El cartel que colmó el vaso: la campaña de Madrid podría hacer que Vox comience a pagar por sus ataques a migrantes

"Un extranjero es tres veces más propenso a violar que un español". "El enemigo se llama la invasión islamista. Lo que no hay que fomentar es la cara dura y el delito de quienes roban la luz y encima pretenden vivir de las subvenciones". "Miles de millones de euros se van al año en sostener inmigrantes que no trabajan y que en buena parte recurren a la intimidación, violencia y crimen como medio de vida". Todo lo anterior está en las hemerotecas. O en vídeos. O en redes sociales. Sus autores son dirigentes de Vox como su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. O Javier Ortega Smith, jefe del grupo municipal en Madrid. O Rafael Bardají, ideólogo de Vox y directivo de un gigante de la industria de los explosivos. En ese orden por la autoría de las frases aquí reproducidas. Pero nada de ello ha tenido consecuencias penales pese a que, por ejemplo, en los dos primeros casos hubo denuncias por incitación al odio. Ni la Fiscalía ni los jueces en cuyas manos cayeron las quejas con que asociaciones de inmigrantes han intentado frenar el linchamiento encontraron indicios de delito. Pero ahora la tendencia puede cambiar. 

Y puede cambiar de forma que la campaña electoral de Madrid haga que la extrema derecha parlamentaria comience a pagar por lo que hasta la fecha ha sido una larga cadena de ataques impunes: ataques contra inmigrantes, especialmente si son de origen magrebí. La clave reside en un cartel electoral de Vox colocado en la estación de cercanías más céntrica de Madrid, la de Sol. Ese cartel muestra un gran letrero y una fotografía donde una anciana entorna los ojos con tristeza mientras un joven de rasgos marroquíes, embozado, con capucha y los ojos pixelados  la mira retador. En ese reclamo publicitario, la ultraderecha se ha valido de datos falsos para sostener que los llamados menas (menores extranjeros no acompañados) reciben 10 veces más que un jubilado: "Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes". Es ese cartel lo que ha llevado a la Fiscalía a difundir este martes la apertura de una investigación por incitación al odio. 

De momento, no ha trascendido de forma oficial qué ha ocurrido con otras diligencias de investigación: las abiertas por la Fiscalía de Barcelona contra Vox también por incitación al odio durante la campaña de las elecciones catalanas. Este periódico preguntó a los portavoces de la Fiscalía General del Estado si el caso permanece abierto. Las fuentes consultadas dijeron no disponer de esa información, aunque otras igualmente cercanas a la Fiscalía apuntaron a que probablemente se han cerrado. Pero no lo confirmaron.

Datos falsos, publicidad y menores en la diana

Con la apertura de diligencias en Madrid, el ministerio público se adelanta así a la querella colectiva que ya preparan dos grupos de juristas, ActivaT Abogados y el Foro de Abogados de Izquierda, para que las diligencias sobre el cartel electoral del partido de Abascal no acaben en la papelera. 

Por la mañana, y así lo ha relatado a infoLibre uno de ellos, miembros de esas asociaciones habían introducido el debate sobre el cartel de Vox en un chat donde letrados, fiscales y otros operadores jurídicos de signo progresista intercambian noticias y opiniones. Poco después de las cuatro de la tarde, el digital elconfidencial.com ofrecía la primicia de la investigación de la Fiscalía. Pero quienes preparan una querella en paralelo entienden que su presentación en nada obstaculiza el avance de esas diligencias: lo que esperan es que la querella fortalezca los argumentos para perseguir lo que consideran un claro delito. "Se han utilizado datos y números falsos, se ha hecho con publicidad y son menores de edad quienes están sufriendo el ataque", resume uno de los juristas partidarios de elevar querella. Y habla de números falsos porque ningún mena recibe 4.700 euros al mes. Vox ha redactado su mensaje con habilidad: sin usar el verbo cobrar. Ni costar. 

El objetivo de las querellas pasa así por evitar que la investigación sobre el cartel de Madrid termine como la que, abierta también por la Fiscalía, dejó a salvo a Javier Ortega Smith después de que en un mitin en Valencia lanzara lo que luego repitió en Madrid ante un grupo de familias musulmanas que protestaban por el frío brutal a que la falta de suministro eléctrico las había condenado en el poblado de La Cañada: Más Madrid denunció ante la Fiscalía el vídeo grabado por el concejal y diputado ante aquellos chabolistas.  "Nuestro enemigo común –había dicho ya antes en Valencia– el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro se llama invasión, se llama la invasión islamista". 

Fue en julio de 2019 cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las diligencias contra Ortega Smith, aforado ante el alto tribunal por su condición de diputado. El contenido de su discurso merecía los calificativos de “inadecuado”, “repulsivo” y “abominable”. Pero no delictivo. Ese fue el argumento. Transcurrido un año y medio, tampoco pasó nada por la denuncia de Más Madrid: la Fiscalía la archivó en diciembre de 2020.

Igual camino, el de la nada penal, recorrió la denuncia que en noviembre de 2019 había interpuesto contra Iván Espinosa de los Monteros la Asociación de Ciudadanos por la Convivencia y el Desarrollo Watani, de Reus. Decir que los extranjeros son "más propensos a la violación", concluyó la jueza de Alcobendas donde acabó la denuncia dado que el portavoz de Vox en el Congreso se había pronunciado en esos términos durante una entrevista televisiva, aquella afirmación no fomentaba ni la discriminación ni el odio contra los extranjeros. "No puede entenderse –sostuvo en el auto por el que archivó la denuncia– que con la frase se esté propiciando directa o indirectamente la discriminación, el odio o la violencia hacia el colectivo de extranjeros en España", resuelve la jueza. La sentencia –verbal– de Espinosa de los Monteros "puede ser errónea y absolutamente desafortunada desde el punto de vista moral o ético", escribió la jueza. Pero lo hizo para concluir que no tiene "la virtualidad suficiente como para poner en peligro al colectivo de extranjeros".

Ese auto se conoció en noviembre de 2020. Fue un mes más tarde, cuando saltó a los titulares la condena de una feminista acusada de ofensa a los sentimientos religiosos por la división más activa del batallón legal de la extrema derecha, la Asociación de Abogados Cristianos. ¿Su delito? Haber participado en la Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde. 

España repatrió a 153 migrantes a sus países de origen desde Canarias en los dos primeros meses de 2021

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Abandonar en alta mar a "los invasores"

Vox ha llegado incluso a divulgar mensajes en las redes sociales que directamente animaban a abandonar en alta mar a quienes en noviembre intentaban llegar en patera a Canarias. Su consigna: "Bloqueo naval". En este caso, las palabras del jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Teodoro López Calderón, dejó alto el pabellón del Gobierno: "Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, su obligación de todo tipo, legal, moral, etcétera, es rescatarlos, y eso es lo que se haría". Pero nada de aquello tuvo tampoco consecuencia penal de ningún tipo. Ni influyó en quienes diseñan la estrategia de Vox en redes como Twitter. En sus cuentas, y en Whatsapp, abundan vídeos donde aparecen magrebíes bien vestidos y que agarrados a maletas trolleys –las de ruedas– bajan con sonrisa ilegal de lanchas de recreo. Son los "invasores".

Tuit de Vox llamando al "bloqueo naval".