor de A Coruña después de que la entidad sucesora, el Banco Popular, llevara más de dos años sin aportar de forma correcta la documentación reclamada sobre seis cuentas desde las que se transfirieron 458 millones fuera de España, especialmente a empresas panameñas, en cinco años. Los apoderados de estas cuentas no han pagado impuestos en España, según denuncia un informe de la Agencia Tributaria.
Según las autoridades suizas, Amando Mayo, uno de los imputados, había utilizado los servicios de la sociedad uruguaya Belfast Link para enviar 200.000 euros a un destino conocido. El magistrado dictó un auto el 29 de mayode 2013 en el que reclamaba, por primera vez, toda la información relativa a las cuentas de la mencionada empresa sudamericana y de la agencia de viajes EVES, con la intención de bloquear ese dinero.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria había elaborado poco antes, el 25 de abril de 2013, un informe en el que alertaba al juez de que las dos firmas investigadas podrían haber sido creadas para esconder la identidad de las personas que transferían y recibían el dinero. Y los funcionarios de Hacienda resaltaban el hecho de que los supuestos dueños de las sociedades fueran ciudadanos que vivían fuera de España.
Una sociedad interpuesta
El Banco Popular contestó por primera vez el 14 de junio de 2013, comunicando que los beneficiarios eran dos personas que no vivían en España: Manuel Roel Pérez y Walter Manuel Hernández. En las seis cuentas a nombre de estas dos personas aparecen transferencias de hasta 458 millones de euros. Pero esta contestación estaba incompleta.
Y por eso Hacienda solicitaba más información sobre las cuentas bancarias. Y el 13 de agosto de 2013 el juez Ruz volvió a dirigirse al Banco Popular para que identificara a los auténticos dueños de las cuatro cuentas bancarias desde las que se transfirieron los 458 millones de euros en cinco años. El auto especificaba también que la documentación debía contener, según especifica el juez, "la identificación de los beneficiarios de todas las operaciones de cargo en dicha cuenta y el origen de los abonos. En el caso de cheques, se deberá aportar fotocopia de los mismos".
No contribuyentes
El 16 de agosto, el Banco Popular aportó cierta documentación relacionada con las cuentas, aunque todavía insuficiente: "Analizada la documentación aportada por el Banco Popular, se advirtió que la misma era incompleta por varios motivos. Entre ellos, porque no se facilitó la documentación de apertura de las cuentas. Únicamente se adjuntaron copias de los documentos de identificación de los apoderados", explica la Agencia Tributaria.
El 24 de octubre de 2013 Ruz dictó un nuevo auto en el que acordaba que se realizara un nuevo requerimiento al Banco Popular para que completara la información requerida por la Agencia Tributaria.
El Popular contestó. Pero el pasado 1 de junio Hacienda advirtió de que la documentación, de nuevo, estaba "incompleta", volviendo a solicitar al Banco Popular su colaboración, tal y como consta en un auto de 21 de marzo de 2014.
El 25 de marzo y el 16 de mayo, el banco remitió a la Audiencia Nacional los contratos pendientes de envío, aunque nuevamente sin suministrar datos importantes: "Tras analizar la contestación recibida, se llega a la conclusión de que, con la información facilitada por el Popular, no es posible determinar si el destino último de las dos transferencias de 100.000 euros por la entidad Zorak Associated (Amando Mayo) a través de la cuenta abierta en el Coutts Bank Von Ernest AG Zurich a la cuenta del Pastor de A Coruña registrada este jueves, a favor de la empresa Belfast Link o si esta actúa como intermediaria".
Por todo ella, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez José de la Mata se han hartado de la actitud del Banco Popular en el caso Gürtel: "Conforme detalla precisamente la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria en su informe sobre la Operación Arganda del Rey, ha sido cumplimentada reiteradamente de forma incompleta", explica Anticorrupción en su escrito de 1 de junio. Por eso, el Ministerio Público reclamó al juez la entrada y registro a la sede del Banco Pastor en A Coruña: "A fin de que entreguen toda la documentación que les fue requerida".
