Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a sentarse este viernes por segunda vez ante el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, para prestar declaración como investigada en la causa que se sigue contra ella por un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sin embargo, como ya ocurrió a comienzos de julio, su comparecencia se ha visto frustrada por la decisión de Gómez, que ha entrado por el garaje al juzgado por motivos de seguridad, de acogerse a su derecho a no declarar por recomendación de su defensa, que entiende que el procedimiento "carece en este momento de objeto alguno" y no están "protegidas" las "garantías" de su representada.
La investigación contra Gómez arrancó formalmente a mediados de abril, cuando Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, admitió una querella del colectivo ultra Manos Limpias. Aquella denuncia era, básicamente, una recopilación de informaciones aparecidas en diferentes medios de corte conservador. Y se dividía en varios bloques. Por un lado, estaban los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es a Innova Next, la firma de Barrabés que recomendó Gómez. Por otro, lo relativo al rescate de Air Europa. Y luego había una tercera parte que, directamente, se basaba en informaciones falsas.
La Audiencia de Madrid rechazó, a finales de mayo, los dos últimos bloques. Uno por "inverosímil" y contener "datos erróneos" y el otro, el relativo a la compañía aérea, por considerar que la vinculación de Gómez con el rescate acordado por el Gobierno en plena pandemia era "una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales". Los magistrados solo creyeron, por tanto, que existían "datos objetivos suficientes" que legitimaban el inicio de una investigación en relación con los contratos conseguidos por la empresa de Barrabés. Pero dos de los tres expedientes adjudicados por Red.es a Innova Next dejaron de formar recientemente parte de la causa, después de que la Fiscalía Europea asumiese su investigación.
La defensa, que ejerce el abogado y exministro Antonio Camacho, ha recordado a su salida del juzgado, rodeado de un importante despliegue policial, que el instructor dictó el pasado 1 de julio un auto en el que señalaba que el objeto del procedimiento eran "todos los actos, conductas y comportamientos" de Gómez desde que su cónyuge está al frente del Ejecutivo "en relación a la denuncia inicial" que interpuso el pseudosindicato ultra Manos Limpias. Analizada la misma por la Audiencia de Madrid, dicha instancia superior determinó, como hemos dicho, que solo había "indicios suficientes" en relación con unas adjudicaciones a Innova Next que, posteriormente, fueron remitidas a la Fiscalía Europea.
"Por lo tanto, y siguiendo el auto, consideramos que el procedimiento carece de objeto alguno", ha apuntado Camacho. Sobre todo, ha completado, después de que las diligencias realizadas hasta el momento no hayan detectado irregularidad alguna. Desde que se abrió la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha analizado en dos informes los contratos con los que se hizo en su día la firma de Barrabés. Y no ha encontrado irregularidad alguna. "En líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública", rezaba el último atestado aportado a la causa.
"Un juez de instrucción no puede investigar cualquier cosa, debe delimitar el objeto porque eso es una garantía para los investigados. Y con la delimitación que hizo el pasado 1 de julio, este procedimiento se ha quedado sin contenido", ha vuelto a insistir Camacho, que no entiende "qué guía" a Peinado en lo que considera una "investigación expansiva" que cada vez "se extiende más" y donde las "garantías no están lo protegidas que deberían en un Estado de Derecho". De hecho, la pasada semana la defensa de Gómez ya presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid en el que pedía el archivo de la causa sobre "la vida y obra" de la mujer del presidente del Gobierno.
El informe de la Complutense
La segunda visita de la investigada al juzgado se ha producido pocas horas después de conocerse un informe enviado por la Universidad Complutense al instructor en el que se sugiere que se investigue si la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que dirigió la mujer del presidente del Gobierno, generó algún "perjuicio económico" a la institución. Y en caso de que existan indicios que apunten hacia esa dirección, que se le permita personarse como perjudicada. En este caso, todo gira alrededor de la supuesta "apropiación indebida" de un software elaborado para la cátedra que dirigía.
El centro universitario, por el momento, no ha sido capaz de llegar a nada concluyente en una auditoría interna desarrollada a raíz de la publicación de algunas informaciones. Y así se lo hizo saber al magistrado: "Las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia, o no, de perjuicio sobre su patrimonio". Entre otros motivos, por la "falta de colaboración" de algunos intervinientes. Así, por ejemplo, detallaban que en el momento de presentación del escrito seguían esperando a que Gómez respondiese al requerimiento que le habían hecho. "Esta universidad considera que no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes", reitera el centro.
La Complutense, en dicho documento, sostiene que a comienzos de junio solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud para saber si "alguna marca, modalidad de patente y/o modelo de utilidad" figuraba inscrito a nombre de Gómez o de la sociedad Transforma TSC SL. Una petición que, continúa, arrojó dos marcas a favor de la mujer del presidente del Gobierno. "La Universidad Complutense de Madrid no tuvo conocimiento de la existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios de informaciones referidas a María Begoña Gómez", completaba el informe enviado al magistrado Peinado.
Un extremo que, sin embargo, Camacho ha rechazado. "Mi cliente puede acreditar que la Complutense siempre tuvo conocimiento del registro de ese nombre. E, incluso, se hizo con una unidad de la universidad que se dedica a este tema. Hay correos en donde queda claro que la Complutense conocía dicho registro e, incluso, dio instrucciones de cómo y dónde debía hacerse", ha apuntado el abogado de Gómez. "Supongo, y quiero suponer, que es un error", ha completado.
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a sentarse este viernes por segunda vez ante el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, para prestar declaración como investigada en la causa que se sigue contra ella por un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sin embargo, como ya ocurrió a comienzos de julio, su comparecencia se ha visto frustrada por la decisión de Gómez, que ha entrado por el garaje al juzgado por motivos de seguridad, de acogerse a su derecho a no declarar por recomendación de su defensa, que entiende que el procedimiento "carece en este momento de objeto alguno" y no están "protegidas" las "garantías" de su representada.