Catástrofe en Valencia: una alerta con horas de retraso y la sombra del recorte de los servicios públicos

España está en estado de shock y consternada por la tragedia provocada por el temporal, especialmente en Valencia. La dana ha dejado al menos 158 fallecidos en el país, sin cálculos del número todavía de desaparecidos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de emergencias trabajan sin descanso mientras se producen las muestras de solidaridad y dolor de toda la sociedad y de la comunidad internacional.

Las administraciones llaman en estos momentos a la unidad y al trabajo conjunto, pero también surgen algunas dudas, expresadas por algunos políticos y en las redes sociales, sobre la gestión en materia de avisos por parte de la Generalitat Valenciana y el mantenimiento de los servicios públicos para hacer frente a fenómenos meteorológicos de esta magnitud.

En el centro del debate público está en por qué se envió tan tarde por parte de la Generalitat el aviso a la población para extremar la precaución. Según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la AEMET declaró alerta roja a las 7.31 de la mañana del martes para la provincia de Valencia y a las 15 horas la comunidad subió al nivel dos para la comarca de Utiel, Requena y La Plana. A las 19.17 la Generalitat eleva al nivel dos también para la provincia, y un poco más tarde, a las 20 horas, se mandó el mensaje. Hasta las 20.36 no se recibió por parte del Gobierno la solicitud del Ejecutivo autonómico para la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A esto se suma, que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar en su red social X alertó a lo largo de la mañana que ya había “barrancos desbordados en el entorno de Manuel y crecida considerable del río Albaida”. La competencia para el aviso a la población sobre emergencias recae en el servicio 112 de la Generalitat, una materia que se recoge en el propio Estatuto de Autonomía de la comunidad. Pero esa alerta no empezó a mandarse hasta las 20 horas, cuando llevaban horas desbordados varios barrancos.

El propio presidente valenciano, Carlos Mazón, dijo en rueda de prensa el martes en el Palau de la Generalitat sobre las 13 horas: “Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca por lo que se espera que en torno a las 18.00 disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana”.

La explicación de los servicios de emergencias

Desde el Gobierno central no se ha querido entrar en una batalla sobre la actuación de la Generalitat, ni tampoco por parte de Compromís, pero se ha alertado de que ya habrá tiempo de pedir explicaciones. En cambio, las autoridades valencianas defienden su modo de actuación. El jefe de Bomberos indicó que los procedimientos de avisos a la población por los sistemas que se han utilizado "están regulados y son protocolarios". "Es decir, no se pueden lanzar así como así, tenemos que pensar que estos avisos llegan a miles de personas y que una mala manipulación de esta información puede generar el efecto contrario al que se está pretendiendo", argumentó este miércoles ante la prensa.

Además, indicó que el servicio se ajustó "a las variaciones de esa emergencia emitida por los organismos responsables, en este caso AEMET, en las horquillas horarias en las que ha marcado que esto iba a ocurrir". En cambio, la indignación es patente entre alcaldes de las zonas afectadas por la manera en la que se está gestionando la crisis, según fuentes municipales consultadas por infoLibre.

El Gobierno central ha decretado tres días de luto, a partir de este jueves, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se traslada este mismo día a Valencia. En la próxima reunión del Consejo de Ministros, que se celebrará el martes como es habitual, se declararán las zonas afectadas como catastróficas, pero ya se puede empezar a solicitar ayudas en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Al menos 92 personas han fallecido por causa de la dana. En Valencia cayeron durante el martes 445,4 litros por metro cuadrado, la mayor cifra registrada en 24 horas en esta región desde el 11 de septiembre de 1966, cuando se acumularon 520 l/m2 en Tavernes de la Val. Además, las lluvias torrenciales que azotan Castilla-La Mancha han provocado ya dos muertes, una en Mira (Cuenca) y otra en Letur (Albacete). Se ha contabilizado otra muerte en la provincia de Málaga.

El desmantelamiento de la UVE

La tragedia también ha situado en el primer plano político el desmantelamiento de servicios públicos para hacer frente a estos episodios extremos y los cambios provocados por el cambio climático. Durante estas horas, políticos de diferentes partidos han recordado que una de las primeras decisiones que tomó Mazón al llegar a la Generalitat, gracias a un pacto con Vox, fue eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias.

La UVE había sido creada en febrero de 2023, pocos meses antes, por parte del Gobierno del PSPV y de Compromís que pilotaba entonces Ximo Puig. Se trataba de crear un cuerpo similar a la UME pero con carácter autonómico para la rápida intervención en casos de emergencias y temporales. A su llegada al Ejecutivo, Mazón y el PP vendieron su derogación como uno de sus grandes avances: “Es el primer paso de la reestructuración del sector público empresarial anunciada por el Gobierno valenciano”.

En noviembre del año pasado, con el nuevo Govern se dictó un decreto por vía de urgencia para eliminar este servicio público. Se encargó de ello la entonces consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, que formaba parte del ala de Vox. La política de ultraderecha despachó así la derogación: “Empezamos a solucionar un problema, ya que la UVE es un proyecto que añade más complejidad a la gestión de las emergencias en la Comunidad Valenciana, una nueva ocurrencia para tapar carencias enormes en esa gestión y que castigaba un sector harto de malas decisiones".

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Los diputados socialistas José Zaragoza y Luisa Sanz reprocharon este miércoles a Mazón su decisión con mensajes en X como: “Los gobiernos que suprimen las unidades de emergencia impiden que la administración pública desarrolle su función de ayuda al ciudadano”. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también señaló la “responsabilidad política de los gobiernos que desmantelan servicios como las unidades de emergencia”. Asimismo, la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, indicó que la supresión de la UVE “perseguirá a Mazón el resto de su mandato: lo público salva vidas y desmantelarlo es ponerlas en riesgo”. Podemos también ha exigido responsabilidades por la gestión de la catástrofe.

La catástrofe también impactó en el debate en el Congreso a lo largo del miércoles. La sesión de control se interrumpió tras formular el PP sus preguntas a la vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, a las que pidieron explicaciones sobre supuestos casos de corrupción y de violencia machista por parte de Íñigo Errejón. A petición del PP, el PSOE y Compromís se suspendió esa parta del Pleno, aunque se mantuvo el debate sobre RTVE (los grupos de la investidura argumentaron que no se puede limitar la actividad legislativa a pesar de la situación de drama).

Minutos después de haber acusado al Gobierno de corrupción y de encubrir el caso Errejón, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció ante la prensa en el Escritorio del Congreso para lanzar al Gobierno su “bajeza moral” y su “actitud despreciable” por mantener esa parte de la sesión plenaria. Por la tarde se trasladó a Letur (Albacete), donde visitó la zona junto a Emiliano García-Page y no se trasladó a Valencia. Desde el Gobierno central no se quiso entrar a contestar al líder de la oposición  y el PSOE indicó que no va a hacer “declaraciones políticas” durante los tres días de luto.