Si lo que viene a continuación se narrase sin datos sobre cuándo, dónde y cómo sucedió, cualquiera pensaría de inmediato en Alabama. En algún pueblo del turbio Sur de EEUU que muestran películas y novelas donde culpar a una criada negra de robo la habría condenado de inmediato a una vida más miserable aún. Pero lo que sigue no empezó ni acabó en Alabama ni pasó en los años de la segregación racial consagrada por ley. El escenario fue Ceuta.
Todo comenzó hace cuatro años y, al menos en apariencia, ya ha terminado. La historia puede resumirse así: Ana María Sevillano, una señora de la buena sociedad local, viceconsejera del Gobierno ceutí en 1999, viuda de un antiguo alcalde y caballero legionario que llegó a presidir el PP de la ciudad autónoma, atribuye en junio de 2018 un robo de joyas de la caja fuerte de su casa a la empleada de hogar marroquí a la que nunca dio de alta en la Seguridad Social: Soumaya L., cuyo apellido se omite a petición de su entorno porque continúa residiendo, y ahora de forma constante, en su país de origen.
Al final, Soumaya fue absuelta en 2019 mediante una sentencia demoledora para la denunciante. Su relato –dictaminó la jueza– estaba plagado "de contradicciones, dislates e incongruencias varias e ilógicas que hacen absolutamente increíble e inverosímil su versión de los hechos".
A partir de ahí, Soumaya intentó que su antigua empleadora pagara judicialmente por el enorme daño que, remarca hoy, le había causado. Y se querelló contra ella. Pero tanto el juez ceutí que tramitó la querella como, ya este año, la Audiencia de Cádiz concluyeron que nada permite pensar que Ana María Sevillano actuó de mala fe.
Todo empezó el 28 de junio de 2018. Ese día, Ana María Sevillano denunció el robo y señaló a la que hasta hacía dos meses o cinco había trabajado en su casa como chica de la limpìeza. Lo de dos meses o cinco no es un error. Sevillano dijo primero que Soumaya llevaba dos meses sin trabajar para ella. Luego, que cinco. Y así se lee en la sentencia, aunque sus cambios de relato no la perjudicaron ni ante el juez de instrucción ni ante el fiscal.
Tras la denuncia, la Policía localizó por teléfono a Soumaya en su domicilio de Tetuán, le comunicó que había una denuncia contra ella y que tenía que acudir a declarar. Soumaya cruzó la frontera del Tarajal y acudió voluntariamente a la comisaría, como señala también la sentencia absolutoria. Una vez allí –rememora ahora, casi atragantada al otro lado del teléfono–, le pusieron las esposas, la llevaron al calabozo, la metieron al día siguiente en el furgón policial y la pusieron a disposición del juez. Así, con esa concatenación de hechos que la sumió en un estado de dolor, arranca su conversación con infoLibre.
A preguntas de este periódico sobre las contradicciones que resalta la sentencia absolutoria para Soumaya, fuentes jurídicas cercanas a Sevillano niegan que, tal como sostiene su antigua empleada, la denuncia por robo fuese “una represalia”. ¿Una represalia como reacción a qué? Según Soumaya, a su advertencia de que acudiría a la Inspección de Trabajo si no la daba de alta en la Seguridad Social. Primero –asegura– se quedó sin trabajo y sin despido. Luego, se vio en el banquillo. Sevillano, con quien también habló por teléfono este periódico, niega categórica todo lo anterior.
Al año de que la denuncia irrumpiese en su vida, Soumaya ya había dejado de tener trabajo en Ceuta: “Estuve muy mal, me miraban por la calle como a una ladrona”, relata ahora desde Tetuán. El otro vecino para el que también limpiaba –cuenta ella misma– la despidió al estallar el escándalo en esta ciudad que no llega a los 85.000 habitantes censados y en la que los conflictos con inmigrantes marroquíes temporales o permanentes resurgen una y otra vez. Por racismo. O por las mafias. O por los saltos masivos de la valla fronteriza. En el orden que sea. Pero resurgen.
Pese a lo anterior, en la odisea de Soumaya se produce el 22 de mayo de 2019 un viraje crucial: la sentencia que se cita al comienzo de este texto y que destroza detalladamente las acusaciones de la denunciante. La resolución, no sobra repetirlo, absuelve a la acusada. No hay ninguna prueba, nada, que permita vulnerar su presunción de inocencia, concluye la jueza. Las fuentes del entorno de Sevillano rebajan la relevancia de tal resolución judicial. La absolución –argumentan– se produjo “porque no quedó acreditado que fuese ella quien robó” objetos de la caja fuerte.
