La decisión del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de dar una vuelta de tuerca más a la intensidad de sus diatribas contra el Gobierno se ha producido en su momento de mayor debilidad desde que, hace apenas tres meses, intentó reflotar el proyecto político de su partido en la convención de València.
La inquietud entre los barones territoriales y algunos de los cargos intermedios del partido es cada vez más patente. El PP no consigue recuperar el ritmo de las expectativas electorales, cada vez más menguantes, mientras Vox exhibe su potencial social en cada encuesta y su influencia política en parlamentos como el de Andalucía, en la Asamblea de Madrid o en el gran escaparate del ayuntamiento de la capital.
Mientras tanto, el Gobierno consigue una vez más —y van dos— sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y garantizarse al menos un año más de legislatura a pesar de la flaqueza de algunos indicadores económicos y de una pandemia que parece estar de vuelta cuando casi todo el mundo empezaba a darla por superada.
A lo que hay que añadir la profundidad de la herida abierta entre Casado e Isabel Díaz Ayuso. El conflicto por el control del aparato del partido en la Comunidad de Madrid se ha cronificado. La presidenta madrileña sigue cuestionando su liderazgo y menguando sus posibilidades de consolidarse como una alternativa creíble. Ahora discuten incluso por la gestión de la pandemia, que hasta hace poco Casado defendía sin reservas.
Su falta de autoridad es tal que ni siquiera ha sido capaz de replicar las durísimas acusaciones de su exportavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, que en un libro de reciente publicación ha acusado de acoso, con todo lujo de detalles, a su secretario general, Teodoro García Egea.
En Sevilla, en Santiago de Compostela y en Valladolid cunde la preocupación por las consecuencias que esa guerra interna, cuya finalización llevan meses pidiendo discreta pero firmemente a Génova, puedan tener para sus propios intereses electorales.
Para colmo, el discurso del líder del partido desconcierta a propios y a extraños. En su reciente minigira por el cono sur americano pasó en apenas dos días de ofrecer una gran coalición al PSOE para después de las elecciones a admitir por primera vez que, si los números le obligan, aceptará gobernar con la extrema derecha de Vox.
Todas las fuentes consultadas por infoLibre coinciden en que frenar ese deterioro es la razón por la que este miércoles Casado decidió poner sobre sí mismo los focos de los medios y la atención de la opinión pública después de expresarse en términos muy altisonantes en el Congreso —“¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?”, le espetó a Sánchez provocando una sonora ovación de sus diputados— y de tratar de relacionar al Gobierno con casos de abusos de menores, algo que ha molestado muy especialmente a los miembros del Ejecutivo.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se lo reprochó ese mismo día, en privado, aprovechando un acto en el que coincidió con el líder del PP, sin sospechar que la conversación trascendería a los medios de comunicación. La paradoja es que aunque quien hizo graves acusaciones en público fue Casado, la estrategia de Génova trata ahora de señalar con el dedo a Calviño, a la que el líder del PP reprocha no sólo “insultar” sino tratar de “impedir el ejercicio democrático de una oposición”.
17 temas en dos minutos y medio
Casado mezcló, en apenas dos minutos y medio, 17 temas en su ofensiva en la sesión de control del Congreso. Uno cada nueve segundos. Entre ellos el debate sobre el estado de la nación, la pandemia, la utilización del Falcon del presidente, el precio de a luz, el paro, la deuda, los fondos europeos, la recuperación económica, el lenguaje inclusivo, las campaña de Consumo contra los juguetes sexistas y la publicidad de alimentos infantiles no saludables, los dibujos animados en euskera, la educación y las pensiones.
Pero los temas que llevó ese día al pleno que más han enfadado al Ejecutivo y desatado críticas contra Casado fueron el supuesto abandono del niño de Canet cuyos padres quieren que estudie en castellano, su insistencia en que los socialistas tratan de ocultar un caso de “niñas tuteladas por el Gobierno de Baleares que fueron prostituidas” y el de la “menor abusada por el marido de Mónica Oltra [vicepresidenta del Gobierno de la Comunitat Valenciana]” y una acusación directa contra Juana Rivas. Casado acusó a la madre indultada por el Gobierno después de haber sido condenada por negarse a entregar a sus hijos al padre de ocultar “agresiones sexuales” contra uno de ellos.
