Son habituales las confrontaciones entre los ecologistas, preocupados por el medio natural, su conservación y el mantenimiento de los recursos, y las personas que utilizan los recursos que extraen de la naturaleza para su propia subsistencia, para trabajar. Hay muchos ejemplos: el lobo en el norte de España, la caza en toda su extensión, la minería y el uso del sucio carbón, el regadío en humedales amenazados y regiones secas… sin embargo, hay un sector donde las ONGs ambientalistas y los trabajadores se están poniendo de acuerdo: la pesca. A través de la llamada cogestión pesquera, se sientan en la misma mesa pescadores, activistas, científicos y administraciones para elaborar un plan para la explotación del recurso –el mar y sus especies pesqueras– con el que todos se sientan cómodos. Los científicos, porque se siguen sus recomendaciones; los ecologistas, porque se respeta la regeneración de dichas especies y se reduce la sobreexplotación; las administraciones, porque se cumplen las leyes; y los pescadores, porque no solo no pierden dinero sino que mejoran sus beneficios y su situación laboral.
La cogestión en España solo ha traído, por ahora, alabanzas y satisfacción en los puertos donde se ha aplicado, pero hay varios obstáculos en el camino. Algunos, inherentes a la práctica de poner a sectores tan distintos, y con lenguajes a veces tan diferentes, a buscar un consenso; otros, fruto de la inacción o la desidia de los Gobiernos que tienen que llevar la iniciativa. Todo ello en un contexto de urgencia de zonas de pesca como el Mediterráneo, donde el 80% de las especies están sobreexplotadas a pesar de que la Unión Europea exige que en 2020 no haya ni una sola población pescable en peligro.
"El Mediterráneo es el mar más explotado del mundo. Y la cogestión no es la solución. La solución es la correcta gestión. Pero como no hay una correcta gestión, la cogestión parece la última esperanza". La que habla es Lydia Chaparro, bióloga especializada en Ecología marina y experta en Gestión y Política Pesquera de la fundación ambiental catalana ENT. Hay un problema no solo en términos estrictos de conservación animal, de especies que incluso pueden llegar a la extinción. También en términos de socioeconomía, de la rentabilidad y la propia pervivencia del oficio del pescador. Se trata de la fábula de la gallina de los huevos de oro, tan recurrida cuando se habla de sostenibilidad: si matamos a la gallina, dejará de brindarnos su valiosa puesta. "Hay cada vez menos peces y hay que hacer un mayor esfuerzo pesquero y salir más horas para pescar menos", explica Chaparro. Visto el panorama, determinadas zonas de pesca han apostado por el diálogo en vez de por la imposición.
Raúl García, responsable de Pesca Sostenible de la organización conservacionista WWF, explica a infoLibre el proceso. A veces se produce de manera natural, otras veces se espolea por parte de las Administraciones, pero los beneficios son igualmente palpables. Una vez se establece la mesa de diálogo, se buscan los acuerdos sobre cuestiones sobre las cuotas de pesca máximas o los horarios para salir a faenar. Los pescadores, los más afectados por las decisiones que se tomen, tienen que buscar el consenso dentro de sus propias filas antes de que se establezcan las decisiones definitivas.
"Es difícil reunir todas esas perspectivas. Pero como lo que se aprueba es aprobado también por los pescadores, el cumplimiento se dispara. Y ya no se hace la vista gorda. A veces somos nosotros los que tenemos que defender a un pescador que se ha pasado cinco kilos y que se arriesgan a perder a licencia. El cambio de actitud es incluso palpable en gente que ha sido furtiva reconocida", explica el activista. "Están de acuerdo porque los pescadores han entendido tanto la ciencia detrás de la sobreexplotación como la parte legal", remata. En caso de que no se alcance un acuerdo mediante la cogestión, la Administración competente tiene la última palabra. Según cifra WWF, alrededor del 35% de las zonas de pesca de España ya funcionan mediante mecanismos participativos. Y se ha notado: explica García que la cifra de especies sobreexplotadas bajó en 2018 hasta algo menos del 80%, frente al 90% de épocas pasadas, gracias a la cogestión. Los lugares donde las especies se recuperan coinciden con los lugares donde se aplica el modelo, asegura.
El ejemplo pionero de cogestión pesquera se encuentra en la captura del sonso (también llamado saltón o barrinaire), una especie demersal (que habita en las profundidades del mar) frecuente en las aguas de Baleares y Cataluña. El Comité de Cogestión del Sonso se constituyó en 2012 tras años de negociaciones, y lo componen pescadores de las cofradías de Arenys de Mar, Blanes, Palamós, Sant Feliu de Guixols y l'Estartit, además de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, representantes de Greenpeace y de WWF, técnicos de la Dirección General de Pesca del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña, y de la Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
García cuenta su peculiar historia de éxito, basada en una máxima: los pescadores no participarían en la cogestión si no les supusiera beneficios, más allá de los ambientales. La sostenibilidad del recurso les sale a cuenta. Como se establecen cuotas reducidas y limitadas de pesca por periodos determinados de tiempo, salen menos a faenar, por lo que gastan menos, trabajan menos y obtienen beneficios, ya que el precio de cada ejemplar en la lonja se eleva por la escasez. Y las poblaciones de sonso se recuperan. "Ni siquiera están alcanzando las cuotas que recomendaron los científicos. Salen al mar dos o tres veces al mes, porque ahora están calculando precios y están pensando en dinero y no en volumen, lo cual es un cambio. Y la pesca ilegal se ha reducido a mínimos. En 2012 el kilo de sonso estaba en torno a 70 u 80 céntimos de euro el kilo. Estas últimas navidades, a 35 euros el kilo", explica el responsable de WWF.