A partir de que la jueza la absolviera, la criada “mora” –“me lo decía para insultarme”, asegura Soumaya en un castellano con tropiezos pero inteligible mientras en paralelo lo niega tajante Sevillano– acude a la Inspección de Trabajo. Y la Administración termina imponiendo a la antigua viceconsejera del Gobierno ceutí una multa de 20.000 euros. La sanción ya se ha abonado, confirman Sevillano y las fuentes de su entorno con las que también conversó infoLibre.
Sin resarcimiento
Con casi 50 años a sus espaldas y unos meses después de confirmada la sanción laboral en marzo de 2020, la empleada de hogar decide querellarse contra su antigua patrona por injurias y calumnias. Pero un juez de Ceuta y luego la Audiencia de Cádiz la tumban. No hay motivo, aducen los magistrados, para pensar que Ana María Sevillano hubiese formulado la denuncia por robo “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la misma”. O sea, al menos por ahora no ha habido ningún resarcimiento para Soumaya.
El juez de Ceuta archivó la querella contra Sevillano el mismo día en que la recibió, y de hecho fue él quien hizo constar ese dato por escrito. Tuvo que reabrir las diligencias por orden de la Audiencia de Cádiz, de la que depende Ceuta, pero volvió luego a dar carpetazo. Y el tribunal gaditano bendijo esta vez el sobreseimiento.
De la versión “increíble e inverosímil” de Ana María Sevillano sobre la que se extiende la magistrada ceutí que absolvió a Soumaya, no hace ninguna mención otro juez también ceutí: el que archivó luego la querella de Soumaya por injurias y calumnias. Es más, se inclina hacia la viuda de Ricardo Muñoz, alcalde en los ochenta. Lo hace al afirmar que “toda vez que la única persona que accedía a su casa [la de la denunciante] era la hoy querellante, lo lógico sería pensar que podría haber sido ella”. La Audiencia de Cádiz tampoco dedica ninguna línea de su auto judicial a la sentencia absolutoria para Soumaya, la que destripó las "incongruencias y dislates" de la denuncia por robo.
La querellada, añadía el juez ceutí contrario a la acción penal de Soumaya contra Sevillano, “declaró a juicio de este instructor con total naturalidad y sencillez a diferencia de la querellante y de su letrado, que lo hicieron por videoconferencia”. O sea, que Soumaya, quien asegura que en 2018 jamás habría imaginado que la detendrían, esposarían y mandarían al calabozo nada más entrar en la comisaría de Ceuta por su propio pie, declaró esta vez por videoconferencia y no en persona.
El broche de la Legión sí, las esmeraldas no (y el dinero, tampoco)
En resumen, el juez de instrucción de Ceuta que tramitaba la querella contra Sevillano por injurias y calumnias omitió toda referencia a la sentencia que había exculpado a la limpiadora de un delito de robo nada menos que con fuerza y por el que el fiscal pedía dos años de cárcel. La jueza que absolvió a Soumaya expone en su resolución tantos ejemplos de las “incongruencias” y “dislates” de Sevillano que solo hay sitio aquí para los más relevantes.
Por ejemplo, según Sevillano –que no ejerció como acusación particular ni recurrió la sentencia absolutoria como tampoco hizo la Fiscalía– le habían robado de la caja fuerte lo que sigue: un prendedor de rubíes y topacios formando la bandera de España, un broche de oro con el escudo de la Legión, un Rolex de caballero de oro que había pertenecido a su marido y algunos otros abalorios del mismo metal.
Pero, aunque eso no aparece en el atestado policial y sí en la sentencia, dentro de la caja fuerte quedaron en cambio incólumes joyas de más valor: collares de perlas, piezas con brillantes y esmeraldas. Y dinero intacto: exactamente 3.000 euros en billetes según lo que Ana María Sevillano respondió ante la pregunta de infoLibre sobre cuánto había allí. La criada –y así lo ratifica su antigua jefa– nunca tuvo llaves de la casa. Pero –y a ello se aferra– sí podía haber conseguido la de la caja fuerte, que la dueña del piso guardaba en un cajón con sábanas, remacha ella misma al igual que hizo durante el procedimiento judicial. Soumaya asegura, y así lo relata la jueza en su sentencia, que nunca se quedó sola en la casa. Y que jamás supo de la existencia de una caja fuerte dentro de un armario.
