El BNG activó este martes en Bruselas la vía para tratar de que la Unión Europea haga lo que el Gobierno español de Mariano Rajoy no parece dispuesto a llevar a cabo: ilegalizar la Fundación Franco, encargada de la gestión del Pazo de Meirás por expreso deseo de los herederos del dictador y una entidad que, entre sus fines, incluye la defensa del legado del máximo responsable de una represión que costó la vida a más de 100.000 personas.
Lo hizo la representante del Bloque en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, que el año que viene asumirá el escaño de eurodiputada en virtud de los acuerdos rotatorios que su organización suscribió con Bildu, entre otras formaciones nacionalistas. La tramitación ha sido asumida por la también parlamentaria europea Tatjana Ždanoka, miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en representación del Grupo Verdes-ALE.
Ždanoka, una matemática de origen judío que consiguió su escaño en representación de la minoría rusa de Letonia, se ha comprometido a tramitar la petición pidiendo la ilegalización de la Fundación Franco por hacer apología del fascismo.
El argumento central del BNG se basa en la vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, toda vez que la fundación incumple los principios sobre los que se fundó la Unión Europea, de democracia y derechos fundamentales.
La denuncia de las actividades de la Fundación Franco en Bruselas coincide con el protagonismo que la entidad ha recobrado tras haberse hecho cargo de la gestión de las visitas públicas al Pazo de Meirás, la residencia veraniega del dictador ubicada en la localidad coruñesa de Sada. Los nacionalistas gallegos sostienen que las visitas suponen apología del fascismo y una exaltación la figura del dictador, lo que contraviene los principios democráticos del Estado miembro, en este caso España, así como los de la Unión Europea.
Un “anacronismo en Europa”
"La Fundación Franco es un anacronismo en Europa, un agujero negro en la democracia" y por eso presentamos la denuncia, afirma Ana Miranda, portavoz del BNG en Europa.
Teóricamente, la petición tiene escasas posibilidades de prosperar porque el Parlamento Europeo da por hecho que todos los Estados miembros cumplen en su territorio las exigencias de la Carta de Derechos Humanos y sólo examina si es la propia Unión la que está incumpliendo alguno de sus artículos.
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No obstante, Miranda, que no es la primera vez que consigue sacar adelante iniciativas en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, como sucedió en el caso de Angrois, confía en que esta vez Bruselas preste atención a la cuestión de fondo: la tolerancia del Gobierno español con una fundación que reivindica al máximo responsable de la Guerra Civil y de 40 años de represión, socio y aliado de Adolf Hitler y de Benito Mussolini. El trámite inicial antes de saber si la Comisión de Peticiones acepta tramitar la iniciativa puede demorarse tres meses.
Precisamente este lunes el BNG, con la ayuda de Esquerra y de Bildu, organizó en el Parlamento Europeo una sesión de trabajo para denunciar la pervivencia del franquismo en España, la desatención a las víctimas que permanecen enterradas en esas comunes y el expolio que supone el Pazo de Meirás, que 42 años después de la muerte de Franco sigue en manos de su familia pese a tratarse de una donación forzada.
En Bruselas han estado también Carlos Babío, de la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica de A Coruña, y el investigador Manuel Pérez Lorenzo, cque el día 28 presentarán el libro Meirás, un Pazo, un caudillo, un expolio, en el que revelarán “la arquitectura legal” construida en los primeros compases de la Transición para que el edificio permaneciera en manos de la familia de Franco y no fuese devuelto al patrimonio público.
El BNG activó este martes en Bruselas la vía para tratar de que la Unión Europea haga lo que el Gobierno español de Mariano Rajoy no parece dispuesto a llevar a cabo: ilegalizar la Fundación Franco, encargada de la gestión del Pazo de Meirás por expreso deseo de los herederos del dictador y una entidad que, entre sus fines, incluye la defensa del legado del máximo responsable de una represión que costó la vida a más de 100.000 personas.