El veto impuesto esta semana por el PP en la Asamblea de Madrid a remitir a la Cámara de Cuentas las operaciones contractuales con el grupo sanitario Quirón entre 2020 y 2023 ha clavado en el sendero parlamentario un mojón de cemento armado que señaliza cómo la franja de control al Gobierno autonómico (PP) por parte de la oposición se va achicando. Quirón se ha erigido en el baluarte de una política donde la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso ha convertido en práctica habitual tumbar preguntas, peticiones de información y comparecencias solicitadas por sus rivales al tiempo que enarbola la bandera de la libertad.
El ejemplo de este clima de amordazamiento progresivo lo constituye no un episodio protagonizado por Más Madrid o el PSOE –autor de la propuesta vetada el miércoles–, sino, paradójicamente, otro en el que la figura central fue la diputada Ana Cuartero, de Vox, aliado estratégico y único de Ayuso. Cuartero dimitió hace dos meses como presidenta de la comisión parlamentaria de vigilancia de las contrataciones por la persistencia del PP en valerse de su mayoría absoluta para inadmitir lo dicho en el párrafo anterior: preguntas, peticiones de información y comparecencias requeridas por los grupos opositores.
“De 2011 a 2015 –afirmó la parlamentaria en declaraciones a El País– el PP gobernaba con mayoría absoluta y se ejercía un control sobre la comisión [de vigilancia de contrataciones] que era la cuarta parte de lo que se quiere ejercer hoy. Hubo ocho iniciativas sobre el Canal de Isabel II, que luego salió el caso Lezo, y diez sobre el caso Anieri. Si hoy aplicáramos a esta comisión los criterios que propone ahora el PP, no veríamos nada de eso, serian iniciativas inadmitidas”.
"Principal cliente" de la pareja sentimental de Ayuso, el gigante sanitario Quirón, que gestiona cuatro hospitales adscritos a la red pública madrileña, ingresa miles de millones del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sin que sea posible conocer las cuantías exactas ni los porqués de cifras que fluctúan y superan lo previsto en los presupuestos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El formidable peso de las convalidaciones de gasto –707 millones sin fiscalización previa para Fundación Jiménez Díaz, el mayor hospital de los cuatro que gestiona en la red pública– dibuja un panorama de cubiletes que contienen fondos que se van moviendo por el tablero sin que ni la opinión pública ni la Asamblea tengan acceso a conocer por qué hablamos de 707 millones y no de 500 o 1.000.
Según el PP, someter, por ejemplo, los pagos de deudas atrasadas o aquellos otros ajenos a la fiscalización previa –las convalidaciones de gasto– al escrutinio de la Cámara de Cuentas es solo “un intento más de hablar de una trama que no existe” porque "solo existe la del caso Koldo". Y así, por el Congreso desfilarán ante la comisión de investigación el citado Koldo y el exministro socialista José Luis Ábalos, para el que trabajaba cuando se embarcó en una operación de venta de mascarillas investigada por la justicia y de la que aún no se sabe hasta qué altura llegará. En paralelo, en la Asamblea regional Más Madrid y PSOE ven cómo la Mesa de la Cámara les tumba una tras otra preguntas sobre el grupo que a través de una de sus filiales –Quirón Prevención– pagó 1,6 millones de euros al novio de la presidenta, Alberto González Amador, justo en el bienio en que este habría cometido el fraude fiscal –350.000 euros– por el que le investiga un juzgado y mientras su pagador gestionaba los reconocimientos médicos a la plantilla de una administración que preside su pareja.
El argumento: son cosas del pasado
Entre los recursos más habituales para meter preguntas en el cajón y tirar la llave figura el de alegar que lo que pide tal o cual diputado o diputada se refiere a legislaturas pasadas. Y –traducido a lenguaje coloquial– que no hay lugar para hablar del pasado. Un parlamentario que ocupó un asiento de relevancia en el Congreso sostiene que también en la Cámara Baja se utiliza tal argumento dado que no se puede controlar a gobiernos de legislaturas anteriores. ¿Ni siquiera si, como ocurre ahora, el presidente era y sigue siendo elmismo? Ni siquiera. “Ahora bien –matiza ahora en referencia a la Comunidad de Madrid– lo que no es normal es el descaro excesivo”.
Sea o no “descaro excesivo”, lo cierto es que los motivos de inadmisión que esgrime la Mesa de la Asamblea de Madrid sirven para que algunos peticionarios abran los ojos como platos al leer la respuesta a su solicitud. Por ejemplo, la diputada socialista Leticia Lorenzo solicitó con una larga batería de preguntas conocer cómo iba el Plan Industrial de Madrid 2020-2025. Y se topó con la inadmisión “por referirse su objeto a actuaciones de otra Legislatura” pese a tratarse de un plan plurianual cuyo año de finalización ni siquiera ha llegado.
