La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, afronta estos días la mayor crisis de su mandato hasta la fecha. La salida de Ignacio Stampa de la Fiscalía Anticorrupción hace ahora un año ha golpeado en el Ministerio Público después de que él mismo haya acusado a la propia Delgado y su equipo de maniobrar para que la investigación que se había abierto en su contra se dilatara en el tiempo para que no se le asignara la plaza fija a la que se había postulado. Y ahora, la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), que no dio su apoyo a Stampa en octubre de 2020, exige más explicaciones y promete dar la batalla.
La tensión que se venía masticando en las últimas semanas a raíz de que Stampa presentara en el Ministerio de Justicia una demanda de reclamación patrimonial ha estallado este miércoles en la reunión del Consejo Fiscal, donde han quedado patentes las diferencias entre sectores y también los apoyos con los que cuenta la fiscal general así como sus detractores. Del lado de Delgado, los representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF); del otro, la AF. Ninguna de las dos asociaciones dio su apoyo al exfiscal anticorrupción hace un año, pero ahora la división es notoria.
Los primeros consideran suficientes las explicaciones que han ido dando el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García –mano derecha de Delgado–, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre la investigación a Stampa del año pasado y el devenir del caso Villarejo tras la salida de este fiscal.
Ambos habían sido convocados por Delgado, ya que no son miembros del Consejo Fiscal, y el segundo ha sido muy claro: la macrocausa que tiene como principal investigado al comisario José Manuel Villarejo no se ha visto perjudicada en este año y, aunque no ha vertido ni una mala palabra hacia Stampa, sí ha destacado que su sustitución ha sido "ventajosa". Algo que ha argumentado porque las causas se han asignado a tres fiscales con los que está muy satisfecho y porque además cumplen el perfil de reserva y discreción que se exige a cualquier fiscal que ha de abordar investigaciones tan sensibles, según han informado a infoLibre fuentes presentes en la reunión.
Asistentes al Consejo Fiscal interpretan de estas palabras que Luzón ha dejado patente de forma sutil que en los tiempos en que Stampa era uno de los investigadores del caso Villarejo no se estaban cumpliendo esas condiciones que, para el fiscal jefe, son fundamentales para ejercer la representación del Ministerio Público en una causa de corrupción. Luzón ha mencionado que el mantenimiento del otro fiscal de la causa, Miguel Serrano, fue un acierto y también que Stampa era perfecto conocedor, por su participación en el caso, de que las afirmaciones del comisario en el sentido de que tenía una especial relación con Dolores Delgado u otros miembros de la Fiscalía no eran ciertas.
La asociación mayoritaria quiere la documentación
El asunto de Stampa, que desde hace un año ejerce en la Fiscalía Superior de Madrid, ha copado unas tres horas de la convocatoria del Consejo Fiscal de este miércoles. Era el segundo punto del orden del día, pero se ha alargado por la cantidad de intervenciones que ha suscitado, según las fuentes consultadas. Tras oír a García y Luzón, la AF ha emitido un comunicado en el que sigue manifestando su "preocupación" por las circunstancias que rodearon la investigación a Stampa y las acusaciones de éste acerca de supuestas maniobras de la fiscal general y su entorno para alargar las pesquisas. Las explicaciones que han dado el número dos de Delgado y el fiscal jefe Anticorrupción no le parecen suficientes y denuncia que la fiscal general les ha negado el acceso a la documentación que reclaman para aclarar las dudas que Stampa ha generado con su demanda.
"Nos vemos pues obligados a reproducir dicha petición por escrito. Entendemos que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas, por lo que exigimos una respuesta expresa, razonada y no restrictiva, al tratarse una petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones", ha manifestado la asociación. Fuentes del Consejo Fiscal han indicado que esos documentos se han exhibido durante la reunión, pero no repartido entre los presentes.
La AF también reprocha a la fiscal general que se haya negado a informar en la reunión –por ser "materia reservada"– si el despacho de su pareja, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, defiende a investigados en el caso Villarejo. Es sobradamente conocido que el bufete Ilocad representa a dos de los imputados, dos exmandos de la llamada policía patriótica, incluido el exjefe de la misma Eugenio Pino. Los vocales de la asociación querían que Delgado se pronunciara sobre este hecho.
