Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas propuestos por el PP para el Tribunal Constitucional (TC) y que esta mañana ha recibido el visto bueno de la comisión de nombramientos, ocultó información al Congreso. Arnaldo entregó un currículum que presenta una discrepancia de calado con la realidad en uno de los aspectos más controvertidos de su trayectoria profesional. Letrado del Congreso y por tanto funcionario, Arnaldo comunicó a la Cámara que su relación como socio de Estudios Jurídicos y Procesales SL, una empresa que obtuvo múltiples contratos públicos, acabó en mayo de 2017. Y que desde esa fecha "ejerce la abogacía autónomamente".
Un contrato suscrito por la empresa en noviembre de 2019 con el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) demuestra que en esa fecha seguía al frente de la firma, como adelantó la Cadena Ser el domingo por la noche. Los datos mercantiles oficiales y las cuentas de la sociedad del ejercicio 2019 corroboran, y así lo ha comprobado infoLibre, que hasta 2020 figuraba como administrador solidario de la firma. Y que en esos tres años que aparecen casi como un agujero negro temporal la empresa mantenía vivas adjudicaciones de "servicios" para el sector público.
Tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes Generales prohíben a todo funcionario desempeñar "cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros". Pero, ante las preguntas de este periódico, Arnaldo sostuvo el pasado jueves que tal prohibición no le afecta. Según el futuro magistrado del Constitucional, los contratos obtenidos por su empresa no eran contratos de servicios sino de "asistencia y consultoría jurídica". "La legislación de contratos del año 2000 –continuaba en su respuesta escrita a las preguntas de este periódico– distinguía nítidamente los contratos de servicios de los de asistencia y consultoría jurídica". Y esos –argumenta– "estaban excluidos de la aplicación del precepto" que prohíbe compaginar el puesto de funcionario público con cualquier cargo en el organigrama de empresas privadas que trabajen para el sector público. La semana pasada, la Cadena Ser adelantó que Estudios Jurídicos y Procesales SL ingresó entre 2003 y 2008 casi un millón de euros mediante contratos públicos, en su mayoría adjudicados por administraciones bajo control del PP.
Lo que Arnaldo ha incluido en su currículum oficial es esto: "Fue Abogado-socio del despacho "Estudios Jurídicos y Procesales" (desde diciembre de 2001 hasta mayo de 2017). Desde esta fecha ejerce la abogacía autónomamente". Por qué ha incorporado una fecha irreal que literalmente se come tres años de presencia en esa firma como administrador solidario constituye una incógnita. Pero lo innegable es que en 2019 Estudios Jurídicos y Procesales SL permanecía ligada a "contratos de servicios de asistencia jurídica y representación procesal" con varios ayuntamientos.
Así consta en sus cuentas anuales de ese año, firmadas también por Enrique Arnaldo por su condición de administrador solidario y depositadas en el Registro Mercantil en octubre de 2020, como acaba de comprobar infoLibre. Entre esos contratos se cuenta uno suscrito con el ayuntamiento de Las Rozas (Madrid). El acta de la sesión municipal que lo aprobó el 29 de noviembre de 2019 resume así el acuerdo adoptado: "Adjudicar, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, el contrato de servicio de Defensa jurídica ante Juzgados y Tribunales (...) a Estudios Jurídicos y Procesales S.L". Vigencia, un año. Importe, "109.750,59 €, excluido IVA". Área de actuación, la "jurisdicción contencioso-administrativa (a excepción de función pública)".
Arnaldo permaneció imputado en el caso Matas entre 2010 y 2011caso Matas justamente por tres contratos que el Gobierno balear otorgó a dedo y bajo sospecha de amaño a Estudios Jurídicos y Procesales SL. En 2016 y en el seno de la investigación sobre el caso Lezo, la Guardia Civil interceptó dos conversaciones telefónicas mantenidas por Arnaldo con el expresidente madrileño Ignacio González.
La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha registrado 14 incompatibilidades de altos cargos desde su creación en 2006
En esas dos conversaciones, Arnaldo anunció a González que estaba moviéndose para conseguir que el nuevo fiscal general del Estado fuese "bueno". Se congratuló luego de que el elegido para ese cargo por el Gobierno de Mariano Rajoy fuese José Manuel Maza: "¡Estamos muy contentos, sí, sí, sí!". Y le trasladó la idea de que los cambios en Anticorrupción serían positivos para él: "Hay que mover la pieza principal [la Fiscalía General].Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada". Maza nombró jefe de Anticorrupción a Manuel Moix, quien en 2007 y 2009 se había negado a investigar una operación urbanística impulsada por Ignacio González que benefició a la empresa de su familia y por la que Ignacio González se encuentra ahora pendiente de juicio. El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción dimitió a los pocos meses de su nombramiento tras revelar infoLibre su participación oculta en una empresa de Panamá.
Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas propuestos por el PP para el Tribunal Constitucional (TC) y que esta mañana ha recibido el visto bueno de la comisión de nombramientos, ocultó información al Congreso. Arnaldo entregó un currículum que presenta una discrepancia de calado con la realidad en uno de los aspectos más controvertidos de su trayectoria profesional. Letrado del Congreso y por tanto funcionario, Arnaldo comunicó a la Cámara que su relación como socio de Estudios Jurídicos y Procesales SL, una empresa que obtuvo múltiples contratos públicos, acabó en mayo de 2017. Y que desde esa fecha "ejerce la abogacía autónomamente".
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