Alcaldesa de Valencia hasta 2015, icono del poder local del PP durante dos décadas y aforada ante el Tribunal Supremo por su condición de senadora, Rita Barberá adujo este lunes ante el juez que la investiga por presunto blanqueo que lo desconocía "todo absolutamente de las cuentas" del grupo municipal que dirigió 24 años. Según Barberá tampoco tuvo "como alcaldesa intervención alguna en los contratos celebrados desde el año 2005". Según sus palabras, si algún empresario tenía interés en alguna adjudicación, ella misma "ha prohibido que entraran en su despacho cuando las propuestas estaban en estudio".
En su declaración voluntaria ante el juez del Supremo y exfiscal general Cándido Conde-Pumpido, Barberá ha admitido que aportó 1.000 euros al partido en la campaña de 2015. Pero, como ya hizo antes de que el juez que instruye el caso en Valencia pidiera al Supremo que abriese investigaciones sobre Barberá, la exalcaldesa ha negado que el PP le reintegrara esa cantidad en dos billetes de 500.
Durante casi hora y media, el fiscal ha interrogado de forma exhaustiva a la investigada no solo sobre la entrega de esos 1.000 euros sino sobre la hipótesis central de la investigación desarrollada en Valencia: que ciertas adjudicaciones se otorgaban en función de las aportaciones económicas que los aspirantes efectuaran al PP. El fiscal le ha preguntado por los contratos para la Mostra, el certamen cinematográfico de Valencia, así como por los relativos a un centro cultural –La Rambleta– y a la conversación de dos puentes históricos. Barberá "no dio instrucción alguna" en ninguno de esos contratos, fue su respuesta.
El magistrado Conde-Pumpido solo le hizo una doble pregunta, y así lo refleja el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso infoLibre: la de si a Barberá le devolvieron alguna cantidad de las aportadas al partido y si sabe si se la han devuelto a alguna persona. Barberá respondió con una negativa en ambos casos. El juez debe decidir en pocos días qué pruebas practica una vez le sean solicitadas por las partes. En Valencia, la pieza por la que la exalcaldesa ha terminado ante el Supremo se ha ampliado a un segundo delito, el electoral.
Representada por el exfiscal José Antonio Choclán, la exalcaldesa se ha negado a responder a la acusación popular que ejerce el PSOE.
Qué sucederá con Barberá es todavía una incógnita. El juez Conde-Pumpido ya ha expresado abiertamente su resquemor por el papel que la legislación española atribuye a la acusación popular. La primera pista de relevancia llegará en los próximos días, una vez que el magistrado resuelva sobre las diligencias solicitadas por la Fiscalía, la acusación popular y la defensa.
Lo conoce "por los medios"
De momento, Barberá ha optado por una táctica que las fuentes jurídicas consultadas consideran la más hábil para sus intereses: la de la completa ignorancia. El desconocimiento invocado por la exregidora valenciana la ha llevado a asegurar que solo conoce "por los medios", es decir, por la prensa, "las manifestaciones" de la antigua secretaria del grupo municipal y persona de su máxima confianza, Mari Carmen García Fuster, "con respecto a aportaciones al partido de cantidades muy cuantiosas por parte de terceras personas".
Barberá se refería a cómo García Fuster reconoció ante el juez de Valencia que el PP recibió entre 2006 y 2011 más de 245.000 euros en donaciones. El acta de su declaración resume así las palabras de la senadora: "Que desconoce absolutamente estos hechos, lo conoció a través de los medios de comunicación. La señora Fuster no le comunicó ni le dio cuenta de esas aportaciones".
No obstante, y pese a que ni tenía firma en las cuentas ni sabía a cuál de ellas iban a parar las subvenciones oficiales ni pertenecía al equipo que diseñaba los gastos de campaña ni conocía los ingresos en metálico que la secretaria del grupo hizo en la cuenta investigada -la del Banco Sabadell- ni sabe qué persona era la "encargada de recepcionar las aportaciones de los afiliados y militantes", Barberá ha sido tajante en dos negativas: "Niega absolutamente la existencia de una caja B". Y niega que hubiera "ningún tipo de financiación ilegal". El acta no especifica el porqué de su certeza.
Investigada por el ya conocido como pitufeo, la operativa de supuesto blanqueo basada en múltiples ingresos individuales de 1.000 euros para ocultar una presunta donación de mucho mayor importe, Barberá se ha escudado en sus subordinados. Era el "comité de campaña", al que nunca perteneció, el que "diseñaba las necesidades económicas y distribuía las mismas", ha recalcado.
El acta de su declaración, a la que ha accedido infoLibre, refleja cómo Barberá ha señalado directamente al exportavoz municipal del PP, Alfonso Novo, y a su exvicealcalde, Alfonso Grau, como las dos personas que, en 2015 y 2011 respectivamente, se encargaron de controlar "los ingresos y los gastos" de la campaña. Grau es el marido de la exconcejal María José Alcón, cazada en un pinchazo policial mientras le explicaba a su hijo la operativa del pitufeo. Este lunes, Barberá ha especificado que "el señor Grau era coordinador general en el grupo municipal".
Su misión, "sacar votos"
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Fuentes conocedoras del caso que se investiga en Valencia sostienen que "no hay contradicción" entre lo declarado por Barberá y lo que en su día aseguraron en sede judicial Grau y Novo.
A lo largo de casi hora y media de declaración y tras sufrir un tropezón literal a su llegada al despacho del juez Cándido Conde-Pumpido, Barberá se ha escudado en sus subordinados una y otra vez. Su misión, ha dicho, era "sacar votos".
Barberá admitió que había aportado 1.000 euros al partido en la campaña de 2015 pero negó que, en contra de lo que sospecha el juez que investiga el caso en Valencia, el dinero le fuera devuelto con dos billetes de 500. Ese sistema es el que se conoce como pitufeo: múltiples personas -aquí se investiga a 50- ingresan pequeñas cantidades cuya suma total equivale al de la donación que se pretende ocultar. Quienes han efectuado esos pequeños ingresos reciben luego el reintegro de las cantidades en dinero negro. El origen del saldo bancario queda así justificado. O blanqueado.
Alcaldesa de Valencia hasta 2015, icono del poder local del PP durante dos décadas y aforada ante el Tribunal Supremo por su condición de senadora, Rita Barberá adujo este lunes ante el juez que la investiga por presunto blanqueo que lo desconocía "todo absolutamente de las cuentas" del grupo municipal que dirigió 24 años. Según Barberá tampoco tuvo "como alcaldesa intervención alguna en los contratos celebrados desde el año 2005". Según sus palabras, si algún empresario tenía interés en alguna adjudicación, ella misma "ha prohibido que entraran en su despacho cuando las propuestas estaban en estudio".