La dirección del Canal de Isabel II, antiguo feudo de Ignacio González y eje central de la Operación Lezo, ha pedido a su plantilla que firme un "Manifiesto de los trabajadores" que reivindica "el funcionamiento de una empresa ejemplar en la gestión del ciclo integral del agua". El texto ha llegado a los 2.500 empleados a través de la intranet con el objetivo de difundirlo "en la opinión pública y organismos oficiales" una vez recabadas las firmas.
Este martes, infoLibre preguntó a portavoces oficiales del Canal por el manifiesto, lanzado desde el "Área de Relación con los Empleados", que depende de Recursos Humanos y, en consecuencia, del comité de dirección del Canal. Que ese es su origen lo acredita un texto introductorio e independiente del que la empresa preparó para ver la luz y al que también ha tenido acceso este diario.
Las fuentes consultadas remarcaron que la carta abierta es fruto de "una sugerencia que se ha hecho llegar al comité de dirección por muchos trabajadores" que observan con "inquietud" los acontecimientos de los últimos meses y sienten "rechazo social". Añadieron que la dirección informó de ello al comité de empresa y le propuso "liderar" la iniciativa "si lo consideraba oportuno", cosa que no ocurrió, "aunque no se ha opuesto" a ella. Las mismas fuentes apostillaron que el manifiesto "no tiene mayor intencionalidad que la de ser un vehículo que les permita expresar dicha inquietud".
En conversación telefónica con este diario, el presidente del comité, Juan Mariano Fernández, matizó sustancialmente esa versión. Fernández, que habló "en nombre de CCOO y no como presidente del comité", confirmó que el órgano que representa a los trabajadores no se ha opuesto formalmente al manifiesto impulsado por la empresa: no está "ni a favor ni en contra", fue su afirmación literal. Pero criticó sin ambages que el texto aparente ser fruto de una iniciativa "de los trabajadores" y, sobre todo, que su contenido "intente lavar la imagen de la empresa cuando todavía faltan responsabilidades por depurar".
"Alguien ha mirado para otro lado y no basta con decir que ya han pillado a los malos", añadió al tiempo que formulaba un anuncio: el comité está "valorando" difundir un manifiesto en una dirección muy distinta al impulsado desde el área de Recursos Humanos del Canal. "Para lavar la imagen de la empresa –opina Fernández adentrándose ahora en el estricto campo sindical– quizá habría que empezar por restituir los derechos laborales que se perdieron cuando el Canal se convirtió en una sociedad anónima para una privatización que finalmente no llegó".
Fernández hizo una advertencia final: el comité "estará vigilante del uso y la interpretación" que la dirección del Canal haga de las firmas que recoja para el manifiesto.
La dirección del Canal mantiene, pese a todo, que el manifiesto solo busca defender a la plantilla y que nadie tiene la obligación de suscribirlo. El texto introductorio que bajo la firma del Área de Relación con los Empleados presenta la iniciativa en la intranet dice lo siguiente: "Este manifiesto también estará disponible, la próxima semana, en los centros de trabajo para que todos los empleados de Canal de Isabel II tengan la oportunidad de leerlo y firmarlo de manera presencial si no lo han hecho previamente a través del enlace anterior".
"Los trabajadores del Canal –relata una persona del equipo de Rafael Prieto, el nuevo gerente nombrado por el Gobierno de Cristina Cifuentes– sienten con orgullo la empresa y el servicio público que prestan y quieren que se nombre a los culpables si los hubiera por su nombre y no se hable del Canal en general". "Son muchos –añade el portavoz– los trabajadores que nos transmiten que sienten rechazo social cuando van a leer un contador o a arreglar una avería con un coche rotulado de la empresa".
Como anuncia el texto introductorio, el Canal planea difundir el Manifiesto en “la opinión pública y organismos oficiales”. El escrito arranca así: “ Los trabajadores de Canal de lsabel II, ante la situación en la que nuestra empresa se ha visto envuelta en las últimas semanas, queremos reivindicar la profesionalidad de todos los que formamos parte de ella y nuestro compromiso con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”.
“Canal de lsabel II –prosigue el texto más adelante- no es solo una empresa: Canal somos más de 2.500 personas trabajando cada día para garantizar a todos los madrilei'los el acceso a un recurso que les pertenece y del que nosotros cuidamos con mimo. Somos plenamente conscientes de la compleja situación que nos rodea, y nos duele más que a nadie ver el nombre de nuestra empresa en los medios, y, sobre todo, en los juzgados, por asuntos tan desagradables y que resultan totalmente ajenos a nuestro trabajo del día a día. Nuestro mayor interés
es que se depuren, cuanto antes, todas las responsabilidades, y a tal fin estamos prestando la máxima colaboración a la justicia”.
El párrafo final condensa el espíritu de exaltación de la empresa que recorre cada línea: “Queremos reivindicar nuestro trabajo y el funcionamiento de una empresa ejemplar en la gestión del ciclo integral del agua que gestiona, con los recursos de todos, un recurso de todos. Queremos seguir haciéndolo, al menos, otros 165 años; queremos estar orgullosos de nuestro trabajo y nuestra empresa; queremos seguir siendo un orgullo para todos los madrileños”.
El estallido de la Operación Lezo, por la que el expresidente Ignacio González permanece en prisión desde abril, destapó una larga historia de –presunto– saqueo general y complicidades con el Canal de Isabel II como escenario central.
La Audiencia Nacional investiga operaciones como los suculentos beneficios que el clan familiar de Ignacio González obtuvo gracias a un campo de golf construido por el Canal en pleno centro de Madrid. Los vecinos del distrito donde se ubica el campo, Chamberí, denunciaron ya en 2007 lo sucedido. Pero el entonces fiscal jefe de Madrid renunció por tres veces a investigar el asunto. Ese cargo lo ostentaba entonces Manuel Moix, quien hace dos semanas dimitió como fiscal jefe Anticorrupción después de que infoLibre desvelase que es copropietario de una empresa ubicada en el paraíso fiscal de Panamá. Esa empresa posee un chalé en la localidad madrileña de Collado Villalba.
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En la Operación Lezo también ocupa un lugar estelar el supuesto desvío multimillonario de fondos públicos vinculado a la compra de una firma brasileña para la que se hicieron pagos en dos paraísos fiscales, Panamá y Suiza.
Esa adquisición se hizo en noviembre de 2013 a través de Inassa, la principal subsidiaria del Canal en Latinoamérica y cuya sede en Barranquilla registró la Guardia Civil hace una semana en una operación conjunta de España y Colombia. En el momento de la compra, pertenecían a la junta directiva de Inassa –un órgano a caballo entre el consejo de administración y el comité de dirección- tres cargos que se mantienen en el actual equipo directivo del Canal. Según la empresa pública madrileña, ninguno de los tres acudió nunca a ninguna sesión de la junta directiva de Inassa ni participó en sus decisiones.
La dirección del Canal de Isabel II, antiguo feudo de Ignacio González y eje central de la Operación Lezo, ha pedido a su plantilla que firme un "Manifiesto de los trabajadores" que reivindica "el funcionamiento de una empresa ejemplar en la gestión del ciclo integral del agua". El texto ha llegado a los 2.500 empleados a través de la intranet con el objetivo de difundirlo "en la opinión pública y organismos oficiales" una vez recabadas las firmas.