Las residencias fueron la zona cero de la pandemia durante la primera ola y los centros de Madrid fueron los más golpeados de España. En situación de normalidad las competencias sobre los geriátricos recaen en la Consejería de Políticas Sociales, que entonces lideraba Alberto Reyero (Cs). La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, decidió el 26 de marzo establecer un mando único sanitario en las residencias y puso al frente al titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP). Eran momentos en que ya fallecían en la Comunidad de Madrid más de 200 residentes al día, una cifra que empeoraría mucho en las semanas siguientes hasta sumar 9.470 mayores muertos en marzo y abril, la mayoría con covid o síntomas compatibles.
Políticas Sociales insistía en una obviedad, que la crisis era esencialmente sanitaria, pero el departamento de Escudero anteponía la situación de los hospitales a cualquier otra consideración. Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo en los geriátricos, Reyero le escribió una primera carta el 31 de marzo, que infoLibre reproduce de forma íntegra a continuación.
El político de Ciudadanos empieza recordando que los efectos del covid-19 sobre los mayores que viven en residencias “está siendo devastador”. Tras considerar “un acierto” el establecimiento del “mando sanitario” en la gestión de la pandemia en los geriátricos, destaca un error en la forma de abordar la crisis: “Estamos ante un problema sanitario y le estamos dando respuesta en centros sociales, con los medios materiales previstos para otro tipo de atención. Con personal capacitado técnicamente, pero muy reducido y que habitualmente se dedica al cuidado de los procesos crónicos y de la dependencia”. Es una referencia al personal sanitario que existe en algunas residencias, ni siquera en todas. Por ejemplo, la legislación de Madrid no obliga a tener médico en centros de menos de 50 plazas. Y en los geriátricos grandes, lo habitual es que un médico acuda algunas horas al día y que no haya enfermeras en los turnos de noche o de fin de semana.
A continuación, Reyero pasa a detallarle a Escudero cuatro aspectos que le “siguen preocupando” sobre la forma en que se está gestionando la crisis.
El primero es que no se haya puesto aún en marcha “la tan anunciada ‘medicalización’ de las residencias”, que efectivamente Sanidad se había comprometido a realizar el 12 de marzo. Reyero advierte que “para aquellos enfermos que no puedan ser derivados al hospital y tienen la enfermedad, deben implantarse medidas de hospitalización en las propias residencias”. Y explica que no funciona “la solución” ofrecida hasta entonces por Sanidad: enviar listados de personal sanitario para que los intentase reclutar el departamento de Políticas Sociales. El principal motivo era que la propia Consejería de Sanidad estaba contratando médicos y enfermeras, que preferían ir a un hospital antes que a una residencia.
El segundo aspecto era “una petición casi desesperada”, indica Reyero, en referencia a la necesidad de contar con pruebas suficientes de detección del virus. “Sin ellas es imposible tomar decisiones correctas en las residencias”, sostiene el consejero. En el caso de los ancianos eran precisas para “aislar correctamente desde el primer momento a usuarios positivos y negativos”, mientras que en el de los trabajadores se necesitaban para poder “contar con todos aquellos que son negativos” aunque estuvieran pasando una cuarentena en sus domicilios. “¿Sabes cuándo podremos contar con ellos [los test] en un número suficiente?”, le pregunta Reyero al titular de Sanidad.
“Mi tercera preocupación es la actual solicitud que nos estáis haciendo de derivación de pacientes de hospitales a los centros residenciales”, señala Reyero, que rechaza una petición ciertamente kafkiana: en vez de levantar la prohibición de trasladar mayores a los hospitales, lo que estaba provocando una verdadera sangría en los geriátricos, Escudero pretendía enviar a las residencias pacientes desde los hospitales. El consejero de Políticas Sociales se declara dispuesto “a poner plazas a disposición” de Sanidad, pero no antes de “atender primero al problema existente” en todas las residencias. “Por lo tanto, con la mayor celeridad, hay que atajar nuestra situación y, en base a ello, articular mecanismos ágiles con los que podamos contribuir a colaborar con los hospitales. Si no, corremos el riesgo de que todo nuestro sistema residencial colapse”, defiende Reyero.
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Por último, el político de Ciudadanos cita “los protocolos de derivación hospitalaria existentes”, una cuestión que según destaca ya le ha “transmitido con anterioridad”. Su mensaje no puede ser más claro: “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas de grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente les discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro”.
Alberto Reyero se refiere al Protocolo que había aprobado la Consejería de Sanidad el 18 de marzo, que establecía criterios de exclusión de derivación a los hospitales de mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. En aquel momento no había trascendido su contenido exacto, que fue desvelado en dos informaciones publicadas por infoLibre los días 26 de mayo y 5 de junio.
El consejero de Sanidad no respondió a la carta de su entonces compañero de Gobierno y tampoco atendió los asuntos que le preocupaban. Once días más tarde, Reyero le envió una segunda misiva, que incidía en los mismos puntos esenciales. [Puedes consultar íntegra esa segunda carta en esta información].