El Constitucional interviene en las Cortes Generales provocando un choque sin precedentes. El Pleno de un tribunal de garantías caducado ha decidido a última hora de este lunes con la mayoría conservadora aceptar las cautelarísimas del PP y paralizar finalmente la tramitación parlamentaria de la reforma impulsada desde el Gobierno para propiciar, justamente, la renovación del propio órgano. Es la primera vez en la historia que el TC paraliza un procedimiento legislativo en marcha. Y lo ha hecho con el voto del bloque conservador al completo, a pesar de que dos de sus magistrados con el mandato caducado habían sido recusados por los dos socios del Ejecutivo al considerar que tenían interés directo en la causa. Al fin y al cabo, la continuidad provisional de ambos en el Constitucional dependía de si salía adelante y entraba en vigor la reforma normativa, que esta semana pasaba por el Senado para su aprobación definitiva.
El cónclave arrancó, a diferencia de lo sucedido la pasada semana, a la hora prevista. Y se prolongó durante más de nueve largas horas. Los magistrados dedicaron toda la mañana a ver si el asunto debía abordarse en el Pleno. En resumen, a decidir sobre lo que ya se había decidido. Un aspecto técnico pero importante. Al fin y al cabo, el recurso del PP habría correspondido a una de las Secciones de la Sala Segunda, donde la correlación de fuerzas es de tres conservadores frente a tres progresistas, pero con el voto de calidad en manos del segundo bloque –Juan Antonio Xiol es el presidente de dicha Sala–. Pero una mayoría de magistrados dieron el visto bueno a que el caso se tratase en el Pleno, donde los conservadores superan en número a los progresistas –seis votos frente a cinco–.
Pero el plato fuerte quedó para después de la comida. Tras dos horas de receso, los magistrados regresaron a Domenico Scarlatti, calle donde se ancla el Constitucional, a primera hora de la tarde. Sobre la mesa, la batalla por las recusaciones. PSOE y Unidas Podemos habían pedido apartar a los dos magistrados con el mandato caducado cuya renovación corresponde al Gobierno –de hecho, el Ejecutivo ya ha designado a sus candidatos–: el presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez. Y esa se había convertido en la única gran baza a la que se agarraban los socios de Gobierno para evitar la paralización de la tramitación de la reforma en las Cortes Generales.
El debate en este punto fue largo e intenso. Al fin y al cabo, la admisión a trámite de las recusaciones implicaba sí o sí paralizar todo el procedimiento hasta que se decidiese si ambos magistrados debían apartarse, algo que podía demorarse más tiempo y que, de acordarse, amenazaba con cambiar por completo la correlación de fuerzas dentro del tribunal de garantías en este caso concreto. Tan encallado parecía el asunto que, incluso, algunas voces del Constitucional no descartaban ya a media tarde la posibilidad de que el cónclave se prolongase durante la jornada del martes, cuando se reúne la Comisión de Justicia del Senado para votar el dictamen y las enmiendas que queden vivas a la reforma del Código Penal.
Un tribunal partido para una decisión sin precedentes
Pero al final el bloque conservador abrió el camino a golpe de mayoría. Con sus votos, el Pleno acordó la admisión a trámite del recurso del PP, pero permitiendo la personación en el procedimiento de PSOE y Unidas Podemos. Y con estas cuestiones resueltas, se quitó de encima las recusaciones de un plumazo. Lo hizo, también por seis votos a cinco, alegando que aún no estaba constituida la "relación jurídico-procesal" como para tomar esa decisión ahora. En resumen, que este no era el momento y que eso ya se abordará cuando toque. Ambas decisiones se tomaron con Trevijano y Narváez sentados en la mesa, dos magistrados cuya continuidad provisional en el Constitucional dependía, justamente, de si la reforma impulsada por el Gobierno salía finalmente adelante.
Al final, eso no sucederá. Ya entrada la noche, el Constitucional aceptó las cautelarísimas y decidió por primera vez en su historia paralizar la tramitación de un procedimiento legislativo. Por seis votos a cinco, de nuevo con la presencia de los magistrados recusados, el tribunal de garantías acordó echar el freno a los cambios normativos impulsados por los dos partidos del Gobierno con los que se buscaba propiciar la renovación del propio Tribunal Constitucional, que arrastra desde hace seis meses el mandato caducado de un tercio de sus magistrados. En concreto, ambos partidos planteaban rebajar hasta una mayoría simple la elección en el Consejo General del Poder Judicial. Y para que Gobierno o CGPJ puedan renovar en solitario a los dos magistrados que le corresponden cuando alguna de las dos partes no lo haga.
