Barberá se dirige al juez por escrito para negar que le devolvieran los 1.000 euros de la donación al PP

La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, se dirigió por escrito al juez que investiga el caso Imelsa para asegurar que "en ningún momento" le devolvieron los 1.000 euros que donó al PP para la financiación de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015, dinero que aportó mediante un talón bancario contra su cuenta corriente.

Así consta en el escrito de alegaciones, de once páginas incluida la documentación aportada y al que tuvo acceso Europa Press, entregado al juez del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga la pieza principal del caso Imelsa y la separada derivada de la Operación Taula, centrada en averiguar un presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. En este caso, hay 47 personas investigadas más el PP, entre asesores, exasesores, ediles y exconcejales del grupo municipal.

El pasado mes de febrero el magistrado instructor ofreció a Barberá declarar antes de decidir si elevaba al Tribunal Supremo la causa, como pedía el fiscal, aunque precisaba que no sería ningún interrogatorio. La exalcaldesa aceptó el ofrecimiento aunque no precisó en qué forma la haría. Finalmente, optó por presentar un escrito ante el juzgado en el que da su versión de los hechos.

En el escrito, Barberá indicó que la mecánica empleada para la donación sería, ya que "no se recuerda con exactitud", hacer llegar al grupo popular por servicio interno el talón para que se procediera a su cobro y, como consecuencia, fue abonada en la cuenta del grupo municipal popular designada al efecto.

"En ningún momento se me devolvió dicha cantidad, en consecuencia es absolutamente falso lo dicho en torno a los dos billetes de 500 euros", indicó la senadora, que aportó los movimientos de su cuenta bancaria entre el 1 de marzo de 2015 a 30 de abril de 2015.

Asimismo, aseguró que, como candidata, no intervino en el Comité de campaña, que es el organismo que asume las competencias de organización de la actividad ante un periodo electoral, como la programación de actos, selección de argumentarios o redacción de discursos, entre otros, con el soporte "de la necesaria financiación que diseña, programa y ejecuta el comité de campaña".

La exalcaldesa precisó que en ese organismo –documento que adjunta– no se integró porque es "la candidata" con la finalidad de "captar votos", lo que "absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son las suyas" sino del propio Comité.

Al respecto, añadió que con su responsabilidad no se interesaba de ningún otro asunto y menos de cuestiones que estaban atendidas por ese órgano, que fue el que decidió adoptar como "una medida más" del plan de financiación de 1.000 euros por parte de cargos, candidatos y asesores, una aportación "absolutamente onerosa" sobre la que no se le planteó ninguna condición "ni mucho menos la posibilidad de que le fuera devuelta".

Barberá también hizo referencia a las declaraciones de cuatro exasesores del PP que revelaron que fueron objeto de presiones para que realizaran las donaciones que les serían devueltas al día siguiente en efectivo, en billetes de 500 y explica que formaban parte del equipo de la Vicealcaldía –encabezada entonces por Alfonso Grau–, a quien podían haberse dirigido "por cercanía y confianza" en el caso de haberse sentido alarmados.

Relación con Grau

La exalcaldesa agregó que su relación con Grau no se interrumpió por su dimisión el 16 de marzo de 2015 sino "tiempo después", a partir de la salida de la lista electoral de un familiar directo del exvicealcalde a raíz de la publicación de unas "comprometidas conversaciones públicamente conocidas", indica en alusión a la exedil y esposa de Grau, María José Alcón y a la grabación que se conoció con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

En ese tiempo, afirmó que "jamás" se le dijo que ese grupo de asesores dudaba de la operación de donativos y entiende que nadie les debió amenazar con perder sus trabajos porque esto dependía del número de concejales que obtuvieran en los comicios y de la elección posterior del concejal. De ahí que atribuyó el rechazo de estas personas a realizar los donativos a que su "protector" (Grau) no iba a continuar en la lista y ellos no seguirían de asesores.

La senadora cuestionó la "reacción" de Grau ocho meses después con las manifestaciones públicas y también la conversación grabada a Alcón donde ésta describía el método de blanqueo y en la que afirmó que lo sucedido era "corrupción política total".

Para Barberá, "sorprende" y es "inaudito" que una intervención telefónica acordada el 14 de abril diera frutos un día después y que verse sobre un tema delictivo. De igual modo, expresa "estupefacción" por el anónimo esgrimido como prueba de cargo en contra y que llegó dos días de la conversación telefónica grabada.

Desconocía el significado de "mordidas"

Por último, defendió que en los años en ostentó la Alcaldía "jamás" se produjo "ningún amaño" en adjudicaciones, trato de favor o cobro de comisiones a terceros, "en definitiva, eso que se calificó de 'mordidas', hasta cuyo significado le era desconocido a la declarante".

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De hecho, justificó que se puso como "norma inexcusable" que cualquier adjudicación lo fuera por mesa de contratación plural y con profesionales independientes y cualificados y añade que "nada" saben ni les debía afectar hechos sucedidos en otras instituciones –en alusión a la Diputación– que "nada tienen que ver" con el Ayuntamiento "pese al intento de la acusación de entrelazar" lo mismo.

"Si como se desprende de informaciones periodísticas, personas que hace años y que tuvieron responsabilidades en el gobierno municipal, pudieron verse implicadas en ciertos asuntos, que al día de hoy, tras muchos meses de investigación, con un macro despliegue de medios técnicos y humanos, fiscalías especializadas, etc etc. no se ha concretado judicialmente, será porque de existir algo será de tal oscurantismo y perfección delictiva, que resultaba imposible ser detectado por quien no tiene asumida esa misión por profesión, vocación y sueldo", manifestó.

Y añadió que "nada" se le puede reprochar "por no saber qué negligencia, al no detectar o adivinar esos presuntos hechos acontecidos en alguna concejalía, cuando profesionales de la investigación, fiscales, fuerzas de seguridad, periodistas, 'yonkis arrepentidos', etc.., pese al mucho tiempo transcurrido y medios empleados, no alcanzan conclusiones definitivas".