El bloqueo del Congreso y del Poder Judicial provoca una crisis institucional inédita

A punto de conmemorarse el 40º aniversario del la aprobación en referéndum de la Constitución Española, que la mayoría de los partidos consideran el paradigma del consenso y del debate político constructivo, el bloqueo institucional, lejos de hallar una salida, se extiende. Si el ritmo de actividad del Congreso está sometido a la utilización de trucos parlamentarios para impedir o demorar la tramitación de iniciativas, algunas de ellas clave para que el Gobierno pueda desarrollar sus propuestas, y el Senado se ha convertido en la herramienta favorita del PP para hacer frente a sus adversarios políticos —desde Pedro Sánchez a Ciudadanos—, ahora la incapacidad de negociar y llegar a acuerdos ha paralizado la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que en su actual composición concluye mandato el 4 de diciembre. No será la primera vez que este órgano ve paralizada su renovación, pero esta nunca había coincidido con un momento tan delicado para la credibilidad de la justicia.

Sometido al asedio de PP y Ciudadanos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por sacar adelante sus proyectos recurriendo a reales decretos ley que la Constitución reserva a circunstancias excepcionales y sobre cuya utilización indiscriminada ya ha advertido el Tribunal Constitucional. De momento, casi el 94% de la producción legislativa del Gobierno se ha tramitado mediante esta fórmula, dejando la presentación ordinaria de proyectos de ley en una práctica excepcional.

En lo que va de legislatura, aunque ha sido capaz de negociar una batería de medidas presupuestarias con Unidos Podemos, el Gobierno ha fracasado en el intento de involucrar a los independentistas catalanes en la aprobación de las cuentas para 2019, lo que obligará a prorrogar las del presente año, pactadas antes de la moción de censura por el PP y Ciudadanos.

Las tensiones en las dos Cámaras se han acentuado además con la utilización de comisiones de investigación que van mucho más allá de la voluntad de tratar de esclarecer responsabilidades políticas y se han convertido, en algunos casos, en escenarios de agitación contra los adversarios políticos.

El objetivo de casi todos los partidos de enfatizar sus intervenciones en el Congreso ha obligado a sus portavoces a elevar el tono. Cada vez es más habitual el intercambio de graves acusaciones. Los insultos y el ruido desde las bancadas no cesan y la escenificación de la ruptura del diálogo entre partidos se ha convertido en la norma. La guinda del pastel tuvo lugar este miércoles cuando un duro intercambio de calificativos entre el republicano Gabriel Rufián y el ministro Josep Borrell acabó con la expulsión del diputado independentista catalán y la denuncia, por parte del titular de Exteriores, de haber recibido un escupitajo por parte de otro parlamentario de Esquerra (las imágenes conocidas hasta ahora no han corroborado que se produjera dicha acción).

Llamamiento de Sánchez

La tensión es tal que el presidente del Gobierno se vio obligado a hacer un insólito llamamiento al sosiego. “No hay nada más peligroso para una democracia que la desafección ciudadana ante sus representantes e instituciones, y lo sucedido hoy [por el miércoles] camina en esa dirección”, advirtió Sánchez. Una reflexión que evoca el llamamiento que hace unos día tuvo que hacer el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, para que los portavoces de los grupos evitasen las descalificaciones y el creciente enrarecimiento del debate político.

El expresidente Felipe González, en un acto en Cáceres, se mostró preocupado por la deriva de la política española. “Me preocupa la crisis institucional, me preocupa que el debate parlamentario sea de un vuelo tan bajo y haya tanta zafiedad en las intervenciones, que haya más descalificaciones que análisis críticos por serios que sean”, manifestó.

El diálogo con Cataluña, una de las prioridades del Gobierno socialista, se ha atascado en el juicio del procés y apenas ha dado más frutos que la celebración de algunas reuniones bilaterales. La desescalada verbal de los primeros meses ha dado paso a un tono más duro a medida que se ha hecho evidente que PDeCAT y Esquerra no van a negociar los Presupuestos para 2019. Ni siquiera tienen intención de sentarse a hablar sobre el proyecto, después de que el Ejecutivo haya renunciado a ejercer presión sobre la justicia para favorecer a los presos independentistas. Y cunde el pesimismo en torno a las citas pendientes: un pleno monográfico sobre el conflicto programado en el Congreso para el 12 de diciembre y el Consejo de Ministros de Barcelona del 21 de diciembre, aniversario de las últimas elecciones catalanas, que refrendaron la mayoría parlamentaria del independentismo.

En este contexto de debilidad parlamentaria, PP y Ciudadanos insisten en su exigencia de elecciones. El propio Sánchez ha tenido que admitir esta misma semana que sin apoyo en el Congreso se verá obligado a acortar la legislatura, lo que apunta a que las generales tendrá lugar en algún momento de 2019 y no en 2020, como era su deseo inicial.

Por si esto fuera poco, al bloqueo legislativo se ha sumado ahora el creciente descrédito del poder judicial que en pocos días ha visto cómo su credibilidad se volatilizaba tras la decisión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados que afecta a las hipotecas —y que el Supremo acabó diciendo que lo tienen que pagar los clientes después de haber sentenciado que debían ser los bancos— y del acuerdo político suscrito por PP y PSOE para renovar el gobierno de los jueces, que llegó al extremo de decidir por anticipado la identidad de su presidente pasando por alto que es una decisión que corresponde a los vocales del Consejo del Poder Judicial. Un descrédito el del Supremo —el tribunal español de mayor rango— que amenaza la celebración de su reto más inmediato: la vista oral en la que los presos del procés van a ser juzgados por su participación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña y en la que la Fiscalía pide para ellos durísimas penas de prisión, acusados de un delito de rebelión que más de un centenar de juristas de toda España considera inexistente.

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Para colmo, el proyecto presupuestario del Gobierno, lejos de obtener el refrendo internacional acaba de ser cuestionado por la Comisión Europea. Bruselas ha advertido al Gobierno de que su plan presupuestario para 2019 corre el riesgo de incumplir las reglas fiscales europeas porque incluye una desviación “significativa” de la senda de reducción del déficit de las administraciones y de la deuda pública.

El Fondo Monetario Internacional tampoco ha dado razones para el optimismo. Según el organismo que dirige Christine Lagarde, la recuperación de la economía española está entrando en una fase en la que “nuevos riesgos nublan las perspectivas” a medio plazo. Por ese motivo, el FMI ha recortado el pronóstico de crecimiento de España para este año al 2,5%, frente al 2,7% que previó en octubre, y ha revisado al alza sus proyecciones de déficit y deuda pública.

El desencuentro general coincide con el inicio de un ciclo electoral decisivo —y muy poco propicio para los acuerdos— que comienza el 2 de diciembre con las elecciones andaluzas y no terminará hasta que se celebren las generales, pero que incluye nada menos que la renovación de trece parlamentos autonómicos, de todos los ayuntamientos y de la representación española en el Parlamento Europeo en un contexto que apunta al regreso a las instituciones de la extrema derecha por primera vez desde 1982.