Inspirados por el éxito de la cogestión del sonso, la Generalitat de Cataluña publicó en junio del pasado año un decreto para fomentar la cogestión en la pesca profesional, siendo la primera administración autonómica que da el paso. Al calor de la norma nació el plan de gestión pesquera de la gamba de Palamós, un caso de pesca de arrastre que ya está dando sus frutos. En todo el país hay buenos ejemplos. "El marisqueo de Galicia se articula a través de un sistema de cogestión bastante complejo, sofisticado, que está estudiado a nivel internacional", explica García. También destaca Murcia y la pesca del chanquete, Asturias con el percebe o el pulpo, o Conil (Cádiz), donde los diversos actores involucrados han empezado conversaciones al margen del Gobierno municipal y autonómico, a la espera de la creación de una Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) en la zona.
Críticas al Gobierno estatal
Tanto García como Chaparro aseguran que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, comandado por Luis Planas, no está haciendo lo suficiente para incentivar la cogestión pesquera e, incluso, "bloquea" los avances en este sentido. "La pesca artesanal continúa sin ser una prioridad, porque no se está actuando como debería para proteger este segmento de la flota, que es tan importante en el Mediterráneo español", afirma Chaparro.
Las etiquetas sostenibles de la pesca, la industria textil y el aceite de palma tampoco se libran de las críticas
El pasado martes, de madrugada, el Consejo de la Unión Europea (compuesto por los ministros del ramo, en este caso de Pesca) llegó a un acuerdo sobre un plan multianual para la pesca de especies demersales en el Mediterráneo. Participaron, predominantemente, España, Francia e Italia, los países afectados. La propuesta que debatió el Consejo, como suele ser habitual en las negociaciones comunitarias, partió de la Comisión Europea y pasó por el Parlamento Europeo. La ponente encargada de enmendar el texto del Ejecutivo en la Eurocámara, Clara Eugenia Alegría (PSOE), incluyó decenas de referencias a la cogestión, con la intención de que la UE respaldara el modelo. WWF denunció que, en las negociaciones, el Gobierno estaba rechazando cualquier referencia a dichos sistemas participativos. "Creo que se trata de la posición de algunos funcionarios que se oponen, no una posición política, porque Clara Alegría es del PSOE y ha estado defendiendo la cogestión en la ponencia", reflexiona García.
El activista de WWF cree que el rechazo del Ministerio tiene que ver con la postura de cargos intermedios de la Secretaría General de Pesca, que con "una visión centralista" buscan limitar la participación local. "Así es más fácil para una Administración. Al final lo ven como una pérdida de influencia, lo cual es absurdo en el siglo XXI", opina. El texto del acuerdo final del Consejo aún no es público, por lo que aún no se sabe cuál será el papel del modelo en el plan multianual. Pero en respuesta a las preguntas de infoLibre, el MAPA no oculta su rechazo a la cogestión en estas negociaciones. "La cogestión, tal y como venía definida en la Propuesta del Reglamento inicialmente, planteaba problemas a Francia, Italia y España, a todos ellos en el mismo sentido, en cuanto a que su redacción podría colisionar con los regímenes jurídicos de los citados países", afirma el departamento de prensa de Agricultura, Pesca y Alimentación. "España, está, por descontado, a favor de la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones", aseguran, pero a través de los cauces habituales: es decir, llamando a la participación en la elaboración de reglamentos, leyes y normas. Pero sin que la propia Administración pierda poder.
Aun con las reticencias de determinados sectores, la ONG opina que la dinámica, de positiva, es ya imparable, y que está cambiando la mentalidad de muchos pescadores. "La ilusión de todo el mundo, de toda la gente implicada, es brutal. A veces creemos que es un cambio cultural para el que hacen falta generaciones, y realmente no", concluye García.
Son habituales las confrontaciones entre los ecologistas, preocupados por el medio natural, su conservación y el mantenimiento de los recursos, y las personas que utilizan los recursos que extraen de la naturaleza para su propia subsistencia, para trabajar. Hay muchos ejemplos: el lobo en el norte de España, la caza en toda su extensión, la minería y el uso del sucio carbón, el regadío en humedales amenazados y regiones secas… sin embargo, hay un sector donde las ONGs ambientalistas y los trabajadores se están poniendo de acuerdo: la pesca. A través de la llamada cogestión pesquera, se sientan en la misma mesa pescadores, activistas, científicos y administraciones para elaborar un plan para la explotación del recurso –el mar y sus especies pesqueras– con el que todos se sientan cómodos. Los científicos, porque se siguen sus recomendaciones; los ecologistas, porque se respeta la regeneración de dichas especies y se reduce la sobreexplotación; las administraciones, porque se cumplen las leyes; y los pescadores, porque no solo no pierden dinero sino que mejoran sus beneficios y su situación laboral.