España es un paraíso para el negocio de los cultivos transgénicos. Mientras la mayor parte de los países europeos ponen restricciones a las plantaciones modificadas genéticamente, el Gobierno intensifica el apoyo a una industria que, segúnEcologistas en Acción, pone en riesgo la salud pública y la biodiversidad.
Con una superficie de 136.962 hectáreas, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magram), España batió en 2013 su récord en el cultivo de maíz modificado genéticamente. Estas cifras, estimadas según los datos de venta suministrados por las empresas proveedoras de las semillas de maíz MON810 o maíz Bt, “evidencian el ocultamiento de información, contradicciones y la desviación entre las cifras publicadas por el MAGRAMA y las aportadas por las Comunidades Autónomas”, denuncian desde la organización ecologista.
España no tiene un registro de las parcelas de maíz transgénico, explican fuentes de Ecologistas en Acción, por lo que incumple la directiva de la Unión Europea. El reglamento de la Comisión Europea 1830/2003 relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente (OMG), exige a los países miembros un registro exhaustivo y público tanto de los cultivos comerciales como de los OMG.
A pesar de la falta de fiabilidad que presentan estos datos, “las cifras son alarmantes; España es el país de la UE donde se cultiva mayor cantidad de maíz transgénico”, explica la organización ecologista. “España se ha convertido en el campo de experimentación de las multinacionales del sector debido a que el Gobierno ha ocultado la localización exacta de los cultivos transgénicos”, añaden. Ecologistas en Acción apunta que España acoge el 67% de todos los experimentos realizados en Europa.
Los defensores del medio ambiente sostienen que los cultivos transgénicos afectan a la salud, la economía y la biodiversidad. “Este tipo de cultivos modificados genéticamente introduce elementos tóxicos en la cadena alimentaria, existe una gran incertidumbre sobre sus posible repercusiones en la salud”, explican. A pesar de que el maíz MON810 no está destinado a la alimentación humana, “termina contaminando la cadena alimentaria, especialmente por los alimentos procesados y precocinados que suelen incluir maíz”.
Las repercusiones medioambientales y el seguimiento de los efectos de la ingesta de maíz modificado en la salud animal son una intriga. “La multinacional Monsanto, responsable del seguimiento de los cultivos MON810 según la normativa española y europea, no vigila prácticamente” los efectos directos e indirectos de su consumo, denuncia Ecologistas en Acción.
No es sólo la salud lo que está en riesgo, también la economía de cientos de agricultores que no pueden permitirse adquirir las semillas transgénicas ni los productos requeridos para su mantenimiento.
El 'boom' de los productos ecológicos se enfrenta a las dudas sobre su sostenibilidad real
Después de 15 años desde que se comenzaron a cultivar transgénicos en la UE, “España sigue siendo el único país que lo produce a escala comercial, a pesar del rechazo mayoritario de los ciudadanos que no los quieren ni en su plato ni en su campo”, recalcan desde la organización.
Una investigación de la Universidad de Cantebury ha demostrado que la agricultura sin cultivos modificados genéticamente es más productiva que aquella liderada por los transgénicos. “El uso masivo de transgénicos en países como Estados Unidos está llevando a preocupantes problemas agronómicos y generando impactos ambientales inadmisibles en la agricultura moderna”, explican.
Las organizaciones medioambientales defienden la agricultura ecológica en la que se promueva los productos locales, saludables y respetuosos con el medio ambiente. “España tiene todos los elementos para ser el líder europeo en esta carrera, pero para ello no debe permitir el cultivo de transgénicos”, sentencian.
España es un paraíso para el negocio de los cultivos transgénicos. Mientras la mayor parte de los países europeos ponen restricciones a las plantaciones modificadas genéticamente, el Gobierno intensifica el apoyo a una industria que, segúnEcologistas en Acción, pone en riesgo la salud pública y la biodiversidad.