¿Van a la cárcel los políticos corruptos?

¿Cuántos políticos hay en prisión actualmente por casos de corrupción? El listado no es muy extenso: Maria Antònia Munar, expresidenta del Parlament balear y exdirigente de Unió Malloquina, fue enviada a la cárcel el pasado miércoles. Está inmersa en nueve causas y ha sido condenada a una pena de once años y medio. Luis Bárcenas, exgerente, extesorero y exsenador del PP entre 2004 y 2010, permanece actualmente en prisión preventiva acusado de un amplio repertorio de delitos: contra la Administración, contra Hacienda, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil.

Munar y Bárcenas. Pocos más. ¿Acaso no van a la cárcel los políticos corruptos? Según penalistas y abogados, hay un amplio listado de factores que explican ese hecho. Entre otros, las presiones a las que están sometidos los jueces, la buena defensa de la que disponen ciertos políticos, la dificultad de investigar y probar determinadas conductas, los indultos que algunos califican de "sistemáticos", la falta de tipificación penal de algunos comportamientos y un deterioro de la Administración de Justicia por la progresiva disminución de recursos económicos y humanos. Como ejemplo, en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 las cuentas del Ministerio de Justicia retrocedieron a niveles de 2008.

La primera pregunta que cabría formular es: ¿Funciona el sistema? Y la respuesta pasa, necesariamente, por varios puntos a considerar. Uno de ellos, la tipificación de los delitos. Es decir, la definición de las conductas punibles y los castigos que se estipulan para cada una de ellas. Al respecto de la adecuación del Código Penal a la realidad actual, hay opiniones contrapuestas. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional, cree que no hay grandes deficiencias: "Todos los tipos fundamentales están en el Código Penal, excepto uno que recomienda la convención de la ONU contra la corrupción, el de enriquecimiento ilícito, y el de financiación ilegal de los partidos. Ayudarían bastante en las investigaciones", sostiene. "Creo que las penas son adecuadas", añade Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal.

Es algo que no comparte el abogado José Luis Mazón, quien opina que la corrupción tiene penas "ridículas" en comparación con otros delitos y pide endurecer el Código Penal: "En las sociedades más evolucionadas hay mayores castigos para la corrupción, en España vivimos una situación de subdesarrollo jurídico", afirma. Mazón cree que "los delitos de los más indefensos están mucho más penados. Por ejemplo, traficar con una papelina de cocaína te puede costar cuatro años [de prisión]. Sin embargo, los corruptos generalmente no entran en la cárcel y el paso por el banquillo suele ser su única pena", explica.

Pero, si no es el Código Penal, ¿qué explica que los casos de corrupción se salden sin penas de cárcel? Probablemente haya que partir de la base que señala Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional: "La ley española y el sistema jurídico en su conjunto es muy garantista". A partir de ahí, Villoria enumera dos factores complementarios: "Primero, los delitos por los que se les juzga son de compleja investigación, por lo que se requieren pruebas muy determinantes. Segundo, suele presumirse que el riesgo de fuga o de destruir documentos no es muy alto en estos casos". Y Queralt añade un tercero: "El 90% de los casos está aún en fase de instrucción". Por ello, el penalista cree que es posible que en los próximos meses el listado de corruptos entre rejas se incremente.

Pactos, presiones e indultos

Hay más elementos a tener en cuenta. El primero, los acuerdos a los que ha llegado la Fiscalía con algunos acusados. Queralt explica que los fiscales han tendido a pactar "bastante, incluso mucho", y pone en tela de juicio parte de esos acuerdos, aunque sin citar ejemplos concretos. Especialmente crítico se muestra con los pactos en los que se ha aceptado una reducción de la pena sin que el condenado devuelva el dinero robado, algo que –asegura– se ha hecho bajo gobiernos de todos los colores y que cree negativo: "Los jueces han expresado en muchas ocasiones en sus autos el convencimiento de que los condenados se han quedado el dinero". Precisamente, "tocarles" el dinero es lo que más "molesta" a los delincuentes de guante blanco, opina. "Pero eso requiere investigar mucho", concluye.

Si no hay acuerdo de conformidad –trato que el juez debe aceptar obligatoriamente salvo que contravenga expresamente la ley–, los expertos consultados mantienen que entran en juego las presiones del sistema. "Los jueces de juzgados unipersonales tienen mucho cuidado para evitar posibles represalias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para evitar que se les perjudique en futuros ascensos", señala Villoria. Preguntado sobre el modo en el que se influencia a jueces y magistrados, el catedrático responde tajante: "No es necesario presionar personalmente ni verbalmente. Pero si alguien quiere tener carrera en la judicatura debe saber que estas actuaciones [una condena elevada a un cargo político, por ejemplo] se pagan, porque el CGPJ está al servicio del sistema".