La realidad revela en qué quiere convertir Casado su oposición al Gobierno, que lo considera una prueba de “debilidad”. El PP lleva una semana larga acusando a Sánchez de inacción en relación con el conflicto de Canet pese que tanto el presidente como la ministra de Educación ya han dejado claro no sólo su respaldo a la familia sino a la sentencia del Supremo que obliga al centro escolar a facilitar que el niño afectado por el fallo reciba al menos un 25% de la enseñanza en castellano.
Para reforzar su discurso, Casado ha recuperado casos que se remontan años atrás e incluso inexistentes. El primero tiene su origen en la violación grupal de una menor tutelada en Baleares en 2019 cuando la víctima eludió la vigilancia de una psicóloga y estaba fuera de su centro de acogida.
El PP, Vox y Ciudadanos llevan desde entonces tratando de responsabilizar al Gobierno de Francina Armengol por lo ocurrido a pesar de que ni la Fiscalía, ni la Policía ni la Guardia Civil fueron capaces de hallar nada que reprochar al Ejecutivo autonómico. Y de que hasta un organismo tan poco sospechoso como Unicef ya constató en 2017 casos de explotación sexual de adolescentes tutelados en siete comunidades autónomas, lo que evidencia que las carencias de la red de tutela de menores están extendidas por media España y no son exclusivas de Baleares.
El segundo caso que repite estos días el líder del PP como si fuera algo nuevo es el de la violación de una menor cometida entre finales de 2016 y principios de 2017 por el exmarido de la vicepresidentas valenciana, Mónica Oltra, hechos por los que fue condenado a cinco años de cárcel.
Los tribunales investigan ahora si la conselleria de Oltra desatendió a la menor a raíz de la denuncia presentada por una exdirigiente de Vox. En octubre los tribunales ya sobreseyeron otra denuncia presentada en nombre de la menor, ahora mayor de edad, por el líder ultraderechista de España 2000, José Luis Roberto. Hasta ahora ningún juzgado ha hallado responsabilidad alguna por parte del departamento que dirige la vicepresidenta valenciana.
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El tercer caso que Casado mencionó en el Congreso afecta a uno de los hijos de Juana Rivas, la mujer indultada parcialmente por el Gobierno después de haber sido condenada en 2018 por sustracción de menores cuando intentaba alejar a sus hijos del padre. El niño fue objeto en su día de una investigación judicial para aclarar si ciertas lesiones se correspondían con abusos sexuales, pero las diligencias acabaron en 2017 en un sobreseimiento provisional por falta de pruebas, lo que no impidió a Casado afirmar el miércoles en el Congreso que Rivas los había ocultado.
El tono furibundo de Casado no gusta en los sectores formalmente más moderados del PP. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se lo dijo abiertamente este viernes en un acto en Abegondo (A Coruña) al poner a su Gobierno como ejemplo de gestión y política “serena y sosegada” “en una España con tanto ruido”, en la que “se hace política con todo, hasta con la lengua”. No hay nada “más revolucionario", insistió, que “la serenidad” y “el sosiego”. “Lo verdaderamente necesario es la reflexión” y tomar “decisiones meditadas”.
“¿Por qué tenemos que vivir en tirantez política permanente? Como si los problemas” reales “no fueran suficientes”. La solución, propuso, es hacer una “política serena, sosegada y reflexiva como la que hacemos en Galicia”, algo a lo que invitó, sin mucho éxito, al propio Casado. “Aquí están la raíces de nuestro partido”, le recordó. “Tienes que llevar serenidad y sosiego a la política española” y aprovechar “el próximo año para seguir perfeccionando nuestro proyecto” y ganar “las municipales de 2023”. La respuesta inmediata de Casado no dejó lugar a dudas sobre su estrategia, claramente alejada de la de 'serenidad y sosiego' reclamada por Feijóo: “No nos van a callar. Vamos a seguir haciéndolo y los españoles nos lo van a recompensa”.
La decisión del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de dar una vuelta de tuerca más a la intensidad de sus diatribas contra el Gobierno se ha producido en su momento de mayor debilidad desde que, hace apenas tres meses, intentó reflotar el proyecto político de su partido en la convención de València.