Corrupción
Un jurado popular juzgará en marzo de 2022 el caso de la caja b de la Complutense
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Se acerca el juicio por el caso de lacaja b en la Universidad Complutense de Madrid, una investigación que comenzó hace más de quince años y que ha permitido a la Fiscalía presentar acusación por el desvío de cerca de un millón y medio de euros entre 1996 y 2003 procedente de las arcas del centro. La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado el comienzo de la vista oral a mediados de marzo de 2022 y será un jurado popular el que valore los hechos, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas.
El principal inculpado en esta causa es el exgerente de la Complutense Dionisio Ramos, quien fue secretario general de la Consejería de Educación de Madrid a mediados de los noventa durante el primer Gobierno regional del PP. Para Ramos, persona cercana a Cristina Cifuentes –fueron compañeros de universidad–, y otros tres acusados, todos antiguos cargos de la universidad, el Ministerio Público pide seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta al considerarles principales responsables del desvío de los fondos, tal y como ya publicó este periódico. Para los otros tres inculpados, que también formaban parte de la estructura universitaria, la Fiscalía reclama cuatro años de prisión y siete de inhabilitación.
Según las fuentes consultadas, aunque el escrito de acusación es de hace casi tres años, la fecha del juicio se ha ido retrasando debido a que los tribunales de jurado acumulan más retraso y a la pandemia de coronavirus, que fue aplazando todas las vistas orales en la Audiencia Provincial, al igual que en el resto de tribunales del territorio nacional. Al no ser causa con preso, este procedimiento no presentaba razones de urgencia para su enjuiciamiento, por lo que se ha ido demorando, pero finalmente el calendario de la vista oral ha sido fijado entre el 16 de marzo y el 8 de abril de 2022.
El caso de la caja b de la Complutense salió a la luz por una denuncia de Carlos Berzosa, rector de la universidad entre 2003 y 2011, después de que un funcionario encontrase en un armario cientos de recibos que evidenciaban el supuesto pago de sobresueldos opacos. Esto llevó al Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid a la apertura de diligencias el 6 febrero de 2006, pero el caso estuvo más de una década en fase de instrucción hasta que el Ministerio Público pudo presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio.
La auditoría interna
La Fiscalía pide seis años de cárcel para el principal acusado por la caja B de la Complutense
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El caso fue desvelado por el diario El País en abril de 2006 a raíz de la auditoría encargada por Berzosa por las sospechas de una financiación irregular en la universidad. Esta investigación interna destapó que no sólo funcionarios del llamado Personal de Administración y Servicios (PAS) y otros miembros del centro educativo habían cobrado con cargo a esos fondos opacos, sino también el escolta privado José Antonio Expósito, el mismo que en 2003 protegió a los diputados de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras el tamayazo, la espantada que impidió la formación de un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid y abrió las puertas del poder a Esperanza Aguirre.
Tal y como detalló el exrector a este periódico, la auditoría constató cómo aquella caja b se había nutrido "de las fianzas que entregaban los alumnos para reservar plaza en un colegio mayor, fianzas que en realidad no se les devolvían, y de las cantidades procedentes de los cursos de español para extranjeros organizados de manera conjunta con la Universidad de California". Según Berzosa, el dinero se destinó a sobresueldos del Personal de Administración y Servicios, "aunque también de vicerrectores", pero también, apuntó, sirvió para pagar al vigilante José Antonio Expósito.
Años después, y tras el fin de la instrucción, el escrito de la Fiscalía madrileña enumera a lo largo de sus 18 páginas las fechas y los importes de 264 talones al portador que, con cargo a una cuenta ajena a los presupuestos oficiales y sin "control ni supervisión por la Universidad Complutense", se emitieron entre el 9 de enero de 1996 y el 3 de mayo de 2001. Entre esos cheques y el importe de las fianzas que 1.775 alumnos entregaron entre 2002 y 2003 para reservar plaza en colegios mayores controlados por los acusados, el desvío de fondos públicos alcanzó la cifra de 1.448.706 euros, sostiene la acusación. Esas fianzas no entrañaban derecho a devolución. Y su destino "no era contabilizado" oficialmente, expone el escrito de conclusiones provisionales.
