Carlos Preciado, vocal del CGPJ: "El proceso penal no puede ser un circo político"

Antes de convertirse en juez, Carlos Hugo Preciado Domènech, (Tarragona 1969), trabajó como ordenanza, fue sindicalista, abogado laboralista y en 2007 ingresó en la carrera judicial. Sacó la carrera de Derecho y aprobó la oposición mientras trabajaba. Desde entonces, su trayectoria se ha centrado en Cataluña, donde ha pasado por los Juzgados de Valls y Reus, hasta recalar en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Profesor de Derecho Penal durante 6 años, es doctor cum laude en Derecho y ha publicado 23 monografías sobre Derecho del Trabajo, Derechos Humanos y Derecho Penal. En los últimos meses ha trabajado como letrado coordinador del área de lo Social del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo hasta que, el pasado 30 de junio fue elegido vocal del CGPJ a propuesta de Sumar. Su labor ha sido clave en el desbloqueo de la elección de la nueva presidenta del órgano de gobierno del os jueces. Tras la propuesta de Isabel Perelló por los consejeros conservadores, fue él quien consiguió los apoyos suficientes entre sus compañeros progresistas para sacar adelante por amplio consenso (16 votos) el nombramiento de la primera mujer que llega al cargo más alto de la magistratura española. 

¿Cómo se han encontrado el Consejo después de más de cinco años de bloqueo?

El órgano estaba en una situación de deterioro institucional evidente. Es una institución que había dejado hacía tiempo de cumplir con sus funciones, con su cometido, que es la garantía de la independencia judicial. Ha sido una crisis sin precedentes en la historia constitucional de España, un bloqueo de un poder del Estado nada menos. Imaginemos que no hay elecciones generales en cinco años o que no hay presidencia del gobierno en cinco años.

Aparte del tema de los nombramientos, ¿cuáles han sido los principales efectos de ese bloqueo y de esa crisis?

Los ciudadanos, que son los dueños de esto, han tenido una institución durante cinco años que no ha generado ninguna solución, ninguna buena noticia, ningún problema resuelto, sino que ha sido un problema en sí misma. Durante cinco años el Consejo ha sido el núcleo, el centro, el vórtice de todos los problemas de la justicia. Hay una crisis de confianza importantísima y muy razonable de la ciudadanía hacia esta institución. Nuestro cometido es devolverle esa confianza. Nuestra tarea fundamental es recuperar esa confianza de los ciudadanos en lo que es suyo, que es esta institución. Debemos reunirnos con los colegios de abogados, con las asociaciones de usuarios de la justicia, con las víctimas... E intentar que todo este conjunto de sociedad civil se sienta otra vez dentro de la institución, parte de ella, y, que de alguna manera, nos considere una herramienta para solucionar los problemas.

El nombramiento de la presidenta ha sido muy de consenso, ¿va a superar este Consejo la dinámica de bloques?

Yo me resisto a la definición de bloques que la cultura de la polarización ha instaurado en la ciudadanía y en la prensa. Todos, absolutamente todos, tenemos una sensibilidad política. Incluso los que dicen que no la tienen. Tenemos que superar esa visión de bloques y empezar a funcionar como servicio público. Los vocales tenemos distintas maneras de ver la justicia, pero debemos funcionar en una dirección única, solucionar los problemas de la gente. Y para eso, pues tiene que haber un pacto entre sensibilidades. Yo creo que, más allá de las sensibilidades, está la institución. Y la institución no pertenece a una u otra sensibilidad, pertenece a todas. Es la primera vez en que no ha habido un dedo político en la designación de la presidencia del TS. Hasta el último momento ha habido una negociación y yo creo que eso es positivo. Porque esta institución, una vez más, no es ni de un partido ni de otro. Tampoco de ninguna asociación de jueces; es de los ciudadanos. Y si nosotros alcanzamos soluciones, pues eso es lo que la Constitución quiere. Espero que esto lo podamos reproducir en todos los acuerdos, que serán cientos si no miles, que vamos a tener que adoptar a lo largo de los próximos cinco años. 

La buena relación personal de uno de los vocales conservadores, José Antonio Montero, con la presidenta, también ayudó a desbloquear la decisión...

Efectivamente, en las relaciones humanas, pues hay afinidades y también hay fobias. Yo creo que va a haber buenas relaciones de gente con sensibilidad progresista y conservadora, y eso es lo que vamos a tener que cultivar para formar grupos virtuosos de trabajo. Creo que desde las instituciones tenemos que proyectar que gente que piensa diferente puede hacer cosas juntos. Yo apuesto por esa permeabilidad  de sensibilidades para lograr fines institucionales elementales. Ahora tenemos un problema de plazas judiciales, pero también está pendiente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar la instrucción de los delitos a los miembros de la carrera fiscal. También todos los problemas sobre el tema del lawfare. Una modernización del enjuiciamiento donde la acusación popular cumpla estrictamente su función constitucional de velar por el ejercicio de la justicia contribuirá de forma inneglable a purgar determinadas determinadas actuaciones procesales que probablemente no estén buscando hacer justicia sino propósitos mediáticos o políticos. El proceso penal está fundamentalmente orientado a garantizar los derechos de la persona investigada y los derechos de la víctima. No puede ser un circo, ni político, ni mediático, ni de otra índole.

