El caso de la 'caja B' que denunció la Complutense se aproxima a juicio tras 12 años en un juzgado

Doce años después de que un juzgado de la madrileña Plaza de Castilla comenzara a investigar en 2006 la existencia de una caja b en la Universidad Complutense de Madrid desde la que se pagaron cientos de miles de euros en sobresueldos hasta 2003, la Fiscalía ultima el escrito de calificación penal, y así lo han confirmado a infoLibre fuentes del ministerio público. Denunciado por Carlos Berzosa, rector de la Complutense entre 2003 y 2011, el caso afecta a varios antiguos cargos de la principal institución académica del país, entre ellos su exgerente, Dionisio Ramos.

El hallazgo que condujo a la denuncia de Berzosa –unas carpetas con recibos almacenadas en el edificio administrativo de los colegios mayores– destapó que no solo funcionarios del llamado Personal de Administración y Servicios (PAS) y otros miembros de la universidad habían cobrado con cargo a esos fondos opacos sino también el escolta privado José Antonio Expósito, que en 2003 protegió a los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras el tamayazo, la espantada que impidió la formación de un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid y abrió las puertas del poder a Esperanza Aguirre.

En abril de 2006, el diario El País desveló la existencia de la caja b y publicó los recibos cobrados por el vigilante. Expósito vinculó inicialmente a Dionisio Ramos con el encargo de protección para Tamayo y Sáez, pero luego se retractó tras ser contratado por la empresa Intereconomía. El círculo del exgerente de la Complutense sostiene que ni siquiera conocía a Expósito personalmente y que si plasmó aquella acusación en "un manuscrito mientras estaba en prisión" preventiva por hacerse pasar por agente del CNI, luego se desdijo tras un careo con Ramos. "Lo escribiría para perjudicar al PP", opina una fuente cercana a Ramos.

Según fuentes de la Fiscalía madrileña, el enjuiciamiento de la caja b de la Complutense, en la que se investiga un presunto delito de malversación, quedará encomendado a un jurado popular. Ni el ministerio público ni el juzgado de instrucción 40 de Madrid, encargado de las diligencias previas, han accedido a desvelar la relación de personas contra las que se dirige finalmente la acción penal.

La Complutense, que según el entorno de Dionisio Ramos "dejó de mantener una posición activa en el procedimiento" hace años, ha rehusado aportar su punto de vista sobre la deriva seguida por la causa. Este periódico no ha logrado averiguar el porqué de tan dilatadísima instrucción judicial, nada menos que de una docena de años. Juristas consultados por este periódico matizan que, aun siendo inusual, no es la primera vez que unas diligencias se prolongan durante tantos años.

Fianzas de los colegios mayores y dinero de California

El nombre de Dionisio Ramos ha aflorado de nuevo estos meses –pertenece al núcleo más cercano a Cristina Cifuentes y, según eldiario.es, cursó el mismo máster de la Universidad Rey Juan Carlos que le ha costado la carrera política a la expresidenta de Madrid–, pero fuentes de su entorno aseguran que de los más de cuarenta investigados con que arrancó el procedimiento permanecían imputados "hace unos meses" en torno a una decena. Y cuestionan que deba considerarse al exgerente de la Complutense como el principal imputado.

Esas mismas fuentes expresaron su sorpresa ante el hecho de que la Fiscalía esté ultimando el escrito de calificación, es decir, el que determinará a quiénes acusa y por qué. "Hay –adujeron– un recurso pendiente ante la Audiencia Provincial porque el juzgado denegó una declaración testifical y que sepamos no hay todavía ninguna resolución". "Hace ya más de un año –agregaron los portavoces de Ramos–, la Fiscalía pidió que se iniciase el juicio y no nos consta que se haya producido ningún cambio". 

Los próximos a Ramos niegan de forma taxativa que este participase en ninguna estructura financiera paralela. La existencia de esa –presunta– caja b fue denunciada por el rector Berzosa ante la justicia después de que una funcionaria hubiese encontrado los recibos de sobresueldos en un armario del edificio del campus desde el que se gestionan los asuntos administrativos de colegios mayores. Tras aquel hallazgo, Carlos Berzosa encargó de inmediato una auditoría. Y ya con el dictamen en la mano, se fue a los juzgados.

