La Fiscalía eleva hasta 56 millones lo que defraudó el rey emérito
El decreto de la Fiscalía que libra por completo al rey emérito de una querella cifra en hasta 56,097 millones de euros lo que defraudó en solo cinco años, de 2008 a 2012. Pero la elevadísima cuantía, superior a la que un pueblo de 63.000 habitantes como La Línea de la Concepción dispondrá en sus presupuestos municipales en todo un año, en nada afectará al padre de Felipe VI.
Cuatro años de ese quinquenio han prescrito a efectos de delito fiscal. Y la inviolabilidad aducida por Anticorrupción le salvan de que se le atribuya en el último año de la serie antes enunciada: 2012, en que habría defraudado 561.059 euros por IRPF.
Los 56.097.616 euros son la suma de las cantidades que habría ocultado a Hacienda por el impuesto de donaciones y de IRPF. Esa es la primera "hipótesis" de Anticorrupción. La segunda, que no computa el impuesto de donaciones, alcanza los 30,78 millones. Pero de lo que no cabe duda es de que hubo "donaciones" tanto en 2008 como en 2010.
El primero de esos dos años, a Juan Carlos I le regaló 64,8 millones de euros el rey de Arabia Saudí, un país que como recordó el PSOE en enero, aplica la pena de muerte a mujeres y miembros del colectivo LGTBI. En abril de 2020, el sultán de otro país árabe, Bahrein, le regaló 1,4 millones de euros. Esa, dice el decreto, fue la "cantidad al parecer entregada a S.M. D. Juan Carlos por el Sultán de Bahrein, sin que se conozcan más datos". O sea, sin que nadie sepa si fue a cambio de algo que el sultán de Bahrein le hiciera llegar nada menos que 1,4 millones de euros al jefe del Estado de otro país. La Fiscalía considera que no hay ningún indicio de que Juan Carlos I cobrase por sus gestiones para el AVE a la Meca.
Todo lo anterior ha sido posible conocerlo, básicamente, gracias a la información suministrada por Suiza. Pero es aquí donde la Fiscalía introduce un elemento que genera inquietud e interrogantes sobre lo que sucederá en el futuro con los defraudadores que se limiten a ocultar dinero en Suiza: tal como viene a exponer el decreto y han confirmado a infoLibre fuentes de Anticorrupción, la información suministrada por Suiza se convirtió en papel mojado. ¿Por qué? Porque la legislación helvética no contempla el delito fiscal.
Y, según la Fiscalía española, los datos que facilitó Suiza sobre el dinero y la red de intereses del monarca no permitían, aun siendo ciertos, imputarle un delito fiscal. En un lenguaje dirigido a los juristas y otros expertos en la materia, el principal de los dos decretos dictados por Anticorrupción alude a la "reserva de la especialidad" y a los "artículos 67 y 63 de la Ley suiza sobre la asistencia internacional en materia penal de 20 de marzo de 1981". Traducido, eso significa –según la Fiscalía– que la información remitida por Suiza no permitía, aun siendo cierta, imputar un delito fiscal al rey. Otros expertos difieren del diagnóstico. Y creen que sí podría servir para delitos fiscales como antecedentes de blanqueo.
Un clavo ardiendo para los defraudadores
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De lo anterior surge una pregunta: la de si en lo sucesivo servirán de algo las comisiones rogatorias cursadas a Suiza para encontrar pistas sólidas sobre un eventual delito fiscal. Según Anticorrupción, Suiza siempre ha hecho reserva de especialidad para lo que podríamos denominar delitos fiscales digamos puros, es decir, no para evasión fiscal de origen delictivo o blanqueo.
Por si todo esto no fuera suficiente para salvar al rey emérito tras dos años de investigación, la Fiscalía aporta un argumento que expertos consultados por este periódico ven como el clavo ardiendo al que se agarrarán futuros delincuentes fiscales. Y ese argumento es que avisarle tres veces de que se le estaba investigando no puede, bajo ningún concepto, considerarse el motivo de que el rey optase por una regularización fiscal. Esa regularización –sostiene la Fiscalía– fue espontánea.
Por usar una analogía comprensible: ¿qué ocurre si a alguien le notifica la Fiscalía –paso obligado– que se le está investigando por sus relaciones con la mafia siciliana? ¿Procurará el investigado acudir de inmediato a una regularización fiscal para evitar que la justicia española pueda cazarle por ese flanco? Los operadores jurídicos con quienes este jueves habló infoLibre coinciden, al unísono, en que por supuesto así sería. La Fiscalía no lo cree. Y Juan Carlos de Borbón queda libre. Si volverá o no a España y cómo es, todavía, una incógnita. Otra duda es la de cómo afectará este episodio al Eurobarómetro de 2022. En el de 2021, el cuadro sobre la Percepción de la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces entre el público general sitúa a España en el puesto 22. Por detrás solo la superan Italia, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia y Croacia, que cierra la lista [Puedes ver el gráfico pinchando aquí y yendo a la página 61 del pdf].
