El martes por la mañana Pedro Sánchez reunía a sus ministros en el Consejo bajo el techo del Palacio de La Moncloa. La tensión dentro de la coalición subsiste por la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’, pero esa mañana a todos les une, en cambio, otra medida de la que se sienten especialmente satisfechos: la subida del salario mínimo interprofesional.
En la carpeta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, iba el acuerdo. En concreto, el SMI sube a 1.080 euros. Es uno de esos reales decretos en los que la coalición se siente realizada, es cambiar la vida en el día a día de mucha gente. Esto puede suponer que una familia pueda comer pescado fresco, como suele recordar la responsable del área. Un incremento que afecta a 2,2 millones de personas, especialmente a mujeres y jóvenes.
Sánchez tuvo claro desde que llegó a La Moncloa que esa era una de las grandes tareas (se ha incrementado un 47% desde 2018). Y ha sido una de las grandes obsesiones de Yolanda Díaz. La vicepresidenta estaba satisfecha el martes, había que hacerlo. Pero con una espina: la patronal se ha negado a apoyar la medida. No va del brazo del Ejecutivo, a pesar de haber llegado durante estos años a catorce grandes pactos. La distancia crece por momentos, y se auguran más choques como el despido improcedente.
Y el malestar es evidente en el Gobierno, tanto en público como en privado. El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado un giro, ha extremado sus posiciones, justo cuando comienza el ciclo electoral. Y la brecha se agranda día tras día: ya dejó plantado a Pedro Sánchez en la cumbre de España con Marruecos en Rabat, alegando motivos personales, y cada día va más lejos, haciéndose incluso a principios de mes una foto con los responsables económicos del programa del PP en una reunión en Génova. Sin ahorrar críticas al Ejecutivo cada minuto. Además, la patronal acaba de fichar a José Luis Ayllón, ex jefe de gabinete de Mariano Rajoy, sumándose a la lista de dirigentes de la órbita popular que ya trabajan con Garamendi, como Fátima Báñez, Íñigo Fernández de Mesa y Ángel Sánchez.
'No' al SMI, sin acuerdo sobre negociación colectiva
Ese ‘no’ al salario mínimo de Garamendi va acompañado de un hecho que ha escandalizado a los partidos de izquierdas: el empresario se ha subido el sueldo, más de un ocho por ciento, cuando sólo pedía un cuatro por ciento para los trabajadores. No quiere 1.080 euros para los trabajadores con menos ingresos, pero él se embolsará 380.000 euros. Y, encima, denuncia una cacería del Gobierno contra el empresariado.
El presidente del Gobierno quiso dejarlo dicho en público este mismo domingo, en un acto en Málaga. El socialista tuvo un mensaje muy claro para Garamendi y la patronal: “No pueden pedir sacrificios mientras hay un festín para los de arriba”. “En este país no puede haber doble vara de medir, una para la mayoría de la gente de a pie, y otra para la minoría elitista”, comentó. Esto casa, además, con el discurso de que el Ejecutivo busca el beneficio de la mayoría social frente a la élite que defiende el PP. Lo recordó el mismo Sánchez durante la sesión de control de este miércoles cuando le preguntó Cuca Gamarra, a la que afeó, además, que Andalucía y Madrid, gobernadas por los populares, hayan recurrido ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas.
Díaz también está profundamente dolida con la actitud de Garamendi y con su contradicción respecto al salario mínimo. Y no soporta que, encima, desde la CEOE se diga que la coalición va contra los empresarios. La postura de la encargada de Trabajo y Economía Social: "La política que desplegó el Gobierno de España con los impuestos de todos ha servido para salvar a más de 550.00 empresas, que de no hacerlo, habrían visto cómo fenecían, y también para salvar a 3 millones de trabajadores". Una de las peticiones directas que hace Díaz a la patronal es sentarse e intentar llegar a un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). En el entorno de la vicepresidenta dicen que esperan que Garamendi vuelva al acuerdo y creen que está marcando perfil público. Por eso, anhelan más altura por parte de la patronal.
Pero Garamendi no cede, sigue instalado en la teoría de un Gobierno contrario a los empresarios. Y subió todavía más el tono durante este miércoles, con unas declaraciones en las que se refería a las críticas por su sueldo: “Es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. Perdón, no. No acepto pulpo como animal de compañía”. Todo ello con el componente de que el propio Garamendi está cambiando su régimen laboral, ya que no estaba en nómina, sino a través de un contrato mercantil en el que estaba como autónomo.
Se defendió señalando: “Si se quiere utilizar todo esto desde un punto de vista mediático para incorporarlo a una campaña de descrédito al mundo de la empresa... Estamos viviendo permanentemente el ataque a un empresario, a otro, a otro. Y esta semana me ha tocado a mí. Eso no tiene nada que ver con que podamos hablar del salario mínimo o de lo que queramos. Yo voy a seguir hablando de lo que tenga que hablar. Si no aceptan las críticas, qué le vamos a hacer. Este es un tema privado y con toda la transparencia”. Para Podemos, estas palabras son "miserables y ruines".
Fuentes de Ferraz comentan: "El sueldo que le pongan en la patronal es cosa de la patronal. Lo que esperamos de Garamendi es que vuelva al diálogo social, que no se levante de la mesa cuando hay que subir el SMI y que entienda que hay millones de trabajadores que tienen que ver sus sueldos subir, sobre todo en grandes empresas que están teniendo beneficios históricos".
Choque a la vista: despido improcedente
Este choque se puede agravar próximamente. Si todavía no hay acuerdo sobre negociación colectiva, se suma que la vicepresidenta Díaz ha abierto la puerta sobre otro tema en el que seguro tendrá la oposición de la patronal: incrementar las indemnizaciones por despido improcedente. Ahora está en 33 días por año de trabajo, pero la líder de Sumar aseveró en el Congreso que esto se va a estudiar “pronto”. “Es demasiado barato”, sentenció durante una interpelación urgente dirigida por Esquerra Republicana.
Según Díaz, hay empresas a las que, aunque puedan recurrir al despido objetivo e indemnizar con 20 días por año trabajado, "les sale a cuenta despedir" usando una indemnización de 33 días por año trabajado: "Esta escasa diferencia es una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva ante los abusos". Toda una declaración de intenciones de la vicepresidenta, que tiene vocación de futuro y de ser la líder del espacio político a través de Sumar. Se trata, asimismo, de una línea roja para la CEOE y la condición imprescindible que puso para apoyar la reforma laboral del Gobierno, manteniendo eso de la reforma de Mariano Rajoy.
En la coalición están convencidos de que la reelección vendrá de la mano en las elecciones de finales de año sí se aplican y calan las políticas para la mayoría de los ciudadanos. Es el Gobierno de los trabajadores, es lo que repiten tanto en la parte del PSOE como de Unidas Podemos. Todo ello frente a un PP hincado ante los grandes poderes y oponiéndose a medidas como la reforma laboral o el impuesto a la banca y las grandes compañías energéticas, sostiene en el PSOE y UP. Los miembros del Gobierno, hasta los más ortodoxos como Nadia Calviño, repiten que es el momento de aporten los que más tienen después de unos años durísimos y, además, en los que se están viendo beneficios récord en muchas de las grandes empresas españolas.
El martes por la mañana Pedro Sánchez reunía a sus ministros en el Consejo bajo el techo del Palacio de La Moncloa. La tensión dentro de la coalición subsiste por la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’, pero esa mañana a todos les une, en cambio, otra medida de la que se sienten especialmente satisfechos: la subida del salario mínimo interprofesional.