Camps: ¿cómo es posible que quien controlaba el corrupto poder valenciano se libre del banquillo?

“Las cosas que no se recuerdan es difícil recordarlas”. La obviedad pertenece a Francisco Camps. Así resumió su relación con Iñaki Urdangarin a preguntas del juez José Castro. Y en eso mismo se ha convertido el expresidente de la Generalitat para sus compañeros: un recuerdo difícil de recordar. Nadie habla, nadie sabe, nadie conoce. Y en sus escasas apariciones por Les Corts es precisamente eso, una fantasmagoría que muchos no ven o no quieren ven. Una ánima, entra la pena y el delirio, que ha visto agudizarse su rasgos hasta transmutar en una especie de fauno de cráneo puntiagudo, nariz afilada y sonrisa extasiada.

Y esa es la caricatura que ha quedado del president que se creyó eterno y que entre 2003 y 2011 construyó un Gobierno profundamente corrupto que ha ido desmoronándose durante los últimos años. Las piedras definitivas cayeron este viernes con la renuncia al escaño de los diputados Yolanda García y Ricardo Costa, ambos procesados por la rama de la Gürtel que investiga la financiación ilegal del PP valenciano. Eran ya los únicos imputados de una bancada que llegó a tener hasta once.

El primero en dimitir fue Pedro Hernández Mateo, en prisión por un delito de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de la recogida de basuras en Torrevieja, localidad de la que era alcalde. Le siguieron las exconsejeras Alicia de Miguel, Angélica Such y Milagrosa Martínez, procesadas en la Gürtel. Y después Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, exalcaldes de Alicante imputados en el caso Brugal por manipular el PGOU de la capital en favor del empresario Enrique Ortiz. También fue sonada la renuncia del PP y del escaño de Rafael Blasco, condenado a ocho años de prisión por el saqueo de los presupuestos de Cooperación. Vicente Rambla y David Serra, procesados por delito electoral, fueron los siguientes. Y Juan Cotino, mano derecha de Camps, renunció a la presidencia de Les Corts el 13 de octubre pasado, un mes antes de ser imputado por el desvío de 3,4 millones de la televisión pública al bolsillo de la Gürtel durante la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006.

Resbaladizo

¿Y Camps? ¿Cómo es posible que quien controlaba al milímetro los resortes del poder valenciano no este imputado en nada? La respuesta es una mezcla de favores, coincidencias y lógica administrativa. De hecho, Camps fue de los primeros juzgados por la Gürtel en el que se conoció como caso de los trajes. Un apéndice de la trama por obra de Juan Luis de la Rúa, amigo reconocido de Camps y expresidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), que desgajó el asunto del grueso de la investigación para minimizar el posible impacto penal del Molt Honorable. Aquel juicio precipitó la dimisión de Camps y se convirtió en un capítulo turbio y rocambolesco para la judicatura valenciana. Se juzgó el regalo de prendas de ropa a cuatro altos cargos. Los dos primeros, Víctor Campos y Rafael Betoret, reconocieron las dádivas y fueron condenados sin ir a juicio. Y los otros dos, Francisco Camps y Ricardo Costa, decidieron sentarse en el banquillo y, por los mismos hechos, fueron absueltos por un jurado popular.

Desde entonces, Camps se refugió en los 52.000 euros anuales que cobra del Consejo Jurídico Consultivo, plaza a la que tiene derecho como expresidente. Y desde allí ha dio viendo caer a los suyos mientras su nombre iba escurriéndose de las distintas causas y procesos que han ido abriéndose. Entre ellas la del caso Nóos, de la que el TSJCV no encontró indicios para imputarlo ni a él ni a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, por la concesión a dedo de 3,6 millones de euros a Urdangarin en la organización de tres Valencia Summit, unas intrascendentes jornadas sobre deporte y turismo. En este caso el tribual valenciano apuntó al segundo escalafón pese a que los autos del juez Castro y de la Audiencia de Palma siempre han sugerido la prevaricación al más alto nivel.

Tampoco se ha visto Camps involucrado en alguna de las seis ramas de la Gürtel investigadas en Valencia y de las cuales cuatro ya han superado la instrucción. Aunque su apellido sobrevuela las causas por financiación ilegal, fraude electoral y fraccionamiento de contratos para adjudicar a dedo a Orange Maket, filial aborigen de la trama, no se ha plasmado en ningún contrato. Las responsabilidades han escalado solo hasta los lugartenientes del partido y del Consell, Ricardo Costa y Vicente Rambla, respectivamente. Y nadie ha denunciado orden directa de Camps para contratar con Correa. Primero para evitar reconocer el delito y, segundo, porque esa consigna nunca hizo falta. Tal y como reconoció ante el juez el ex consejero Miguel Peralta, “Alvarito [Álvaro Pérez, El Bigotes, líder de la trama en Valencia] siempre estaba con Camps en la sede. Todos sabían que había que contratar con él”. Una proximidad que se escenificó durante la prueba documental del juicio de los trajes. “Te quiero un huevo”, “amiguito del alma” o “lo nuestro es muy bonito”, son algunas de las frases de Camps que interceptó la policía en las conversaciones telefónicas con El Bigotes.

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Fórmula 1

Pero Camps no es del todo inmune. Este 19 de diciembre trascendió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en su contra por un agujero de 45 millones en la Fórmula 1. El auto del fiscal, pendiente de ser admitido por el juez, acusa a Camps de saltarse toda la normativa administrativa para favorecer a Valmor, en manos de su amigo Jorge Martínez, Aspar. Una empresa que debía organizar un gran premio urbano de automovilismo que no costaría “ni un euro a los valencianos”, según Camps, pero que se convirtió en tapadera de uno de los mayores despilfarros públicos. De hecho, la Generalitat acabó pagando el canon que fijó el magnate de la F1, Bernie Ecclestone: 26 millones de dólares en el 2008 y 24 millones de dólares en 2009 y 2010. Y en julio de 2011, según el escrito del fiscal, Francisco Camps avaló a Valmor “con consciente despreció de la legalidad vigente”. Fue el primer paso para que, en diciembre de ese año, la Generalitat condonara a Valmor 14 millones y asumiera otros 31 de pasivos frente a terceros.

Un caso, tan cristalino en los hechos, que deja a Camps al borde del delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. Dos obstáculos demasiado contundentes en la huída del fauno hacia lo más profundo del olvido.