"[El tribunal acuerda] suspender cautelarmente la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Tribunal Constitucional, introducidos en la proposición de Ley, que derivan de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios socialistas y de Unidas Podemos", recoge la parte dispositiva del auto, en el que se acuerda también abrir pieza separada y conceder diez días tanto al Ministerio Fiscal como al resto de partes personadas ahora en el procedimiento para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar adoptada. Todos los magistrados del bloque progresista han anunciado ya su intención de formular un voto particular.
Es una decisión inédita que puede sentar a ojos de algunos expertos en Derecho Constitucional un precedente "tremendo" al abrir la puerta a futuros bloqueos en las tramitaciones legislativas recuperando las dinámicas del antiguo recurso previo de inconstitucionalidad, una fórmula que se eliminó en los ochenta y que ha quedado reservada exclusivamente para Estatutos de Autonomía. Para toparse con algo similar es necesario remontarse al procés. A comienzos de octubre de 2017, el tribunal de garantías acordó por unanimidad admitir a trámite un recurso de amparo del PSC y suspender cautelarmente un Pleno convocado en el Parlament para valorar los resultados del referéndum del 1-O. Por aquel entonces, el TC ya había paralizado cautelarmente la Ley del Referéndum y los decretos firmados para la celebración de la consulta.
Próxima cita, pleno extraordinario del CGPJ
La decisión tomada por el Constitucional va en dirección contraria al criterio de sus letrados. Juan Carlos Duque, experto en derecho parlamentario y letrado principal del tribunal de garantías, elaboró la pasada semana un informe en el que, además de señalar que la medida solicitada era novedosa, exponía sus dudas sobre la aceptación de las cautelarísimas. "Su concesión suscita a quien suscribe dudas, en la medida en que pudiera suponer (...) un otorgamiento anticipado, siquiera sea provisional, del amparo, dado que el objeto y la finalidad de la medida de suspensión viene a coincidir con el objeto de la pretensión de la demanda", resaltaba el informe, adelantado por El País.
El Constitucional, víctima de su propio bloqueo: doce años de degradación de un órgano convertido en arma política
Aquel estudio, además, también destacaba la necesidad de respetar siempre que fuera posible la autonomía parlamentaria. No obstante, reconocía el "amplio margen de apreciación" que correspondía al propio tribunal. No obstante, ese no fue el informe que se puso sobre la mesa. También el magistrado sobre quien recayó la ponencia relativa al recurso del PP, Enrique Arnaldo, encargó un estudio del caso a uno de sus letrados. En aquel documento, se defendía que el Pleno perfectamente podía acordar la "suspensión de la tramitación" y que concurría la "urgencia excepcional para acordar la medida". "La ejecución del acto parlamentario impugnado produciría un perjuicio a los recurrentes de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo", argumentaba.
La resolución del Constitucional ha sido notificada en persona a Congreso y Senado. El encargado de hacerlo ha sido el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, que una vez finalizado el Pleno se ha desplazado a ambas Cámaras. Los presidentes de Congreso y Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, ya han anunciado que acatarán la resolución. Eso sí, no sin expresar su "honda preocupación" por la decisión adoptada.
El choque de trenes se produce a escasas horas de que el Consejo General del Poder Judicial se reúna también en un Pleno extraordinario en el que se van a abordar los nombramientos de magistrados al Constitucional. En el órgano de gobierno de los jueces fue el propio bloque conservador el que decidió, tras meses de bloqueo, presionar para celebrar el cónclave antes de la entrada en vigor de la reforma que ahora ha paralizado el propio tribunal de garantías. Para ello, ha puesto sobre la mesa los nombres de los magistrados César Tolosa y Pablo Lucas, si bien el candidato oficial de los progresistas es José Manuel Bandrés. Para que algún nombramiento salga adelante necesita el respaldo de once vocales, lo que se torna complicado puesto que ninguno de los dos grupos tiene esa representación y las posiciones siguen enfrentadas.
El Constitucional interviene en las Cortes Generales provocando un choque sin precedentes. El Pleno de un tribunal de garantías caducado ha decidido a última hora de este lunes con la mayoría conservadora aceptar las cautelarísimas del PP y paralizar finalmente la tramitación parlamentaria de la reforma impulsada desde el Gobierno para propiciar, justamente, la renovación del propio órgano. Es la primera vez en la historia que el TC paraliza un procedimiento legislativo en marcha. Y lo ha hecho con el voto del bloque conservador al completo, a pesar de que dos de sus magistrados con el mandato caducado habían sido recusados por los dos socios del Ejecutivo al considerar que tenían interés directo en la causa. Al fin y al cabo, la continuidad provisional de ambos en el Constitucional dependía de si salía adelante y entraba en vigor la reforma normativa, que esta semana pasaba por el Senado para su aprobación definitiva.