La Fiscalía investigará las cartas de Reyero y todas las denuncias presentadas sobre muertes en residencias de mayores

La Fiscalía General del Estado se ha comprometido este jueves a investigar las cartas que el exconsejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero (Ciudadanos) envió al titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), el pasado mes de abril reclamando que se adoptaran medidas para impedir que miles de ancianos muriesen en las residencias sin recibir asistencia médica. El Ministerio Público ha remarcado que sobre cualquier denuncia que se presente relacionada con fallecimientos de mayores en geriátricos durante la pandemia de coronavirus se realizarán las oportunas diligencias de investigación.

Las cartas de Reyero, desveladas por infoLibre, demuestran que el Gobierno de Ayuso no sólo prohibió mediante un Protocolo trasladar a los hospitales a residentes enfermos con un alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, sino que además descartó utilizar las vías alternativas que tenía para salvar vidas de los mayores. Esas vías eran medicalizar los geriátricos o trasladar mayores al hospital de campaña de Ifema y a los hoteles medicalizados, dos peticiones expresas que se realizaron desde Políticas Sociales y que Escudero descartó. En sus misivas, el exresponsable de Políticas Sociales muestra su rechazo al Protocolo que impedía la derivación de mayores al hospital y advierte al consejero de Sanidad que ello incluso puede ocasionarles “problemas legales en el futuro”. [Ambos documentos se reproducen íntegros en estas dos informaciones: la primera carta del 31 de marzo y la segunda carta del 11 de abril].

Sobre este asunto ha sido preguntada la fiscal de Sala de discapacidad y mayores, María José Segarra, en rueda de prensa. "Todas y cada una de las denuncias van a ser consecuencia de la oportuna investigación. No tenga ninguna duda de que se va a investigar hasta sus últimas consecuencias", ha respondido la representante del Ministerio Público, que ha añadido que así se hará con cualquier denuncia que les sea remitida.

Así ha contestado después de que la organización de familiares de residentes Pladigmare haya puesto a disposición de la Fiscalía de Madrid las cartas escritas por Reyero, ya que el colectivo entiende que "del contenido de dichos escritos se puede desprender que se han podido cometer los delitos" por los que ha venido denunciando ante el Ministerio Público, en concreto contra 59 residencias donde se produjeron un gran número de fallecimientos. Sobre estas denuncias, la Fiscalía sólo se ha pronunciado sobre tres –Las Camelias en Móstoles, Amavir en Coslada y La Solana en Tielmes– y en todos los casos ha decidido archivar las actuaciones, al entender que no se habían cometido delitos.

Ahora, tras la publicación de las cartas del exconsejero, Pladigmare considera que "todo parece indicar que no se derivó a los hospitales a los usuarios de las residencias no por criterios médicos individualizados, sino por su condición de mayores y por proceder de una residencia de mayores". "Ha podido haber dejación de funciones por parte de la Consejería de Sanidad por sus reticencias en asumir las competencias que se le otorgaban en la Orden 265/2020, en cuanto a la necesidad de dirigir e implementar todas las medidas de carácter sanitario, que resultaran pertinentes, en las residencias de mayores", opina.

Por ello, han aportado los escritos "por si pudieran servir en las investigaciones abiertas y no conclusas a día de hoy, así como una relación de las 59 residencias denunciadas por la asociación, donde se puede comprobar como, en 40 de las mismas, en el período más crítico de la pandemia, se derivaron muchos menos residentes a los hospitales de los cabría esperar dada la mortalidad que se produjo en las mismas, según los datos publicados por el periódico digital infoLibre y que son de procedencia oficial a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid".

La otra gran organización de familiares, Marea de Residencias, también ha anunciado que aportará las cartas a todas las causas judiciales ya abiertas al considerarlas "una prueba fundamental, que demuestra que la actitud del consejero de Sanidad fue delictiva".

Madrid, el territorio que más diligencias penales acumula

En la rueda de prensa de este jueves, Segarra ha dado cuenta de la actividad desarrollada por su departamento por la afectación en residencias de toda España por la pandemia de covid-19, señalando que desde la entrada en vigor del primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, se han abierto en el ámbito penal un total de 441 diligencias, de las que actualmente se encuentran en trámite 209. De éstas, la mayoría se registran en la Comunidad de Madrid, un total de 112, el 53,5%. En cuanto a los motivos de denuncia recibidas, el 42% (189) lo han sido por homicidios por imprudencia y un 36% de tipo general por la situación en que se encontraban las residencias (163).

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La fiscal también ha ofrecido un dato aproximado de fallecimientos de la población de residentes, que desde marzo del año pasado ha sido de entre el 6% y el 8%, cifra correspondiente a los datos de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este sentido, ha concretado que no se puede determinar cuántos de ellos murieron a causa del coronavirus, ya que la confusión en las primeras semanas de la pandemia hacen imposible conocer este dato.

Por otro lado, en el ámbito civil –seguimientos para asegurar derechos de los residentes– se acumulan ya tres denuncias por negativa de vacunación por familiares, 69 por elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria.

Por territorios, la comunidad autónoma con mayor número de diligencias penales abiertas en Fiscalía es, con gran diferencia con respecto al resto, Madrid, con 112 investigaciones. Le sigue, a mucha distancia, Castilla y León, con 19; Cataluña, con 15; Extremadura, con 12; Castilla-La Mancha, con 11; Galicia, con 10; Andalucía, con 8; Murcia, con 5; Comunidad Valenciana, con 4; Canarias, Aragón y Cantabria, con 3 cada una; Navarra, con 2; y Asturias y Baleares, con una investigación cada una. País Vasco y La Rioja son las únicas comunidades en las que actualmente no hay diligencias penales abiertas.