Los límites de la libertad de expresión vuelven a estar bajo la lupa desde que, hace unos días, se hizo pública la condena a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo al cantante César Strawberry. Su caso no es el único que, en los últimos meses, es objeto de la polémica: las actuaciones judiciales contra los titiriteros contratados por el Ayuntamiento de Madrid; contra la portavoz de este consistorio, Rita Maestre; o contra el concejal Guillermo Zapata también han generado controversia.
La noticia saltó este jueves, cuando el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia por la que condena a un año de prisión a Strawberry por un delito de enaltecimiento del terrorismo a causa de varios tuits publicados entre noviembre de 2013 y enero de 2014 en los que mencionaba, a José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por ETA, o a la banda terrorista GRAPO, al rey emérito Juan Carlos I o al dirigente socialista Eduardo Madina, también víctima de ETA. Según el juez, los mensajes de Strawberry "alimentan el discurso del odio", "legitiman el terrorismo" y obligan a la víctima "al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano".
El caso de Strawberry, no obstante, no es el único que ha puesto en cuestión la libertad de expresión en los últimos meses. El concejal Zapata también fue juzgado por enaltecimiento del terrorismo a causa de varios chistes sobre el Holocausto e Irene Villa, también víctima de ETA, mientras que Maestre se tuvo que sentar en el banquillo por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Aunque ambos fueron finalmente absueltos –al igual que los titiriteros, también acusados de enaltecimiento del terrorismo y de un delito de incitación al odio, en noviembre–, sus procesos han abierto un debate sobre si existe un aumento de las restricciones a la hora de ejercer la libertad de expresión.
"Yo creo que, sin ninguna duda, existe un nexo de unión entre los casos: detrás de todos ellos está una limitación de la libertad de expresión". Quien se pronuncia así es Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, que explica que los procesos de Strawberry, Maestre, Zapata o los titiriteros se encuadran "en un clima generalizado que procede de la limitación de libertades públicas" potenciado en la legislatura que tuvo lugar entre 2011 y 2015, en la que el PP disfrutó de mayoría absoluta.
No obstante, la experta –que no duda en atribuir parte del problema a la politización de instancias como la Fiscalía– señala que existen diferencias entre los casos de Strawberry o Zapata y el de Maestre. En los dos primeros, sostiene, lo que se discutía era la aplicación de un tipo –el enaltecimiento del terrorismo– que castiga el elogio hacia los actos terroristas o sus autores o el desprecio u ofensa públicos a sus víctimas. Valero explica que este tipo fue instaurado en el año 2000, y que estaba diseñado "para un momento histórico muy concreto" en el que la prioridad era la lucha contra ETA.
A este respecto, la experta advierte de que desde el cese del terrorismo de la banda "se han multiplicado por cinco los juicios" que se llevan a cabo por esta acusación, lo que, a su juicio, apoya su tesis de que el retroceso de las libertades públicas es generalizado y no se reduce a casos aislados. A todo ello se le suma, señala Valero, que en 2015 aumentaron las penas previstas para el enaltecimiento del terrorismo a causa de un acuerdo entre los partidos firmantes del pacto antiyihadista: de 1 a 2 años de prisión se pasó a 1 a 3 años en la pena básica, aunque las condenas en base a este delito pueden ser de hasta cuatro años y medio de prisión si los hechos resultan ser "idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella".
En el caso de Maestre, por el contrario, la acusación era de ofensa a los sentimientos religiosos, un tipo penal con mucha más antigüedad en la legislación española que, para Valero, es "de dudosa constitucionalidad". "El Consejo de Europa ya dijo en una resolución del año 2006 que ni la blasfemia ni la ofensa a los sentimientos religiosos deberían estar en los códigos penales", explica la constitucionalista, que señala que esos tipos no son útiles para "proteger el derecho a la libertad religiosa".
La "interpretación" de los jueces, más restrictiva
Por su parte, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, coincide con Valero en que existe relación entre los casos de Zapata, Maestre, Strawberry o los titiriteros, pero niega que exista un "repunte" de la persecución a este tipo de delitos. "Siempre han existido este tipo de casos", señala Urías, que sin embargo afirma que el principal cambio ha sido, en los últimos años, la "interpretación" que hacen los jueces de los delitos de odio y también la aparición de las redes sociales. Y es que, explica, el hecho de que "lo que antes se decía en la barra del bar ahora se diga en Twitter" hace susceptibles de ser considerados punibles muchos más mensajes, porque se considera que las redes sociales los amplifican al público en general en lugar de relegarlos al ámbito privado.
El Constitucional ampara a César Strawberry, condenado a un año de prisión por enaltecer el terrorismo
"Todos estos casos se presentan como una persecución al fomento del odio, como ha ocurrido en el caso de Strawberry", plantea a este respecto el constitucionalista, que señala que este tipo de delitos son especialmente sensibles a la interpretación que de ellos haga el juez. "Ahora se intentan castigar expresiones que socialmente se consideran intolerantes", dado que los jueces "han pasado de ponderar entre el delito y la libertad de expresión a dar mucho más peso a la posibilidad de haber cometido un delito de odio".
Según Urías, este cambio de criterio se debe en parte a la presión social que ejercen, paradójicamente, algunos grupos progresistas. "Por poner un ejemplo: uno de los grupos que más pide que se endurezcan las penas a quien niegue el Holocausto es el Movimiento contra la intolerancia", asevera el exletrado, que afirma que esta misma lógica termina aplicándose por parte de algunos jueces a casos como los de Strawberry. Y es que, sostiene, como es inviable establecer de forma estricta la línea entre lo que genera odio y lo que no, definirla "queda a la interpretación" del magistrado.
"A mi juicio, perseguir a quien hace chistes de Carrero Blanco tiene la misma lógica a nivel judicial que perseguir a un tipo que cante el Cara al Sol", ejemplifica Urías, que señala que, por reprobables que sean moralmente sus actitudes, "la libertad de expresión debería amparar a un loco que salga justificando el terrorismo de ETA o a otro que mantenga actitudes machistas" en público.
Los límites de la libertad de expresión vuelven a estar bajo la lupa desde que, hace unos días, se hizo pública la condena a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo al cantante César Strawberry. Su caso no es el único que, en los últimos meses, es objeto de la polémica: las actuaciones judiciales contra los titiriteros contratados por el Ayuntamiento de Madrid; contra la portavoz de este consistorio, Rita Maestre; o contra el concejal Guillermo Zapata también han generado controversia.