En concreto, el fiscal solicitó al juez que requiriera a la entidad bancaria para que "complete" la respuesta de 25 de marzo de 2014: "Aportanto de nuevo los movimientos de las cuentas que a continuación se expondrán cumplimentando todos los campos de cada movimiento, de modo que se identifique al beneficiario/ordenante a través de su nombre y su NIF y aportando la numeración completa de la cuenta beneficiaria/ordenante, con el código de la entidad, la oficina y el número de la cuenta", especifica el escrito de las fiscales de Gürtel.
"No se conoce la entidad"
El informe de 1 de junio de la Agencia Tributaria carga de nuevo contra la actuación del Banco Popular: "No se conoce la entidad, la oficina ni el número de cuenta beneficiaria de la transferencia en 9.056 operaciones por importe total de 571 millones de dólares. Por lo tanto, la entidad bancaria, en la mayor parte de las transferencias emitidas, sólo facilita el nombre del beneficiario sin indicar su NIF ni número de cuenta o entidad destinataria de los fondos”, completa el informe.
Pero el dossier alerta también de que el dinero transferido por la red Gürtel (hasta ahora se conoce el envío de 200.000 euros) podría ser todavía mayor, habida cuenta de que en las dos transferencias de 100.000 euros en 2008 figura la palabra "Guillermo": "Por ello se revisó si existían más operaciones con la misma referencia", localizándose otros 12 movimientos de ocho empresas en las cuentas por un valor superior a los 1,2 millones.
Otros 690.000 euros
Además, el documento de Hacienda deja constancia de que algunas de estas ocho empresas recibieron un total de 690.000 euros desde la cuenta de Zorak Associated. "Amando Mayo debería indicar el motivo por el que ha realizado las transferencias a esta cuenta e identificar al destinatario final del dinero", completa el informe de la ONIF.
Tal y como adelantó infoLibre, el motivo por el que la inspección de Hacienda no puede avanzar en su investigación es porque el Banco Popular, que es el heredero del negocio financiero del Banco Pastor en el que operaban las empresas investigadas, lleva más de dos años sin aportar la información bancaria reclamada tanto por el juez como por la Fiscalía Anticorrupción y la propia Agencia Tributaria.
Sin embargo y de forma sorprendente, fuentes de la entidad volvieron a asegurar este jueves que el Banco Popular y el Pastor siempre han colaborado y lo seguirán haciendo en cualquier investigación iniciada por las autoridades competentes, al mismo tiempo que aportarán "cuantos datos les sean requeridos siempre que los tengan en su poder".
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Vicepresidente argentino
El documento de Hacienda explica, además, que la empresa Belfast Link fue creada el 13 de agosto de 1998 por los ciudadanos uruguayos Marcelo Pereira Darriulat y Fernando Juan Castagno Schickendantz, que según la documentación aportada por el diario argentino La Nación están detrás de la empresa Dusbel, clave en el caso de corrupción por el que está procesado el actual vicepresidente del Gobierno argentino, Amado Boudou.Amado Boudou
Entre los destinatarios de las transferencias de Belfast Link aparecían nombres que coinciden con personalidades de la vida pública argentina citadas en informaciones periodísticas en internet. Como por ejemplo es el caso de Francisco Macri, Víctor Composto, Vanesa Garimaldi, José Carlos Amil López, Adolfo Pittaluga Shaw, Pablo Medrano y Florencio Aldrey Iglesias.
El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Gürtel, José de la Mata, acordó este jueves la entrada y registro de la UDEF en la antigua sede principal del Banco Pastor de A Coruña después de que la entidad sucesora, el Banco Popular, llevara más de dos años sin aportar de forma correcta la documentación reclamada sobre seis cuentas desde las que se transfirieron 458 millones fuera de España, especialmente a empresas panameñas, en cinco años. Los apoderados de estas cuentas no han pagado impuestos en España, según denuncia un informe de la Agencia Tributaria.