Castilla-La Mancha mantiene cerradas once residencias de mayores por falta de fondos

Once municipios de Castilla-La Mancha cuentan con edificios construidos con dinero público y habilitados para funcionar como residencias de mayores que nunca se han llegado a inaugurar pesar de que las obras finalizaron hace varios años, algunas incluso se remontan a 2009. Las instalaciones están preparadas para dar servicio a 590 ancianos. Esta situación contrasta con el hecho de que en diciembre de 2013 (últimos datos disponibles), había en la comunidad 1.674 personas a las que se les había reconocido su derecho a tener una plaza de pública en un geriátrico y que aún así seguían esperando por ella. En junio de 2011 eran 3.079, un 46% más, según apuntan en la Consejería de Sanidad castellano-manchega.

Para la edificación de estos centros, el Gobierno regional, en algunos casos con colaboración de las diferentes diputaciones, desembolsaron alrededor de 52 millones de euros, según una estimación de este diario con información aportada por alcaldes y concejales de los ayuntamientos de las localidades afectadas. Las ahora residencias fantasma estás situadas pequeños municipios que no cuentan con otra infraestructura similar como Vianos, Lezuza, El Ballestero, Molinicos, Priego, Cañete, Villafranca de los Caballeros o Noblejas, pero también en ciudades más grandes como Mora, Illescas y la capital, Toledo. 

La raíz de este despilfarro de recursos públicos está en la crisis económica y las limitaciones al gasto público, pero también en un lío competencial que tiene como principal protagonista al Gobierno de Castilla-La Mancha, ahora liderado por la también secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Todos los geriátricos comenzaron a construirse en la última legislatura socialista al frente del Ejecutivo castellano-manchego bajo la presidencia de José María Barreda. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) impulsó la construcción de los edificios, aunque su edificación fue cofinanciada en algunos casos con las diputaciones provinciales. Los ayuntamientos, por su parte, contribuyeron cediendo el suelo sobre el que se levantaron las residencias. Los planes del Ejecutivo regional pasaban por, una vez acabadas las obras, sacar a concurso la provisión de equipamiento y mobiliario y, a continuación, la gestión, que iba a correr a cargo de empresas o fundaciones privadas. Es decir, se iba a optar por un modelo mixto de dirección pública y provisión de servicios privada. Como en cualquier geriátrico público de la comunidad, estaba previsto que los potenciales usuarios contribuyeran con un 75% de su pensión. 

Sin embargo, entre tanto, llegaron las elecciones. Y un vuelco electoral, pues el PP ganó con mayoría absoluta en los comicios de mayo de 2011. Tras tres años al frente del Ejecutivo, el Gobierno de María Dolores de Cospedal se niega a abrir los edificios e intenta escurrirse el bulto de las acusaciones de la oposición de despilfarro de recursos por mantener cerradas unas instalaciones que ya están construidas. Un portavoz de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional aseguró a infoLibre que "todas esas residencias, excepto una [no explicó cuál a pesar de que la insistencia de este diario] son de propiedad municipal, promovidas con dinero de los ayuntamientos y con subvención concedida por el anterior Gobierno de la Junta". Asimismo, añadió que la Junta "tiene la competencia de financiar las plazas establecidas en la ley de servicios sociales o las de dependientes pero no tiene obligación de hacerse cargo de los inmuebles construidos por los ayuntamientos, de titularidad municipal, aunque la Junta financiara en parte su construcción".

Aunque el Gobierno de Cospedal ha revertido recientemente la titularidad de las residencias a algunos de los Ayuntamientos afectados –es el caso de Lezuza y Molinicos– no es cierto que los consistorios fueran los titulares en origen. Lo que sí hicieron los alcaldes en su momento fue ceder a la JCCM los terrenos para favorecer las construcciones. Y a esa cesión de terrenos es a la que se acoge el Ejecutivo del PP para justificar que las residencias no son de su competencia y que, por tanto, no tiene obligación de abrirlas.

"Despilfarro y desatención" 

Para Guadalupe Martín, diputada socialista por Toledo y ex delegada de Bienestar Social con el anterior Ejecutivo, es "triste" que el Gobierno de Cospedal reconozca que hay 1.674 personas en lista de espera "mientras tiene residencias finalizadas que está sin abrir". Y dice que es una evidencia más del "despilfarro" y la "desatención a la dependencia" que, a su juicio, caracteriza a esta Administración. Sobre este punto, el citado portavoz de la Consejería de Sanidad se limita a decir que "durante esta legislatura desde la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependencia se está realizando un excelente trabajo para reordenar y redistribuir el mapa de recursos residenciales" y a recordar que este departamento "destina cada día tres millones de euros a pagar intereses y el principal de la deuda generada por el Gobierno anterior".