Los vocales conservadores votaron todos a Perelló, mientras que parte del grupo progresista apoyó a Ferrer. ¿Ha habido una fractura entre los progresistas?

No es cierto. La pluralidad no puede confundirse con la fractura. En la votación de la presidencia hubo dos propuestas dentro de lo que se podía llamar la sensibilidad progresista [Isabel Perelló y Ana Ferrer], pero eso no quiere decir que haya ninguna fractura. Al contrario, que la sensibilidad progresista haya tenido a dos candidatas tan excelentes, debe considerarse un éxito. Creo que estamos bastante cohesionados. Hay una distancia entre lo que es la diferencia y lo que es el enfrentamiento, tenemos nuestras diferencias pero de la diferencia a la división o la fractura hay mucha distancia. Es público y conocido, que dentro del Gobierno de coalición a mí me propone Sumar. Pero a mí Sumar no me ha dado ninguna instrucción para que vote o deje de votar a alguien, y eso lo quiero dejar clarísimo. De hecho, yo soy quien conoce a Isabel Perelló. Soy el que primero que la propongo en una primera vuelta y la descartamos [en el sector progresista] para presentar a otras tres candidatas. Finalmente, ante el bloqueo, pues volvemos a coincidir en esta solución. Pero a mí no me han propuesto y mucho menos impuesto, ni siquiera un nombre. 

Tienen 98 nombramientos discrecionales pendientes. ¿Cómo lo van a hacer?

Tenemos 98 más los que se van a generar estos cinco años. Estamos hablando de igual 200 o 300 cargos judiciales en total, así que creo que no ha habido ningún Consejo que haya tenido esta carga de nombramiento discrecional. Hay un cambio sustancial respecto del anterior Consejo, que era presidencialista, casi zarista, digamos. Este tendrá una comisión de calificación que se va a dedicar full time a esto. Desde la presidencia ya se está avanzando que quizá los Plenos vayan a ser más frecuentes, porque tenemos que sacar adelante todo este trabajo. Tendremos que negociar unos criterios que ineludiblemente van a pasar por el mérito y la capacidad porque el 90% de la decisión es mérito y capacidad. El Consejo tiene un margen de discrecionalidad, pero discrecionalidad no significa arbitrariedad y tiene que haber una motivación de cada nombramiento. Hay un reglamento que garantiza que llegan los mejores a las ternas: los que más sentencias han puesto, los de mayor escalafón, los que más cursos han dado, los que tienen mayor experiencia en la gestión gubernativa. Todo eso se valora objetivamente. Vamos a tener que negociar criterios de funcionamiento ágiles que garanticen el mérito, la capacidad y la igualdad de género. También la pluralidad de sensibilidades de la carrera judicial. 

El Supremo no aplica la amnistía y puede que impute al fiscal general. También está el caso del juez Peinado contra la esposa de Sánchez. El ambiente judicial está enrarecido y la imagen de la carrera es muy mala, ¿cómo lo van a arreglar?

En este enrarecimiento de la vida política y judicial yo creo que lo que el Consejo tiene que hacer es no contribuir a avivarlo, sino limitarse a su función institucional, que es garantizar la independencia de los jueces y magistrados. Y hacerlo frente a todo el mundo, como dijo la presidenta en su discurso en la apertura del año judicial. Nos tenemos que dedicar a lo nuestro y lo nuestro no es estar avivando polémicas políticas; eso corresponde a los políticos. No estamos aquí para bendecir o condenar una ley porque nosotros no hacemos leyes sino que hacemos informes técnicos sobre ellas que sirven al legislador para hacer su trabajo. También hay que decir a toda la buena gente que hay en la carrera que el tiempo "del palo y la zanahoria" que inició Carlos Lesmes se ha terminado; que aquí van a tener a vocales  dedicados a humanizar el trato con la carrera y con la ciudadanía, a procurar que los jueces  cuenten con los medios materiales y personales para hacer su trabajo correctamente y atender a la ciudadanía con la humanidad que merece. El ciudadano necesita una justicia ágil y eso exige medios. Vamos a tratar a los integrantes de la carrera judicial como personas y no como números. Creo que este Consejo va a dar la batalla en eso. Tener medios suficientes es una garantía de independencia. 

Una de las tareas que tienen pendientes es aprobar un informe sobre el sistema de renovación del Consejo y enviarlo a las Cortes. ¿Qué modelo propondrán?

En uno de los próximos Plenos se creará un grupo de trabajo o una comisión de informes donde se empezará a elaborar este este informe. Quiero subrayar que se tiene que aprobar por tres quintos y que nosotros no tenemos iniciativa legislativa. Ese informe llegará las Cortes y las Cortes harán lo que dice, no lo harán o harán todo lo contrario. Separación de poderes. Nosotros simplemente informamos. Decimos, 'mire, aquí puede haber estos problemas, ustedes no han previsto que se tendría que haber derogado esto y si no lo derogan puede haber estos otros problemas'... La función del Consejo es advertir de las cuestiones técnicas que pueden acompañar a ese proyecto pero no nos corresponde decirles 'oigan, la ley buena es esta que les mandamos'.