A veces, y esta se cuenta entre ellas, el PP rectifica una vez que el peticionario se ve obligado a dedicar parte de su tiempo a pertrecharse de argumentos jurídicos, citar artículos del reglamento y recordar que no cabe alegar que algo pertenece al pasado cuando todavía no ha llegado a su futuro. Entre la negativa y la rectificación transcurrieron dos meses.
A otro diputado socialista, Daniel Rubio, le tumbaron una petición de información sobre las adjudicaciones de dos contratos de 2022. El argumento para el rechazo: que eran cosas de la legislatura anterior. Pero lo que la Mesa no vio es que tales adjudicaciones no se habían conocido a través del portal de transparencia hasta que la convocatoria de elecciones de 2023 extinguió el mandado de los miembros de la Cámara.
32 preguntas tumbadas, todas sobre Quirón
A Más Madrid las inadmisiones le abrieron una brecha hace menos de un mes, cuando la Mesa de la Asamblea le tumbó nada menos que 32 preguntas, todas ellas sobre Quirón. La formación había acudido en 2022 al Tribunal de Cuentas, que entregó a una vocal la denuncia sobre convalidaciones que terminó archivando.
Ese mismo año Más Madrid planteó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras denegar la Mesa de la Asamblea 23 comparecencias de cargos del Gobierno sobre contratos relacionados con la gestión de la pandemia y firmados antes de las elecciones del 4 de mayo de 2020. De momento –y así lo confirman fuentes de la formación capitaneada en Madrid por Marta Bergerot–, el recurso sigue pendiente de resolución. Y por tanto, se mantiene la opacidad sobre aquellos contratos. Entre ellos, los que afectan a Priviet Sportive, la empresa de la que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró 234.000 euros como comisionista de mascarillas quirúrgicas.
Consejo de Transparencia y Cámara de Cuentas
Como delata lo sucedido con Más Madrid en 2022, el patrón que guía el comportamiento parlamentario del PP gracias a su mayoría no es algo nuevo. Pero sí los pasos dados a finales de 2023 nada menos que en el Consejo de Transparencia y en la Cámara de Cuentas, ahora presidida por Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad bajo las siglas del PSOE y expulsado del partido tras apoyar a Ayuso en las elecciones de 2021.
El PP veta la fiscalización de los contratos con el gigante Quirón, "principal cliente" de la pareja de Ayuso
Y lo avanzado por el PP respecto a esas dos instituciones se resume así: el Consejo de Transparencia y Participación, “órgano de garantía para la defensa, promoción y protección de la transparencia pública”, hasta ahora integrado por tres consejeros propuestos por la Cámara por mayoría cualificada –tres quintas partes–, queda tras la reforma con un único miembro, designado por el Ejecutivo. “Se elimina su dependencia de la Asamblea”, dice el texto.
En febrero, los socialistas anunciaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero no solo por lo que consideran un auténtico desguace del Consejo de Transparencia, sino porque la nueva norma aprobada por el PP madrileño –la llamada ley ómnibus– también refuerza el control sobre la Cámara de Cuentas.
En el órgano fiscalizador, donde el nombramiento de Leguina constituye una pista de hasta dónde llegan los poderes del PP en Madrid, sus miembros pasan de siete a tres. Y el sistema empleado hasta ahora para su elección, que obligaba a un pacto entre todos los partidos, se sustituye por una fórmula idéntica a la utilizada para designar a los integrantes de la Mesa de la Asamblea. Eso se traduce en que el partido mayoritario, el PP, controlará la institución encargada de fiscalizar las cuentas de la Comunidad y sus contrataciones. Por ejemplo, las de Quirón, cuyo envío al órgano fiscalizador ha vetado el PP aun en un escenario más favorable para sus posiciones dada la nueva composición de la Cámara de Cuentas.
El veto impuesto esta semana por el PP en la Asamblea de Madrid a remitir a la Cámara de Cuentas las operaciones contractuales con el grupo sanitario Quirón entre 2020 y 2023 ha clavado en el sendero parlamentario un mojón de cemento armado que señaliza cómo la franja de control al Gobierno autonómico (PP) por parte de la oposición se va achicando. Quirón se ha erigido en el baluarte de una política donde la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso ha convertido en práctica habitual tumbar preguntas, peticiones de información y comparecencias solicitadas por sus rivales al tiempo que enarbola la bandera de la libertad.