La Ley de Amnistía de 1977, que tanta polémica generó en los últimos años, se mantendrá vigente en toda su extensión. Al menos por ahora. Y lo hará gracias al PSOE, que unió sus votos al PP y a Ciudadanos este martes en el Congreso de los Diputados para que así fuera. Casi 41 años después de su aprobación, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias trataron de acabar con la impunidad del franquismo que blinda la normativa, aprobada con anterioridad a la Constitución. Lo hicieron con el respaldo de un buen número de organizaciones internacionales de derechos humanos y hasta de Naciones Unidas, que reclaman su derogación al entender que la norma contradice el derecho internacional al impedir a los tribunales españoles investigar los crímenes cometidos durante la dictadura.
El PSOE ya avanzó que se quedaría al margen de las proposiciones de ley que registraron los grupos de la oposición para reformar la normativa, pero su decisión de inclinar la balanza del lado de la derecha no sentó nada bien a las distintas asociaciones españolas de memoria histórica. "La Ley de Amnistía provoca una situación de inseguridad jurídica para las víctimas del franquismo y una impunidad enorme para sus verdugos", lamenta Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en conversación con infoLibre. No es el único.
Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), se siente "sorprendido" de que un debate de tanto calado "no se enmarque dentro de las reglas que fija Naciones Unidas" y, por ello, califica lo ocurrido como un paso más en la "ofensa permanente" que sufren las víctimas. "Esto sólo ha sido un palo más", añade Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
El PSOE, por su parte, defendió el voto en contra de las proposiciones con el argumento de que "aquella no fue una ley de punto final". Así lo expresó Gregorio Cámara, el elegido por el partido para defender su posición. Así, en opinión de los socialistas, la Ley de Amnistía forma parte de "una política nacional y democrática, la única que puede cerrar ese pasado de guerra civil y cruzadas". No podían, explicó, "dejar desarticulada una ley que fue uno de los grandes pilares de la transición".
Para la oposición y para las organizaciones civiles fue una traición. Sin embargo, no lo entiende así el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz. "La votación tan sólo tenía carga moral", explica, "pues, aunque el PSOE hubiera votado en contra, el PP podría haber paralizado la reforma de la normativa". Pero, además de esta ley, Ranz explica que hay otras normativas que impedirían acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. “Aún quedaría pendiente la prescripción, la competencia objetiva y territorial y el problema de no poder enjuiciar al culpable en el ámbito penal”, explica. Y lo ejemplifica con el caso de las exhumaciones de Paterna en el que, a pesar de estar en vigor la Ley de Amnistía, “el juzgado se desplazó a la fosa”.
No han sido pocas las ocasiones en las que distintas organizaciones internacionales de derechos humanos han suspendido a España en materia de memoria histórica. Sin ir más lejos, el último informe de Amnistía Internacional criticó duramente la impunidad de los crímenes del franquismo de nuestro país. Según recuerda la ONG, los restos de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales siguieron sin localizarse por la falta de aplicación de medidas, "dejando que las familias y las organizaciones interesadas acometieran los proyectos de exhumación sin el apoyo del Estado". Y en esta misma línea se expresó el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones involuntarias de Naciones Unidas en el informe de seguimiento a las recomendaciones que realizó a España en el año 2013. "Hasta la fecha, los familiares están librados a su propia suerte", concluyó el documento.
"Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", criticó Amnistía Internacional. La argumentación española: "No es posible investigar los crímenes denunciados debido, entre otras cosas, a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos".
Ley anterior a la Constitución Española
La Ley, recuerda Emilio Silva, ya se aprobó con "una trampa". Fue en octubre de 1977, en un Parlamento recién constituido tras las primeras elecciones que se celebraron en democracia tras la muerte del dictador. Fernando Álvarez Miranda, diputado de UCD y presidente de la Cámara, anunció el resultado de la votación. La Ley de Amnistía se aprobaba con 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y un voto nulo. En ese momento, todas las fuerzas políticas se mostraron convencidas se que así se enterraban los "muertos y rencores", tal y como dijo entonces el PCE en palabras de Marcelino Camacho.
Sin embargo, el Parlamento surgió de unos comicios "a los que no pudo presentarse el movimiento republicano", recuerda Silva. Y esta es la primera pega. "Ni siquiera había un reglamento parlamentario", critica. Lo que resultó de la votación, en realidad, fue "el blindaje de la impunidad de los franquistas". En el fondo, lo que continúa es el enfrentamiento de esas "dos Españas". "Se está representando la relación de fuerzas entre las víctimas y los verdugos", lamenta Silva.