El origen, una querella de Vox
El origen de toda esta crisis en la Fiscalía General del Estado se remonta a principios del verano de 2020, cuando se empezaron a publicar en varios medios conversaciones de chat del equipo legal de Podemos, que es acusación popular en el caso Villarejo, en las que se sugería una colaboración con los fiscales Stampa y Serrano. Esto derivó en una querella de Vox contra Stampa que la Secretaría Técnica remitió a la Fiscalía Superior de Madrid porque es la competente para investigar a aforados.
En la denuncia se planteaban posibles filtraciones a Marta Flor, abogada del partido morado, sobre cómo debían actuar en la acusación por el robo de una tarjeta de memoria a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias. De los mensajes que la letrada compartió en el chat se podía interpretar que podría haberse cometido un delito de revelación de secretos por parte del fiscal.
Stampa denuncia que desde la Secretaría Técnica se demoró el archivo de las actuaciones para que la investigación siguiera abierta cuando el Consejo Fiscal debía reunirse para decidir si le daba su apoyo para acceder a una plaza fija en Anticorrupción. Las pesquisas, efectivamente, siguieron abiertas todo ese tiempo, Stampa no obtuvo ningún voto en el Consejo Fiscal –aunque su pronunciamiento no es vinculante– y Delgado no propuso su nombramiento. La causa se acabó archivando en febrero de 2021 al no hallarse ningún indicio que sustentara la acusación contra el fiscal.
Diligencias para completar la investigación
Desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado defienden otra versión muy distinta, y así lo ha manifestado Álvaro García a los vocales del Consejo. Según ha explicado, las diligencias siguieron abiertas porque tras las dos propuestas de archivo que recibieron de la Fiscalía de Madrid se consideró que hacían falta más indagaciones, como las citaciones de Miguel Serrano y José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, como testigos. O la incorporación del chat del equipo legal del partido morado para conocer la totalidad de los mensajes a valorar, cosa que al final se descartó porque sería una interferencia en la relación abogado-cliente.
El número dos de Delgado sugirió alargar la investigación sobre Stampa cuando la Fiscalía de Madrid quiso archivarla
El Ministerio Público recuerda que la Secretaría Técnica no puede ordenar nada en casos así, por lo que sólo se sugirieron pasos a dar para completar la investigación y en la mayoría de los casos la Fiscalía de Madrid los aceptó, aunque en otros no los consideró necesarios.
En todo caso, desde la Secretaría Técnica han negado que tras la petición de seguir adelante con la investigación a Stampa estuviera la intención de Delgado de sacarle del caso Villarejo. Según han destacado, la fiscal general podía proponer para las plazas a cubrir los nombres que le pareciera, con o sin diligencias abiertas, pues los puestos de Anticorrupción que estaban en liza son discrecionales, y han añadido que si la acusación es que se quería perjudicar la marcha de un caso, esto no se sostiene, ya que, como se ha visto, la causa no se ha visto perjudicada. Más bien al contrario, añaden: se han abierto más piezas separadas y está en marcha el primer juicio.
Sobre los escritos que intercambiaron García y el entonces fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, acerca de las diligencias a practicar en la investigación contra Stampa, en la Secretaría Técnica recuerdan el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece la dación de cuentas a la Fiscalía General en los casos de especial trascendencia o relevancia y ponen como ejemplo que en 2020 hubo alrededor de cincuenta comunicaciones de este tipo por toda clase de asuntos, que pueden ser por escrito, por mensaje o por teléfono. El caso de Stampa, dicen, fue uno más de estos y Dolores Delgado, remarcan, no intervino en ningún momento.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, afronta estos días la mayor crisis de su mandato hasta la fecha. La salida de Ignacio Stampa de la Fiscalía Anticorrupción hace ahora un año ha golpeado en el Ministerio Público después de que él mismo haya acusado a la propia Delgado y su equipo de maniobrar para que la investigación que se había abierto en su contra se dilatara en el tiempo para que no se le asignara la plaza fija a la que se había postulado. Y ahora, la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), que no dio su apoyo a Stampa en octubre de 2020, exige más explicaciones y promete dar la batalla.