La auditoría –detalla el exrector en conversación con infoLibre– constató cómo aquella caja b se había nutrido "de las fianzas que entregaban los alumnos para reservar plaza en un colegio mayor, fianzas que en realidad no se les devolvían, y de las cantidades procedentes de los cursos de español para extranjeros organizados de manera conjunta con la Universidad de California".

El dinero se destinó a sobresueldos "de PAS [siglas de Personal de Administración y Servicios] aunque también de vicerrectores", pero también –y el catedrático lo recuerda a la perfección– sirvieron esos fondos para pagar al vigilante José Antonio Expósito. "Le pregunté a Dionisio Ramos y me dijo que lo que Expósito había hecho eran unos barridos por si había micrófonos pero la pregunta era la de por qué se le paga por la caja B, si tan necesario es el servicio le pagas por la caja A, como le pagas al que viene a fumigar".

"El pago a Expósito –replica el entorno de Ramos– no se hizo de ninguna forma rara. Se hizo contra una factura y con una cuenta de la universidad. El señor Expósito, que trabajaba para el Banco Central, hizo lo que en el resto de las instituciones para las que trabajaba, un barrido cada cuatro años [telefónicos, de despachos, etc]. Dos veces en ocho años lo hizo porque era quien la seguridad del Banco Central nos recomendó esa persona y se hizo de una forma absolutamente normal". "Hay recibos de Expósito que luego se plasmaron en facturas", añade el círculo de Ramos.

El contrato con 'Gürtel' que "nunca" existió

Antes de desembarcar en 1996 en la universidad madrileña como gerente general, Dionisio Ramos había ocupado durante un año el cargo de secretario general de la Consejería de Educación de Madrid en el primer mandato de Alberto Ruiz-Gallardón. Entonces, la Consejería de Educación estaba gobernada por su gran valedor, Gustavo Villapalos, que a su vez había recalado oficialmente en la política tras dirigir el Rectorado de la Complutense.

Al caso de la caja b de la Complutense y el tamayazo se suma un tercer episodio conflictivo para Dionisio Ramos. En 2011, el diario Público reveló que entre los múltiples documentos incautados durante los registros de Gürtel se contaba un contrato privado donde uno de los gestores financieros de la trama, Luis de Miguel Pérez, ahora condenado y ya en prisión vendía a Ramos participaciones sociales de una empresa denominada Gestión y Equipamientos Deportivos SL. Fechado en mayo de 2002, el documento contiene los nombres y apellidos de los dos intervinientes así como sus respectivos DNI pero no está rubricado.

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En virtud de ese contrato, Luis de Miguel traspasaba a Dionisio Ramos 1.800 de las 5.990 participaciones que una segunda sociedad, Spinaker 2000 SL poseía en Gestión y Equipamientos Deportivos SL. La sentencia de la pieza troncal del caso Gürtelcaso Gürtel [puedes consultarla pinchando aquí] declara como hecho probado que Spinaker fue una de las mercantiles utilizadas para que distintos dirigentes del PP ocultasen fondos. La página 168 de la resolución judicial lo expone así: "Este entramado se diversificó en distintas estructuras societarias, y, aunque se ideó para la ocultación de los fondos de Francisco Correa, alguna de sus sociedades, como Spinaker, fue utilizada, con la misma finalidad de ocultación, por Luis Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda".

Ramos negó en 2011 y lo sigue haciendo hoy que en algún momento adquiriese participaciones de Gestión y Equipamientos Deportivos. "Ese contrato no existió nunca y si alguna vez apareciera firmado es que alguien suplantó a Ramos", dice su entorno. ¿Y qué razón podría haber guiado a Luis de Miguel para mantener en sus ordenadores y en perjuicio de Dionisio Ramos un contrato falso con sus datos personales y su DNI? Ese mismo entorno afirma ignorarlo. El 8 de mayo de 2002, que es el día en que aparece datado el documento, Ramos desempeñaba el cargo de gerente de la Complutense.