La Fiscalía pide seis años de cárcel para el principal acusado por la caja B de la Complutense

Abierta hace más de 12 años, paralizada durante dos sin que nadie haya explicado por qué y tangencialmente conectada al tamayazo, la investigación sobre la caja B de la Universidad Complutense acaba de cruzar el punto sin retorno. En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscalía de Madrid pide seis años de cárcel por malversación y 15 de inhabilitación absoluta para cuatro de los siete acusados, todos ellos antiguos cargos de la Complutense y a quienes el ministerio público atribuye el desvío de casi un millón y medio de euros entre 1996 y 2003. Para los otros tres inculpados, que también formaban parte de la estructura universitaria, la Fiscalía reclama cuatro años de prisión y siete de inhabilitación. El enjuiciamiento del caso quedará en manos de un jurado popular.

El principal inculpado es el exgerente de la Complutense Dionisio Ramos, que fue secretario general de la Consejería de Educación de Madrid a mediados de los noventa durante el primer Gobierno regional del PP. 

Su nombre saltó a la palestra tras el tamayazo. Un vigilante de seguridad le vinculó con el encargo de proteger a los entonces diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez una vez consumada la traición que en 2003 abrió las puertas de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre. El vigilante, José Antonio Expósito, se retractó de su relato tras ser contratado por Intereconomía. El círculo de Dionisio Ramos sostiene que este ni siquiera conocía a Expósito personalmente y que si plasmó aquella acusación en "un manuscrito mientras estaba en prisión" preventiva por hacerse pasar por agente del CNI, luego se desdijo tras un careo con Ramos. "Lo escribiría para perjudicar al PP", opinan los allegados al exgerente universitario.

En 2013, Ramos reconoció durante una conversación con infoLibre que "trasladó" al PP "que a muchos socialistas no les gustaba el pacto" con IU. "Pero nada más", añadió entonces.

"Esto es una locura, espero que no tenga consecuencias", se limitó a decir Ramos este miércoles en una breve conversación telefónica con este periódico.

La existencia de la caja B fue denunciada por Carlos Berzosa, rector de la Complutense entre 2003 y 2011, después de que un funcionario encontrase en un armario cientos de recibos que evidenciaban el pago de sobresueldos opacos. Entre los recibos abonados con esa especie de fondo de reptiles también se encontraban los que acreditaban los pagos al vigilante José Antonio Expósito, es decir, el escolta de Tamayo y Sáez. Tanto el funcionamiento de la contabilidad paralela como los pagos a Expósito fueron desvelados por el diario El País en 2006. 

"El pago a Expósito –afirmaron hace menos de dos meses personas cercanas a Ramos cuando este periódico supo que la Fiscalía estaba a punto de presentar su escrito de conclusiones– no se hizo de ninguna forma rara. Se hizo contra una factura y con una cuenta de la universidad. El señor Expósito, que trabajaba para el Banco Central, hizo lo que en el resto de las instituciones para las que trabajaba, un barrido cada cuatro años [telefónicos y de despachos]. Dos veces en ocho años lo hizo porque era quien la seguridad del Banco Central nos recomendó y se hizo de una forma absolutamente normal". "Hay recibos de Expósito que luego se plasmaron en facturas", mantiene también el círculo de Ramos.

Dos "paralizaciones" de un año cada una

Muy escueto en cuanto al relato de hechos, el escrito de la Fiscalía madrileña enumera a lo largo de sus 18 páginas las fechas y los importes de 264 talones al portador que, con cargo a una cuenta ajena a los presupuestos oficiales y sin "control ni supervisión por la Universidad Complutense", se emitieron entre el 9 de enero de 1996 y el 3 de mayo de 2001. Entre esos cheques y el importe de las fianzas que  1.775 alumnos entregaron entre 2002 y 2003 para reservar plaza en colegios mayores controlados por los acusados, el desvío de fondos públicos alcanzó la cifra de 1.448.706 euros, sostiene la Fiscalía. Esas fianzas –se les conocía así en la universidad pero la Fiscalía no utiliza ese término– no entrañaban derecho a devolución. Y su destino "no era contabilizado" oficialmente, expone el escrito de conclusiones.

La denuncia del rector Berzosa condujo al juzgado de instrucción 40 de Madrid a la apertura de diligencias el 6 febrero de 2006. Desde entonces y por razones que este periódico no ha logrado averiguar, la investigación se fue dilatando año tras año. Pese a que, en teoría y dado el material aportado por la Complutense, todo hacía prever un desenlace procesal relativamente rápido. Ahora, el propio escrito de la Fiscalía destapa que hubo dos agujeros temporales en la instrucción: "Ha habido paralizaciones no imputables a los acusados al menos desde septiembre de 2010 a octubre de 2011; y desde junio de 2017 a abril de 2018, en que ya se da traslado para calificar". El porqué de esas "paralizaciones" constituye un enigma. "Concurre la atenuante de dilaciones indebidas", admite la Fiscalía.

Un jurado popular juzgará en marzo de 2022 el caso de la caja b de la Complutense

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Persona cercana a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, el nombre de Dionisio Ramos aparece vinculado a un tercer episodio conflictivo además del de la caja B de la Complutense y el tamayazo. En 2011, el diario Público reveló que entre los múltiples documentos incautados durante los registros de Gürtel se contaba un contrato privado donde uno de los gestores financieros de la trama, Luis de Miguel Pérez, ahora condenado y ya en prisión vendía a Ramos participaciones sociales de una empresa denominada Gestión y Equipamientos Deportivos SL. Fechado en mayo de 2002, el documento contiene los nombres y apellidos de los dos intervinientes así como sus respectivos DNI pero no está rubricado.

En virtud de ese contrato, Luis de Miguel traspasaba a Dionisio Ramos 1.800 de las 5.990 participaciones que una segunda sociedad, Spinaker 2000 SL poseía en Gestión y Equipamientos Deportivos SL. La sentencia de la pieza troncal del caso Gürtel declara como hecho probado que Spinaker fue una de las mercantiles utilizadas para que distintos dirigentes del PP ocultasen fondos. La página 168 de la resolución judicial lo expone así: "Este entramado se diversificó en distintas estructuras societarias, y, aunque se ideó para la ocultación de los fondos de Francisco Correa, alguna de sus sociedades, como Spinaker, fue utilizada, con la misma finalidad de ocultación, por Luis Bárcenas, Jesús Merino y Jesús Sepúlveda".

Ramos negó en 2011 y lo sigue haciendo ahora que en algún momento adquiriese participaciones de Gestión y Equipamientos Deportivos SL.