El magistrado progresista del Tribunal Constitucional (TC) Juan Carlos Campo ha decidido abstenerse de un recurso de amparo presentado por un particular en relación con la futura ley de amnistía para salvaguardar la "imparcialidad" del TC, después de que en los informes sobre los indultos a los condenados por el procés que firmó cuando era ministro de Justicia reflejara que dicha medida era "inconstitucional".
Las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press explican que la ponencia de este recurso de amparo -que impugna la admisión a trámite del borrador de la amnistía por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados- había recaído sobre Campo, de ahí que haya solicitado abstenerse de redactar esta sentencia, una petición que ahora queda en manos del Pleno, el cual puede ratificarla o rechazarla.
Cabe recordar que en los informes de los indultos Campo plasmó que, "a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito".
El TC, por su parte, ha informado de que "este recurso de amparo se encuentra todavía en una fase preliminar de subsanación de defectos procesales advertidos en la presentación de la demanda".
También se pide la recusación de Díez y Conde-Pumpido
Al margen, el Constitucional ha recibido otro recurso de amparo de otro particular, también por la futura amnistía, donde ya se plantean recusaciones contra Campo, Laura Díez y el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, según ha avanzado El Español y ha confirmado las citadas fuentes esta agencia de noticias.
Las recusaciones contra Campo y Díez en temas relacionados con el actual Gobierno han sido recurrentes por cuanto fueron los dos magistrados que se incorporaron al TC a propuesta del Ejecutivo, el primero tras ser ministro de Justicia y la segunda tras ejercer como alto cargo de Moncloa.
En cuanto a Conde-Pumpido, en 2021 se abstuvo de todos los asuntos vinculados al procés después de que los líderes independentistas le recusaran al estimar que no era "neutral" ni "imparcial" por una conferencia celebrada en noviembre de 2017 donde dio su opinión al respecto.Entonces, manifestó su "preocupación" por los hechos que se estaban produciendo en Cataluña y los calificó de "pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia".
Una mayoría holgada
Desde la última renovación parcial del TC, el pasado enero, el ala progresista cuenta con una holgada mayoría de 7 magistrados -entre ellos Conde-Pumpido, Campo y Díez- frente a cuatro conservadores.
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Sin embargo, este amplio margen podría verse mermado precisamente por el juego de las abstenciones y recusaciones, que en otros asuntos donde se han planteado ha quedado neutralizado.
Así, por ejemplo, ocurrió en recursos como los presentados contra las leyes del aborto o de la eutanasia. En el primero, la magistrada conservadora Concepción Espejel se abstuvo alegando que en su día se pronunció sobre la ley porque participó en la elaboración del informe firmado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que formaba parte. Pero el Pleno del TC impidió que se apartara al considerar que se trataba de una opinión de hacía "más de 12 años".
Las fuentes consultadas aclaran que ninguno de los dos recursos de amparo presentados por la futura amnistía tienen recorrido alguno porque aún no hay una ley aprobada cuyos efectos hayan podido afectar a los derechos de un ciudadano particular. No obstante, las decisiones que adopte el TC sobre la abstención de Campo y las recusaciones lanzadas sí servirán para ir configurando el Pleno que deberá decidir sobre la medida de gracia.
El magistrado progresista del Tribunal Constitucional (TC) Juan Carlos Campo ha decidido abstenerse de un recurso de amparo presentado por un particular en relación con la futura ley de amnistía para salvaguardar la "imparcialidad" del TC, después de que en los informes sobre los indultos a los condenados por el procés que firmó cuando era ministro de Justicia reflejara que dicha medida era "inconstitucional".