"Ha quedado demostrado que el franquismo no fue derrotado en ningún momento", argumenta Peinado. "En Europa, en cambio, sí lo fue el fascismo", recuerda. Y esto es lo que, a juicio de todas las personas consultadas por infoLibre, diferencia a nuestro país con los demás que han sufrido una dictadura dentro de sus fronteras. Según explican, en ningún otro Estado se aprobó una "ley de punto final" que aún hoy continúe vigente. "Es imposible imaginarse una fundación dedicada a Hitler en Alemania, pero en España sufrimos y financiamos una fundación creada en honor a Franco", critica Ruiz. Chile y Argentina también son "un ejemplo", explica Ranz.
"Ley de punto final"
A pesar de los intentos por parte del PSOE de argumentar su apoyo al blindaje de la normativa con la explicación de que no se trata de una "ley de punto final", lo cierto es que este discurso no cala entre los miembros de las organizaciones de memoria histórica. Para ellos, en cambio, se trata de un blindaje completo al franquismo y sus crímenes. "La impunidad se ha convertido en una cultura política en nuestro país", lamenta Silva.
Se refleja, por ejemplo, en las exhumaciones que, por otro lado, realizan estas organizaciones. Cuando se encuentran restos humanos, se interpone una denuncia para que se investigue todo lo relacionado con la aparición (quién es, por qué está fuera de una zona habilitada para realizar un entierro, etc.). Sin embargo, "antes de que se pueda saber quién es el responsable de que esa persona esté ahí, se cierra el caso". ¿Por qué? Por la Ley de Amnistía. "No llega a haber ni culpables ni condenados", denuncia Silva. "Se supone que se amnistía a alguien que ya ha sido condenado, pero en nuestro país no funciona así", continúa.
Esto se hace con la ayuda del Gobierno, de Ciudadanos y, tras la votación del otro día, con la del PSOE. "En nuestro país, la Ley de Amnistía no lucha contra los crímenes de lesa humanidad", critica Ruiz. Y el Gobierno, en su opinión, "impide la puesta en marcha de políticas puestas en marcha por organismos internacionales de derechos humanos". De esta forma, el Ejecutivo hace efectiva la frase que, con extrañeza, pronunció el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, antes de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno socialista: "¿A quién le importa eso?"
Acabar con la impunidad
Estas razones explican las críticas de las asociaciones de memoria histórica españolas, que se suman a las de las organizaciones internacionales de derechos humanos y a las de Naciones Unidas. La no modificación de la ley, su no derogación y la continuidad de su aplicación merman, poco a poco, la memoria histórica y blindan, de forma casi completa, la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura. "Al principio, esta ley se consideró una victoria, pero desde que comenzamos las exhumaciones se vio que no lo era", recuerda Silva. Por ello, él lo tiene claro: "Se acaba con la impunidad dejando de aplicar la norma".
Ruiz va más allá y plantea una serie de medidas. Por un lado, exigen a los grupos de la oposición que insten al Gobierno a explicar por qué no han ejecutado las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU y, por otro, que elaboren resoluciones de resarcimiento a las víctimas que funcionen como "políticas de Estado". "Algunas Comunidades Autónomas ya llevan a cabo políticas verdaderas de memoria histórica, pero no tienen competencias reales a nivel estatal", añade Ruiz.
Peinado, por su parte, pide la nulidad de la ley. De esta manera, se podría revisar "a todos los efectos" dónde y de qué manera se ha aplicado.
Y Ranz, en cambio, no pone todo el peso sobre la Ley de Amnistía sino que, en su opinión, acabar con la impunidad del franquismo va mucho más allá. "Aunque se modifique o se derogue, seguiría habiendo problemas", opina. "No supondría un avance tan significativo", sostiene.
La Ley de Amnistía de 1977, que tanta polémica generó en los últimos años, se mantendrá vigente en toda su extensión. Al menos por ahora. Y lo hará gracias al PSOE, que unió sus votos al PP y a Ciudadanos este martes en el Congreso de los Diputados para que así fuera. Casi 41 años después de su aprobación, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias trataron de acabar con la impunidad del franquismo que blinda la normativa, aprobada con anterioridad a la Constitución. Lo hicieron con el respaldo de un buen número de organizaciones internacionales de derechos humanos y hasta de Naciones Unidas, que reclaman su derogación al entender que la norma contradice el derecho internacional al impedir a los tribunales españoles investigar los crímenes cometidos durante la dictadura.