Otro ejemplo de las contradicciones que destapa la juez que dictó la sentencia absolutoria para Soumaya: la denunciante afirmó que había detectado el robo al regresar de un viaje el 29 de julio de 2018. Pero resulta que la denuncia había sido interpuesta justo un mes antes.
Y algo más: Sevillano sostuvo y sostiene que quien llamó a la Policía fue el cerrajero al que avisó para cambiar la cerradura de la caja fuerte al descubrir aquel robo enfundado en misterio. El cerrajero, del que Sevillano "no recuerda el nombre” –eso dice la sentencia–, fue el gran ausente del juicio: no declaró. Quien lo certifica es de nuevo la jueza que absolvió a Soumaya. Los dos policías que comparecieron como testigos coincidieron en que fue la señora y no el cerrajero quien denunció el robo. También eso se lee en la sentencia.
La resolución absolutoria desmenuza este otro “dislate”: la denunciante mantuvo que Soumaya llevaba “unos cuatro años” trabajando para ella. Pero “afirma contradictoriamente que sí recuerda que trabajaba con ella cuando vivía su marido, hace unos siete años”.
Eso "lo dedujo la Policía"
Aunque la propia Sevillano sigue a día de hoy en su tesis inicial, fuentes jurídicas cercanas a la viuda mantienen que no fue ella quien señaló con el dedo a la criada como autora del robo sino que “lo dedujo” la Policía. Pero de la lectura del atestado policial y su ampliación, fechados el 27 de junio y el 2 de julio de 2018, se infiere algo distinto: “La denunciante –señalan ambas notas– sospecha que el autor del hecho ha tenido que ser una empleada de hogar que venía un día por semana a trabajar a su domicilio llamada Soumaya”. Soumaya asegura que durante buena parte de los años había trabajado en casa de la denunciante todos los días y no solo uno.
Fue la propia exviceconsejera ceutí de Relaciones Institucionales bajo el Gobierno de Jesús Fortes (PP) la que este lunes cuantificó en 3.000 euros los billetes que guardaba en la caja fuerte en un sobre –detalla– con documentos varios. ¿Y cómo es que no se llevaron los billetes si es más fácil gastar dinero en metálico que vender joyas robadas?, le preguntó este medio. “Eso no se lo llevó. Ella no se entretuvo en mirar papeles”, fue su respuesta, en la que sigue señalando a Soumaya. En su denuncia policial, la misma Sevillano había declarado sin embargo que ignoraba si “esta mujer” había estado “llevándose las cosas poco a poco”.
Sevillano no solo niega que dedicara insultos racistas y despectivos a su antigua chica de servicio. Muy al contrario, enfatiza que la trató con respeto y cariño: “Cuando llegó a mi casa -sostiene por teléfono- y me dijo que su madre estaba enferma, lo primero que hice fue meterle en un carrito de la compra un televisor para su madre. Ella vivía como una reina”.
"Me lo dijo un funcionario"
Ella, claro, es Soumaya. Y, según Sevillano, no legalizó su situación laboral porque “un funcionario" le dijo que no podía dado que "ya estaba asegurada" por otro empleador a quien también prestaba servicios de limpieza. Quién era ese supuesto funcionario nunca se supo. Sevillano no aportó nada capaz de frenar el expediente sancionador por vulnerar la legislación laboral. Pero ella –argumenta– no tuvo responsabilidad en aquel agujero de años sin cotizar por su empleada: "Como yo voy al inspector de la Seguridad Social y me dice que no me preocupara, pues me fui tan tranquila".
Respecto a la conclusión judicial sobre las flagrantes contradicciones en que incurrió Sevillano, fuentes cercanas a Sevillano y a las que infoLibre informó de los documentos obtenidos sobre este caso subrayaron lo que sigue: “No es lo mismo la memoria de alguien de 30 años que la de una persona de más de 70”. Este periódico envió a la fuente sus declaraciones literales para evitar errores de transcripción. Esta vez no hubo ya respuesta.
Si lo que viene a continuación se narrase sin datos sobre cuándo, dónde y cómo sucedió, cualquiera pensaría de inmediato en Alabama. En algún pueblo del turbio Sur de EEUU que muestran películas y novelas donde culpar a una criada negra de robo la habría condenado de inmediato a una vida más miserable aún. Pero lo que sigue no empezó ni acabó en Alabama ni pasó en los años de la segregación racial consagrada por ley. El escenario fue Ceuta.