Fruto o no de esas presiones, Queralt explica que "en algunos casos los jueces han aplicado la ley con benevolencia" y, cuando finalmente hay condena, entra en juego el último recurso: el indulto. "Se ha indultado sistemáticamente, especialmente en casos de políticos corruptos y de torturas policiales", añade Villoria. Según los datos de la iniciativa El indultómetro, impulsada por la Fundación Civio, entre las diez categorías de delitos que más indultos reciben están los cometidos por funcionarios contra las libertades individuales, la prevaricación, la malversación, los societarios y los de detención ilegal y secuestro. El resultado de esta combinación de factores, según el abogado Mazón, es que "la efectividad de la condena se convierte en papel mojado" en muchos casos.

Jueces concienciados, pero sin medios

¿Y, qué pueden hacer ahora los jueces ante este panorama? Queralt sostiene que en la carrera judicial se está imponiendo un sentimiento generalizado: "Los jueces quieren que se cumplan sus sentencias, reivindican la independencia judicial y han cobrado conciencia de su poder", señala. Sin embargo, el penalista añade que de poco sirve esta buena voluntad por sí sola: "La independencia judicial depende de muchos factores, y la respuesta de la Administración ante la intención de hacer valer el poder judicial ha sido quitar medios".

Queralt critica ampliamente los recortes del ministro Gallardón, y señala un buen número de síntomas preocupantes: las bajas de jueces y magistrados no se cubren hasta pasados 9 días hábiles; se han eliminado los días libres que, sostiene, los juecen utilizaban con frecuencia para dictar sentencias y aliviar el atasco de los juzgados; y estos mismos jueces se ven cada vez más saturados de tareas administrativas. "En Francia, los jueces no escriben una sola línea, y aquí, ante una suspensión de pagos, se pasan dos tardes escribiendo a máquina", exclama. 

Su conclusión es clara: "Todo forma parte de un plan político intencionado para desmontar la Justicia, para atascar el sistema. Como no han podido desde dentro, lo intentan ahora desde fuera. El siguiente paso del Ejecutivo será vaciar de contenido el CGPJ para conferirle todo el poder al Gobierno". Algo con lo que coincide Mazón: "La situación es más dramática de lo que parece". Finalmente, Queralt recuerda: "Los países más democráticos son los que tienen una justicia más fuerte e independiente".

Los políticos que sí fueron a la cárcel

1. Luis Roldán (PSOE)

El que fuera director de la Guardia Civil fue condenado a 31 años de cárcel por malversación, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa. Estuvo en prisión entre 1995 y 2010.2. Gabriel Urralburu (PSOE)

Expresidente del Gobierno de Navarra, recibió una sentencia de 11 años de cárcel en 1998 por cobrar comisiones ilegales. Tres años después, el Supremo rebajó su pena y la dejó en cuatro años. A día de hoy, es el único presidente autonómico que ha entrado en prisión.

3. Rafael Vera (PSOE)

El exsecretario de Estado de Seguridad fue condenado en 1998 a diez años de cárcel y doce de inhabilitación por el secuestro de Segundo Marey y por malversación. Recibió un indulto parcial que rebajó su pena a tres años cinco meses después. En 2004 y 2007 fue condenado de nuevo por malversación. En 2006 se le concedió el tercer grado.

4. José Barrionuevo (PSOE)

El exministro de Interior fue condenado junto a Rafael Vera a diez años de prisión y doce de inhabilitación y pasó meses en prisión. Su condena fue suspendida en 1998 y desde 2004 está en libertad definitiva tras recibir un indulto parcial y disfrutar del tercer grado penitenciario.5. Juan Millán (PSOE)

El exalcalde de La Viñuela (Málaga) pactó con la Fiscalía en 2011 una condena de 27 meses de cárcel y su ingreso en prisión. Con el acuerdo, eludió más de una docena de juicios por delitos medioambientales.

condenados que SE LIBRARON DE LA CÁRCEL

1. Juan Hormaechea (UCD, AP, UPCA)

Hormaechea, expresidente de Cantabria, fue condenado a seis años de cárcel en 1994 por malversación y prevaricación. Fue indultado en 1995 y no entró en prisión. Únicamente se le mantuvo la pena de inhabilitación. 

2. Vicenç Gavalda (UDC)

El exsecretario de organización de UDC pactó una condena a 7 meses de cárcel por falsedad documental y fraude. Ante la petición de los jueces de su entrada en prisión, ha solicitado el indulto y ha eludido el ingreso a la espera de la resolución de esa petición.

3. Josep Maria Servitje (UDC)

El ex secretario general de Trabajo de la Generalitat con Pujol fue indultado en 2012 tras ser condenado en 2009 a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Pagó únicamente una multa de 3.650 euros.4. Jaume Matas (PP)

El pasado martes, el Tribunal Supremo redujo de 6 años a 9 meses de prisión la condena que había impuesto al expresidente del Govern de las Baleares la Audiencia Provincial. Matas eludirá así su ingreso en prisión.5. Isabel Ortiz (PSOE)

El 2011, la alcaldesa de Aguadulce fue condenada a ocho años de inhabilitación por prevaricación y a una multa de 4.050 euros. Esta clase de delitos sólo se castiga con penas de este tipo, nunca con la cárcel.