Más allá de las razones que dan unos u otros, la realidad es que estos pueblos siguen sin poder ofrecer este servicio a sus ciudadanos a pesar de tener una instalación construida. Y, por el momento, las únicas residencias de las que se han pronunciado el Gobierno regional son la de Mora e Illescas (Toledo), donde gobierna el PP. En junio de 2013 el delegado de la JCCM en Toledo anunció que el Gobierno regional sacaría a concurso en 2014 la gestión de la residencia de Mora, cuya edificación acabó en la primavera de 2011. Costó 15.012.000 euros. Sin embargo, un año después de ese anuncio, el proceso de licitación todavía no se ha abierto. Este diario intentó sin éxito en reiteradas ocasiones conocer la versión del consistorio respecto al estado del edificio o los planes que la administración regional tiene para él. La respuesta fue que el equipo de Gobierno estaba muy atareado con la campaña electoral para las elecciones europeas de este domingo.

José Manuel Villarubia, exalcalde de Mora y actual concejal del PSOE, asegura que la construcción del geriátrico fue uno de los grandes logros de su etapa de gobierno. Y lamenta la nula voluntad que ve en el actual Gobierno regional. "Lo hemos pedido por activa y por pasiva, hemos recogido firmas... Este hecho es sólo un ejemplo más de que el PP no tiene un proyecto sólido geriátrico residencial público". Tampoco atendió la petición de información de infoLibre ningún miembro del equipo de Gobierno de Illescas (Toledo), donde hay otra residencia con centro de día construida desde 2011 que todavía no se ha abierto al público a pesar de que, según la oposición socialista, "estaba totalmente terminada y equipada, a falta tan sólo de abrir las puertas, cuando el PP llegó al Gobierno regional en 2011". Según informó La Tribuna de Toledo en octubre de 2013, el Consejo de Gobierno autorizó entonces un gasto de cerca de un millón de euros para la puesta en marcha del centro, aunque a día de hoy todavía no ha abierto sus puertas. "No sabemos en qué se ha gastado ese dinero por que no ha habido obras ni se ha abierto la residencia", señala José Manuel Tofiño Pérez, portavos socialista en el pueblo. 

En Toledo, el Gobierno regional invirtió 8,6 millones de euros en reformar la residencia de maycuencia es la queores Hospital del Rey, ubicada en el casco antiguo de la ciudad, muy cerca de la Catedral. Llevaba treinta años funcionando y necesitaba una reforma, cuenta Rafael Perezagua, segundo teniente alcalde y portavoz del equipo de Gobierno. En las obras restauración del edificio se emplearon casi tres años –acabaron en la primavera de 2011–, pero todavía no ha vuelto a abrir sus puertas. "El personal se llevó a otras residencias y no hay previsión de apertura. La consecuencia es que la zona del casco histórico de Toledo se ha quedado sin ningún recurso asistencial para personas mayores porque se ofrecía el servicio de residencia pero también el de centro de día", lamenta Perezagua. 

Inviable para los ayuntamientos pequeños

José González Osuna es el alcalde socialista de Molinicos (Albacete). Aunque su pueblo es uno de los que aceptó que se revirtiera la titularidad al Ayuntamiento, es consciente de que no podrá ponerla en marcha sin la ayuda de la Junta. "Para nosotros sería una ruina. Cada plaza tiene un coste de 1.400 euros al mes por persona. Sabemos que muchos de nuestros ancianos tienen pensiones muy bajas y con ellas no podrían cubrir ni un tercio de lo que cuesta. Asumir ese margen sería imposible para el Ayuntamiento. Es inviable", lamenta. 

Una opinión similar expresa María José Zamora, alcaldesa de Lezuza, también del PSOE. La gestión de la residencia de su pueblo y de las de Vianos y El Ballestero, todos en la provincia de Albacete, salió a concurso en abril de 2011 a pesar de que la de Lezuza se acabó de edificar a finales de 2009. Se trata de pequeños edificios pensados para atender a 20 ancianos y por eso se ideó una licitación conjunta para que fuera la misma empresa la que gestionara las tres y así hacer la concesión más atractiva.

El geriátrico de Priego, en la provincia de Cuenca, cuyas obras acabaron en 2011, fue edificado gracias a un convenio de colaboración suscrito entre la Consejería Salud y Bienestar Social y la Diputación. Supuso una inversión, sólo en la obra civil, de 3,5 millones de euros, que fueron aportados en un 60% por el Gobierno de Castilla-La Mancha y el resto por la institución provincial, según informó Europa Press. En Cañete (Cuenca), explica su alcalde, el socialista Antonio Asensio, la residencia se construyó con un 40% de fondos del Gobierno regional y un 60% de la Diputación. El pueblo cedió los terrenos. Asegura que al edificio no le falta "de nada" y que sigue bajo tutela del Gobierno regional. "Es un problema de voluntad. Hay personas de nuestro pueblo que están en centros a 100 kilómetros de aquí teniendo una residencia en el pueblo que costó 3,9 millones de euros. Eso es despilfarro", asevera. 

Pasados los años, hay quien se pregunta si fue buena idea hacer pequeñas residencias en municipios de pocos habitantes. "Quizá no fue una estrategia tan buena, pero es verdad que infraestructuras como esta son unas de las pocas esperanzas que tienen nuestros pueblos para sobrevivir. Suponen servicios para nuestros mayores y trabajo para nuestros jóvenes", sentencia González Osuna, alcalde de Molinicos.