Los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Ángel Sanchís encabezan la más de una docena de imputados en la parte del caso Gürtel denominada 'primera época' que con sus recursos tratan de impedir que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz les envíe ya a juicio en la principal trama de corrupción ligada al Partido Popular.
Hasta el momento, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que Ruz instruye el caso Gürtel, ha recibido más de una decena de recursos oponiéndose a las intenciones del magistrado de procesar a los tres extesoreros imputados: Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta; pero también a otros 42 imputadosÁlvaro Lapuerta, entre los que se encuentran la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, y exalcaldes del PP como Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda, así como el exviceconsejero de Deportes madrileño, Alberto López Viejo, y el exdiputado del PP en el Congreso Jesús Merino.
45 imputados
De las 45 personas que nombra Ruz en su auto de julio pasado, 21 se sentarían una sola vez en el banquillo. Y lo haríanpor los hechos de la pieza que ahora Ruz quiere separar. Como por ejemplo es el caso del denunciante, José Luis PeñasJosé Luis Peñas. Las otras 24 personas permanecen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.
Los imputados se enfrentan a la acusación de once delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
En el escrito presentado por el abogado Javier Gómez de Liaño en nombre de Bárcenas, el exjuez justifica su rechazo a la decisión de Ruz asegurando que las imputaciones de su defendido, el extesorero del PP, no tienen nada que ver con la trama GürtelGürtel. De esta forma, Gómez de Liaño niega que Bárcenas cometiera el delito de cohecho, asegurando que no recibió dinero de Correa por intermediar.
No fue autoridad
"Porque Luis Bárcenas no tuvo la condición de autoridad hasta que fue elegido senador por Cantabria en 2004. Con anterioridad a esa fecha, nuestro representado no era político, ni funcionario público, ni por ende autoridad ninguna. Asimismo, quizá no esté de más recordar que un senador no tiene facultades de ejecución. Como miembro del poder legislativo, no puede desarrollar facultades ejecutivas", completa el escrito enviado por la defensa de Bárcenas a la Audiencia Nacional.
Según la tesis de Gómez de Liaño, desde el inicio de la fase de instrucción los diferentes jueces han afirmado que Bárcenas había recibido comisiones por ayudar a una serie de empresas. "Pero lo que no se dice -sin duda, porque no hay elemento alguno para hacerlo-, son las fechas, las personas que intervienen, o la obra adjudicada. Únicamente, se deja caer que Bárcenas habría cobrado comisiones".
Además, destaca que el único delito de cohecho imputado a Bárcenas consistiría en el cobro de 72.000 euros en 2007. "Nada más. Una imputación que se ha venido sosteniendo en base a un apunte en el que aparecía la entrega de dinero a un tal Luis el Cabrón", que según Gómez de Liaño nada tiene que ver con Bárcenas.
Francisco Correa
Por eso, Gómez de Liaño recurre la decisión de Ruz y le solicita que abra una pieza separada sobre Bárcenas. De esta forma se desligarían los delitos atribuidos al extesorero de los de Francisco Correa.
En este sentido, el extesorero del PP Ángel Sanchís también ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional, en el que se adhiere a los razonamientos de Bárcenas.
Pero además de los dos extesoreros del partido de Mariano Rajoy, otros imputados intentan evitar que el juez envíe ya a juicio la primera pieza del caso Gürtel. Pablo Crespo, el considerado número dos de la red corrupta dirigida por Correa, resalta que la decisión de partir el sumario para mandar a juicio una primera parte "lesiona gravemente los derechos fundamentales de mi cliente". Además, lamenta que el escrito del juez parece más "un auto de apertura del juicio oral que una mera resolución de despiece".
José Luis Peñas
El letrado considera que el relato de Ruz "incrimina gravemente" a Pablo Crespo, pues le considera "partícipe de buena parte de los hechos presuntamente delictivos. Pero ello no sólo no es así sino que Crespo no formó parte ni participó en ninguna trama organizada para delinquirtrama ".
Pero en el recurso presentado en la Audiencia Nacional, el abogado de Crespo incluye un apartado para atacar al denunciante, el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas: "Se aprecia la clara voluntad tanto del Ministerio Fiscal como del propio instructor en el sentido de subvencionar su actitud de denuncia. Sin embargo, no se tiene en cuenta que dicho coimputado [...] habría estado percibiendo dinero de Correa con posterioridad a 2005. Esto es, se habría estado beneficiando de caudales ilícitos".
Isabel Jordán, una de las empleadas de mayor importancia de la red corrupta, también se opone a la decisión del juez asegurando en su recurso que la escisión de los hechos "en función de periodos temporales impedirá a la defensa de algunos de los imputados esclarecer su participación, falta o grado de la misma en los hechos". Además, Jordán adelanta ya que ella se considera una mera administradora formal, y que no tenía conocimiento de los delitos incluidos en las acusaciones.
Vulnera la Constitución
Otro de los empleados de Correa, en concreto Pablo Gallo-Alcántara, sostiene que Ruz ha vulnerado varios preceptos de la Constitución al mantenerle imputado en la pieza de la época primera y en la principal: "Es poderosamente ilegal y contradictorio que el auto que se recurre mantenga a mi representado en la pieza principal y en la pieza separada que se forma a raíz del auto que se recurre".
El letrado de este trabajador de Correa va más allá en su escrito, argumentando que no encuentra el argumento jurídico "razonable" para que permanezca imputado en dos piezas, "y se le niega el ser juzgado conjuntamente por todos los hechos objetos de imputación, con la posibilidad de hacerlo como delito continuado, por la imperiosa necesidad de llevar a juicio a un grupo de personas".
En este sentido, considera que a algunos imputados se les trata "de manera privilegiada" al eliminarles de unos delitos por los que venían siendo imputados, "y a otros, como a mi representado, se les mantiene".
Los mismos argumentos y la misma solicitud de evitar la partición del caso la presentan los imputados Carlos Ignacio Hemández Montiel Gener, Alicia Mínguez, Antonio Martín Sánchez y el empresario Alfonso García-Pozuelo Asins, expropietario de Constructora HispánicaConstructora Hispánica.
Para este empresario, la decisión de Ruz supone "un gravísimo perjuicio de distintos acusados, entre los que se encuentra García-Pozuelo", al considerar que se les somete "a distintos juicios, nuevos escarnios en la prensa, triplicar la pena de banquillo, y en definitiva socavar sus derechos constitucionales cercenándoles los derechos que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 300) y el Código Penal (artículo 74) les reconoce".
Javier Nombela
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En similares términos se expresa otro empleado de Correa: Javier Nombela: "Al abrir pieza separada, y mantenerle en la pieza principal o aquellas otras que pudieran abrirse, se le está causando una grave indefensión y afectando a sus derechos fundamentales". Además, Nombela asegura que no puede encontrar trabajo por la trascendencia del caso.
Llama la atención que Luis de Miguel Pérez, que según el juez fue quién diseñó la red societaria de Correa en la primera época, hasta la llegada a la trama del empresario Ramón Blanco Balín, llegue a asegurar en su petición de archivo que "no tiene nada que ver con la trama GürtelGürtel".
Por su parte, otro de los imputados, en este caso Antonio Villaverde Landa, asegura que el juez Ruz no es imparcialjuez Ruz al seguir manteniendo su imputación en el caso Gürtel.
Los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Ángel Sanchís encabezan la más de una docena de imputados en la parte del caso Gürtel denominada 'primera época' que con sus recursos tratan de impedir que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz les envíe ya a juicio en la principal trama de corrupción ligada al Partido Popular.